El presidente Pedro Sánchez encara un final de legislatura vertiginoso, con el reto de que los 70.000 millones que Europa ha puesto en sus manos lleguen a buen puerto. El éxito o el fracaso de su gestión con los fondos europeos condicionarán la marcha del actual Gobierno en las próximas elecciones; que, como ya publicó Vozpópuli, se estaría planteando adelantar en caso de que la economía no fluya con la ligereza esperada.
Sobre la mesa están los cerca de 27.000 millones de euros de fondos europeos que el Gobierno ha presupuestado para 2022, con el arranque de los grandes proyectos estratégicos que prometen tener una gran capacidad de arrastre para la economía y el empleo (conocidos como PERTEs) del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Hasta ahora se han anunciado siete y se han aprobado tres: el del vehículo eléctrico, el de salud y el de energías renovables.
A estos se suman una ristra de inversiones y reformas comprometidas con Bruselas que deberán ver la luz en los plazos marcados si el Gobierno quiere seguir desbloqueando tramos para recibir el dinero de Europa. Hasta ahora, España ha recibido 9.000 millones de prefinanciación y ha solicitado el primer pago semestral de 10.000 millones, valorado positivamente por Bruselas y que debe recibir este año.
Los fondos europeos apenas aportaron 0,3 puntos al crecimiento de la economía en 2021, según el BdE
En 2022 está previsto que se reclamen otros 18.000 millones desglosados en dos desembolsos (uno de 12.000 millones y otro de 6.000). Si va cumpliendo los hitos y compromisos, en 2023 tendrá a su alcance otros 17.000 millones, de tal manera que concentrará un 80% de las transferencias no reembolsables en el primer trienio. Además, pretende amarrar este año otros 70.000 millones en préstamos reembolsables que se cargarán a los Presupuestos de 2023.
"Durante el primer semestre de 2022 se solicitará el siguiente pago de 12.000 millones de euros, sobre la base de las reformas e inversiones ejecutadas en esta parte final del año. Así, el ejercicio 2022 supondrá el logro de la velocidad de crucero en el despliegue de las inversiones y la aprobación y puesta en marcha de las principales reformas", asegura el Ejecutivo en el último informe publicado sobre la ejecución del instrumento comunitario.
En contra juega el sistema escogido por el Gobierno para gestionar estos fondos, delegando en las comunidades autónomas gran parte de la ejecución del Plan. Esto provocó un enorme retraso en el primer año. El Banco de España estima que de los 26.600 millones presupuestados para 2021 sólo se ejecutaron 11.000 millones, reduciendo a cenizas su impacto en el crecimiento de la economía (apenas aportaron 0,3 puntos porcentuales al crecimiento del PIB, según el organismo presidido por Pablo Hernández de Cos).
Esta cifra se aleja bastante de lo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometió en otoño de 2020 (en el marco de los Presupuestos de 2021), cuando dijo que los fondos europeos aumentarían el PIB en 2,5 puntos anuales. El Banco de España tampoco espera que se alcance tal efecto en 2022, pero sí aumenta el impacto en un punto porcentual respecto al año pasado, hasta el 1,3%, por la aceleración esperada en la ejecución.
Fondos europeos y ¿transformadores?
Sánchez también afrontará la difícil tarea de sacar adelante en el Congreso cerca de 40 leyes (unas 15 de ellas deben estar en vigor antes de junio) que figuran en el acuerdo firmado con la Comisión. A diferencia de lo que ocurrió en Italia, donde el Plan de Draghi fue respaldado por el 85% del Parlamento, el Ejecutivo español no discutió su Plan de Recuperación con la oposición; por lo que el cumplimiento de estos hitos con carácter legislativo se antoja más espinoso.
Finalmente, el tercer reto es que los proyectos a los que se destinen los fondos europeos sean realmente transformadores y tengan un efecto multiplicador sobre la economía. Este periódico ya reveló que parte de las convocatorias anunciadas hasta el final del ejercicio 2021 ya se habían aprobado años anteriores. Es decir, no tenían un componente novedoso ni cumplían las expectativas de algunos expertos consultados pese a ampararse en el Plan de Recuperación de la crisis provocada por la covid.
Ahora, sin embargo, el Gobierno está más cerca de la cita con las urnas. La precampaña de las elecciones en 2023 coincidirá además con el semestre de la Presidencia española de la Unión Europea, que tendrá lugar entre julio y diciembre y que será un gran escaparate para su equipo, permitiéndole albergar cumbres y foros internacionales. Pero, para entonces, arrastrará ya el impacto reputacional logrado con su gestión del dinero europeo, que prometía recuperar y transformar la economía de una de las mayores crisis de su historia.
