El Gobierno decidió vetar este martes 43 enmiendas de PP, Cs, Vox, PNV y PdeCat a la proposición de ley que crea los impuestos a la banca y las energéticas. Y el miércoles se arrepentía. Según explican fuentes parlamentarias a Vozpópuli, después de este cambio de opinión exprés está la presión de formaciones como el PNV y las propias empresas, que veían escandalosa esta decisión. Una censura que además cuestionaba el impuesto energético que han pactado la Comisión Europea y los Estados miembros, ya que muchas de las enmiendas censuradas pedían adaptar el impuesto español al comunitario.
Los nacionalistas vascos le comunicaban al equipo de Pedro Sánchez el malestar con un veto que es innecesario, dado que los cuatro grupos citados no tienen mayoría, y el resto de socios del Gobierno ya se han mostrado partidarios de rechazar cambios que suavicen los impuestos; al revés, quieren endurecerlos. La medida castiga a empresas como Repsol, Iberdrola y BBVA, compañías con gran interlocución con el PNV.
Las empresas consideran que han logrado que el Gobierno corrija un error que han cometido con este veto y que empuja a su medida en el terreno de la inconstitucionalidad. "Han ido demasiado rápido", explican desde el sector energético a Vozpópuli. Desde el ámbito parlamentario, se considera que esta proposición de ley es tan "sensible" que todas las partes afectadas han presionado ante la irregularidad del procedimiento y desde Moncloa se ha decidido frenar los vetos.
Según añaden estas fuentes, PdCat ha sido otra de las formaciones que ha solicitado al Gobierno que retire su veto. Entre las enmiendas vetadas el martes, había varias promovidas además desde las energéticas y la banca, ya muy soliviantadas contra el Gobierno por sus planes fiscales y su discurso de confrontación con el mundo empresarial. Y cuando ya han anunciado varios recursos.
Aunque no es la única teoría que circula en estos bandazos. Desde otro lado de la negociación del impuestazo, matizan la influencia de partidos como el PNV o el PdCat. Desde los 'lobbies' de las empresas califican el cambio de rumbo de PSOE y Unidas Podemos como una parte de la estrategia de Moncloa para sellar el debate en la Ponencia parlamentaria.
Catarata de errores
El Gobierno censuraba en bloque las enmiendas en la que los cuatro grupos citados pedían adaptar e impuesto a energéticas español al europeo, en un gesto en el que mostraba su suficiencia frente al tributo que han pactado la Comisión Europea y lo Estados miembros.
El procedimiento ha sido cuestionado desde el principio. Primero, por registrarse los impuestos banca y energéticas en una proposición de ley que se ha saltado trámites y controles como el del Consejo de Estado y otros organismos, además de no haber consultado a los afectados y a la ciudadanía.
A continuación, se decide registrar el impuesto a grandes fortunas como una enmienda que no se conoció hasta el pasado jueves, y que se decidió sobre la marcha que entrara en vigor en 2022 y se cobrara ya en 2023, un año antes de lo anunciado.
Un impuesto con sospecha de inconstitucionalidad por atacar las competencias fiscales de las comunidades autónomas y que de nuevo se evitaba controles, en este caso, incluso de los propios parlamentarios. En este sentido, se ha quejado el PP, que pide comparecencias, informes, y que los Grupos puedan enmendar las enmiendas del PSOE y Podemos.
En el caso del impuesto a la banca, ha recibido un informe muy crítico del BCE que advertía de que infringe el Derecho de la UE.
Pero es que en los últimos días se ha rizado el rizo. Las enmiendas parciales registradas el pasado jueves no han sido colgadas de momento en la web y se plantean dudas sobre si han sido calificadas, cuando el Gobierno ya presentó sus vetos este martes.
Y se estaba vetando unas enmiendas que no suponían más gasto, la prerrogativa que tiene el Gobierno, ya que prevén modificar un impuesto que todavía no existe y que ni siquiera promueve explícitamente el Gobierno, sino el PSOE y Podemos.
