La salida de la matriz de Ferrovial de España ha causado malestar en el Gobierno, según ha podido sondear Vozpópuli. Supone la peor noticia que puede recibir un ejecutivo, incluso un Gobierno como el de Pedro Sánchez, de coalición con Podemos, e inmerso, con el propio Sánchez a la cabeza, en una batalla contra las empresas desde el pasado verano. Con ellas intenta confrontar desde la abultada derrota electoral en Andalucía en junio, con un discurso polarizador en el que las sitúa como los poderosos que confabulan contra el Ejecutivo, que se lucran con la crisis y son próximas al PP.

Pero el mensaje que traslada esta salida es muy negativo, máxime cuando se trata de la primera de una gran empresa española -con 18.000 millones de valor bursátil-, no ya de movimientos de empresas de menor entidad que se han llevado fuera parte de su negocio sin que haya trascendido. Y más aún, cuando el Ejecutivo español intenta mantener un discurso económico ortodoxo en foros internacionales y de inversores. Así lo trasladan fuentes conocedoras, que apuntan a la inseguridad jurídica, con cambios legislativos continuos, incertidumbre y hostilidad, como el factor clave de la salida.

Al discurso antiempresarial de Sánchez se han sumado la vicepresidenta primera para Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para justificar los impuestos a banca y energéticas y las subidas del Impuesto sobre Sociedades, como la del 5% a dividendos, el tipo mínimo del 15%, y el alza a grupos consolidados, que se suman a la catarata de alzas fiscales que ha impulsado este Gobierno.

Ferrovial ha apuntado al incremento de la "presión fiscal" como un riesgo para su negocio dentro de su último informe corporativo

Todo lo cual ha elevado la presión fiscal a máximos históricos en 2022, superando el 42% del PIB y situándose por encima del promedio de la UE (41,7%) para 2021, último año para el que se disponen de datos, según ha estimado el IEE. Cuando el esfuerzo fiscal, que tiene en cuenta la diferencia en los niveles de renta relativos de los distintos países, en España es un 52,8% superior al de la Unión Europea, que ya de por sí es bastante elevado en el contexto internacional, muy por encima del de otros países de la OCDE.

Entre los anuncios que ha hecho el Gobierno, se ha llegado a apuntar al Ibex y a las constructoras con un impuesto, según avisó la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en declaraciones a los medios en el Congreso en el Debate sobre el Estado de la Nación el 12 de julio. Podemos intenta además gravar a los súper y a la gran distribución en la línea de impuestos ad hominem que abandera el Ejecutivo de coalición.

Ferrovial alerta del riesgo de una mayor "presión fiscal"

La compañía fundada en Madrid hace 71 años por los Del Pino reconoce el incremento de la "presión fiscal" como uno de los factores de riesgo a escala global. Ferrovial hace esa referencia en su flamante informe de gobierno corporativo dirigido a los mercados. A diferencia del pasado año, la compañía hace explícita en el documento su preocupación por las mayores cargas que tiene que soportar "en un contexto de crisis geoeconómica".

En los ejercicios 2020 y 2021, Ferrovial pagó 749 y 767 millones respectivamente en impuestos en España, el país donde más tributa con un 42% del total, seguido por el Reino Unido con 495 y 644 millones. En cuanto a los impuestos sobre los beneficios, el grupo sufragó 44 millones en nuestro país en 2021, por los 158 millones en total. La matriz, sin embargo, no pagaba Sociedades en España por tener pérdidas.

En sus explicaciones sobre la decisión del inédito cambio de sede, la dirección de Ferrovial ha esgrimido su "internacionalización creciente", toda vez que, a día de hoy, "el 82% de los ingresos y cerca del 96% del valor del grupo proceden de su negocio internacional, al tiempo que más del 90% de los inversores institucionales son entidades internacionales".

En la misma línea, desde la compañía que preside Rafael Del Pino y controla la misma familia fundadora en un 33% inciden en que la maniobra se ejecutará de tal modo que el empleo, la actividad y las inversiones "se mantengan intactos en España" y "sin impacto fiscal relevante". La misma explicación a la que se agarra el Gobierno. Sin embargo, el cambio implica que los accionistas ya no lo serán de una empresa española y dejarán de pagar IRPF e Impuesto sobre la Renta e No Residentes (IRNR) en España.

Sobre los plazos, fuentes de Ferrovial apuntan que el objetivo del Consejo es empezar a cotizar en alguno de los mercados estadounidenses -todavía por definir- en cuestión de "meses", esto es, este mismo 2023, a la par de España y Países Bajos. Aunque podría acceder a los mercados desde España.

Valora el "marco jurídico estable" de Holanda

Sobre Holanda, desde la compañía destacan su "calificación crediticia AAA" y un "marco jurídico estable", además de ser "el país elegido por las compañías con gran presencia en Europa y EEUU" y el que facilitaría "la futura solicitud de cotización en Estados Unidos", donde Ferrovial ve ahora las oportunidades de crecimiento, en especial, en materia de carreteras y autopistas. Así las cosas, ha procedido a la fórmula de una fusión inversa entre Ferrovial SA y Ferrovial Internacional. Esta última es una sociedad neerlandesa que ya es titular del 86% de los activos de la compañía; en el futuro inmediato pasaría a ser su domicilio social, salvo oposición de más del 2,6% del capital.

Raúl Salas, socio de fiscalidad internacional de Roca Junyent, traslada que "la operación de la fusión inversa permite que la sociedad matriz pase a ser residente en Holanda y que el Grupo Fiscal siga tributando como hasta ahora, sin que ello suponga que se realicen plusvalías -si las hubiera- y que tampoco se tenga que tributar por las operaciones realizadas en el pasado en el seno del grupo fiscal. En definitiva, el efecto es el mismo que el de una migración de la matriz sin que ello afecte a la tributación en España del Grupo".

Desinversiones en España

En cualquier caso, la gestión estratégica de la compañía el último año ya venía centrando las inversiones en mercados internacionales como EEUU y Turquía y las desinversiones, en España: dos de las tres mayores ventas de activos fueron en nuestro país.

Por un lado, completó la venta de su división de servicios de infraestructura en nuestro país al fondo Portobello por 175 millones. Paralelamente, se desprendió de otro 15% en la firma de autopistas Ausol por 111 millones a manos del fondo francés Meridiam. La otra gran desinversión fue la venta de Amey, su división de servicios en Reino Unido, que se cerró en diciembre por 265 millones de libras.

La cuenta de resultados de la compañía ha arrojado así un saldo de beneficio neto de 186 millones al cierre de 2022, por los 1.198 millones que se habían alcanzado en 2021. La división que más creció en ingresos fue la de autopistas, un 22%, con especial aporte de las norteamericanas, el mercado donde más potencial de negocio ve la familia Del Pino.

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