Cuando diseñó su ‘operación cuentagotas’, Iván Redondo no contaba en absoluto con el diluvio nacional que se avecinaba el 4-M. Con unos comicios vitales por delante y la Comisión Europea apremiando para conocer el plan de reformas, el asesor de Pedro Sánchez había hallado un punto de equilibrio: la estrategia adecuada para no espantar a los votantes con medidas impopulares, como las subidas de impuestos, sin despertar sospechas en la Comisión Europea.
Todas piezas encajaron… hasta que los madrileños salieron en masa hacia las urnas, para dar una victoria arrolladora a Isabel Díaz Ayuso. No extraña que en Moncloa aún cunda el pesar. “La verdad es que nadie aquí lo esperaba”, confiesan fuentes internas.
Con todos los sondeos -salvo el del CIS- en contra, en Moncloa eran conscientes de que debían pelear por cada voto. De ahí la necesidad de ocultar las malas noticias; o al menos, de postergar cualquier anuncio oficial capaz de herir la susceptibilidad de cualquier potencial votante.
Habría resultado una tarea fácil de no ser por una fecha marcada en el calendario. El 30 de abril se agotaba el plazo para remitir a Bruselas una batería de medidas concretas, necesarias para recibir la primera partida de fondos europeos de recuperación (27.000 millones). Es decir, cuatro días antes de las elecciones madrileñas, el Gobierno debía desvelar los primeros ajustes y sacrificios que está dispuesto a hacer para cumplir con la UE.
La factoría de Iván Redondo diseñó una agenda con tres hitos. Para dar muestras de acción, el propio presidente del Gobierno compareció el martes 13 de abril. Pedro Sánchez presentó ante los medios de comunicación un programa admirablemente maquetado, con 211 páginas más otras 107 en anexos. El plan explicaba la hoja de ruta de la España hacia un futuro mejor y mencionaba 400 veces la palabra “reforma”. Pero lo cierto es que no concretaba prácticamente ni una sola. Y, por supuesto, no contenía ajustes dolorosos en materias sensibles (impuestos, mercado laboral o pensiones).
Por aquellas fechas, algunas sondeos aún dejaban la puerta abierta a una mayoría de izquierdas en la Comunidad de Madrid. Había que dejar correr el tiempo. Por eso el Gobierno agotó los plazos. El viernes 30 de abril envió a la capital belga el Programa de Estabilidad 2021-2024 y el Plan Nacional de Reformas. Pese a la importancia del material, Moncloa decidió que ningún ministro compareciera y se limitó a colgar la información por los canales oficiales. Eso sí, se guardó un documento clave: las 30 fichas que desglosaban y aportaban la información específica sobre las reformas.
La encargada de dar explicaciones sería la vicepresidenta económica, pero no lo haría hasta la mañana del miércoles 5. O sea, al día siguiente de las elecciones autonómicas. Ese mismo día, el Gobierno daría a conocer las fichas con las reformas.
Que Iván Redondo decidiera guardar en el cajón el último documento y posponer cinco días la comparecencia de Nadia Calviño tiene una explicación. A diferencia del libro ‘naíf’ que presentó Pedro Sánchez, los documentos mandados a Bruselas el día 30 sí contenían ya algunas píldoras espinosas. Dado que la información ya no se podía ocultar, a Moncloa no le quedaba otra que retenerla o camuflarla.
Iván Redondo había hallado un punto de equilibrio: la estrategia adecuada para no espantar a los votantes con medidas impopulares sin despertar sospechas en Bruselas
Una de esas 'píldoras' salió a la luz el domingo 2 de mayo. El País informó de que el Ministerio de Hacienda pretendía eliminar el beneficio fiscal que tienen los matrimonios por declarar el IRPF de manera conjunta. El aluvión de críticas obligó al Ejecutivo a dar marcha atrás 24 horas más tarde. Fuentes gubernamentales se apresuraron a aclarar que la medida se encontraba en fase de estudio. Moncloa intentaba apagar el fuego con la misma que manguera que usó tres meses antes, cuando José Luis Escrivá salió a negar que su Ministerio se planteara ampliar el periodo de cómputo de las pensiones.
El Gobierno aguantó el chaparrón hasta la jornada electoral. Pero los resultados del 4-M demostraron que la estrategia de comunicación en materia económica era inútil. Se necesitaba muchísimo más para levantar el animo de los votantes socialistas y parar el vendaval de Ayuso. Con todo, Iván Redondo había logrado su objetivo de retener la información.
El día 5, aún calientes los rescoldos del incendio electoral, con el ánimo por lo suelos en las instalaciones de La Moncloa, Nadia Calviño salió a la palestra para dar explicaciones. Y el Gobierno publicó las 30 fichas aplazadas.
Los documentos no contienen grandes reformas, pero sí algunas medidas puntuales, controvertidas y anti electorales. De entrada, el Gobierno vuelve a plantear la posibilidad de ampliar el periodo necesario para calcular las pensiones. También suprime cualquier mención a la subida prometida del Salario Mínimo, uno de los principales compromisos del Gobierno de coalición. Y avanza que impondrá nuevos peajes en la red de carreteras, comenzando por las autovías.
Las fichas esconden, además, una realidad que Moncloa quería tapar a toda costa antes del 4-M: las primeras subidas de impuestos afectarán a las clases bajas y medias. Los planes enviados a la Comisión Europea no incluyen -todavía- medidas referentes al IRPF (una de las vías más rápidas para generar ingresos) o la cuantía de las pensiones y los salarios del sector público (otra manera urgente de recortar el gasto). Sin embargo, el Gobierno ofrece a sus socios de la UE algunos sacrificios.
Primeras subidas de impuestos
De entrada, el que más golpeará a los ciudadanos menos pudientes es el endurecimiento de la fiscalidad de los carburantes. El Gobierno elevará el impuesto de matriculación para los vehículos más contaminantes y retomará el impuesto al diésel, frenado 'in extremis' por el PNV en los últimos Presupuestos Generales del Estado. Esta medida -a la que debe sumarse la extensión de los peajes- impacta de lleno en los bolsillos de los profesionales que dependen de un vehículo; y en las familias que no pueden -y tardarán en poder- adquirir un coche eléctrico.
En España, según la estadística de la patronal del seguro (Unespa), hay casi 23,89 millones de turismos matriculados, de los cuales casi 15 millones son diésel. El plan del Gobierno, en línea con los objetivos medioambientales de la UE, es acelerar la expansión de los vehículos 'verdes' (híbridos y, sobre todo, eléctricos). ¿Cómo? Favoreciendo la adquisición de coches limpios y penalizando la compra de los 'sucios'.
La apuesta europea por esta transición era arriesgada pero no imposible... hasta que el coronavirus se interpuso en el camino. Las últimas estadísticas revelan que la lucha contra el diésel será más dura de lo esperado. Por ejemplo, entre enero y abril se vendió en España casi el triple de coches usados que nuevos. Los datos del primer trimestre certifican que la tendencia no ha mejorado pese a la progresiva recuperación: en 2020 se vendieron 1,4 millones de vehículos de segunda mano, con un kilometraje medio de 90.000.
Los autónomos, principales 'víctimas'
Los dueños -profesionales o particulares- de esos coches serán víctimas directas de las primeras medidas que ejecute Hacienda desde finales de 2022. También de los nuevos peajes, que se activarán un año después. De entrada, los primeros afectados serán los transportistas y los autónomos. Lo pronostican algunos datos: nueve de cada diez trabajadores por cuenta propia en España usan hoy día un vehículo diésel. Las nuevas cargas fiscales impactarán además sobre los colectivos con menor renta per cápita y la población que vive en zonas de periferia peninsular.
"Las rentas más bajas para cualquier desplazamiento interurbano o de media y larga distancia hacen uso por lo general del vehículo privado, en muchos casos con una longevidad muy por encima de la media del parque nacional", recuerdan fuentes del sector energético. "Un gravamen al combustible y al propio uso de las carreteras afectará a una parte importante de la población que, por su dispersión, necesita desplazarse a grandes núcleos urbanos para satisfacer sus necesidades".
Así pues, tanto los peajes como el castigo fiscal amenazan no sólo con dañar el bolsillo de millones de españoles. También pueden acentuar -todavía más- la peligrosa brecha existente entre la población rural y la urbana.
