La batalla legal por el impuesto a la banca puede tener una factura nada desdeñable para el Estado. El Gobierno pone en juego un mínimo de 100 millones de euros en intereses que tendría que abonar a los bancos si los tribunales tumban el gravamen que acaba de aprobar el Parlamento, según fuentes jurídicas consultadas por Vozpópuli. Los bancos preparan sus equipos jurídicos e incluso están recurriendo a bufetes como Uría Menéndez para dar la batalla.

El plan de Pedro Sánchez se cumplirá con un único cambio pese a las advertencias del Banco Central Europeo (BCE). Pretende recaudar unos 3.000 millones entre 2023 y 2024, si bien evaluará si lo hace permanente en la estructura fiscal del Estado. En caso de que los tribunales den la razón a los bancos, el Gobierno tendría que devolver las cantidades abonadas más el interés legal del dinero, que alcanzará el año que viene el 3,25%, como recogen los Presupuestos Generales del Estado, que se publicarán en breve en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En el ámbito tributario, como apuntan fuentes jurídicas, la devolución de las cantidades que se consideren indebidamente ingresadas devenga intereses a favor del obligado tributario desde la fecha del pago y el momento en el que se ordene su devolución, sin necesidad de ser solicitado. Pero la factura podría ir a más si el Gobierno decidiera recurrir ante altas instancias, como el Tribunal Supremo, una hipotética sentencia en contra del 'impuestazo'.

El 'impuestazo' nos podría salir al final rentable", resume con sorna un directivo de uno de los grandes bancos del Ibex que da por hecho que recurrirá contra el nuevo gravamen"

En ese caso, el interés a aplicar en la devolución sería el de demora, que suele ser más caro que el legal del dinero y que durante 2023 se establecerá en el 4,0625%. Y los intereses podrían seguir engordando, por encima de una factura inicial de casi 100 millones, si la batalla legal se prolonga varios años, como apuntan desde uno de los principales bufetes de abogados. También hay que tener en cuenta que tanto el interés legal del dinero y de demora subirán más en paralelo al endurecimiento de la política monetaria del BCE, que proyecta un escenario de subidas de tipos hasta al menos el 3,5% para doblegar a la inflación.

El espejo de Telefónica

“El 'impuestazo' al final nos podría salir rentable”, afirma un alto directivo con cierta sorna y resignación de uno de los grandes bancos del Ibex. Los bancos se miran en el espejo de Telefónica, que recientemente ganó a Hacienda un contencioso por el impuesto de sociedades. El Estado tuvo que devolver 790 millones que la operadora pagó entre 2008 y 2011, más otros 526 millones por los intereses de demora.

En el sector se da por hecho que se ganarían las demandas al Gobierno "sin mucha dificultad", según transmiten desde varias entidades. Consideran que el impuesto es inconstitucional porque genera un problema de doble imposición y es discriminatorio respecto a otras industrias. En su cruzada contra el impuesto, se aferrarán al dictamen del Banco Central Europeo (BCE), en el que advirtió de que se puede "falsear" la competencia respecto a sus competidores europeos.

El Gobierno ha dejado fuera del perímetro a bancos extranjeros como ING y Deutsche Bank. Esta era una de las líneas rojas que pedían cambiar los banqueros españoles porque son fuertes competidores tanto en hipotecas como en depósitos"

Bankinter ha sido la que ha tomado la iniciativa en la pelea con el Gobierno. Es una de las entidades más beligerantes por los planes de Sánchez por considerar que sólo persigue un objetivo “confiscatorio”. Y ultima el fichaje de Uría Menéndez para recurrir el nuevo gravamen.

“Vamos a recurrirlo desde el día siguiente de pagarlo", sentenció sin ambages María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter, hace unos días. Ibercaja también ha apuntado a que recurrirá a los tribunales, mientras que otros grandes grupos como Santander, CaixaBank y BBVA no han querido ser tan categóricos en público. Aunque los directivos de estas entidades dan por hecho en privado que acabarán en los tribunales y emplazaban a conocer la ley final, que acaba de ser aprobada en el Senado casi sin cambios respecto al plan de Sánchez iniciado en julio.

Impugnar cada uno de los cuatro pagos del impuesto

Cada entidad deberá explorar la vía judicial por separado y sólo podría iniciarla a partir de febrero. Esa es la fecha que fija la proposición de ley de los socios del Gobierno para un primer pago fraccionado del 50%. La declaración de los impuestos se realizará en septiembre de 2023 y 2024, con lo que la banca tendrá que hacer cuatro pagos por el nuevo gravamen cada uno de esos años (en febrero y septiembre).

El plan pasaría por impugnar la nueva tasa en la Audiencia Nacional, con un recurso a la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Las entidades están convencidas de que el impuesto es injustificado porque ya pagan más impuestos que otros sectores: el tipo efectivo medio del sector es del 24,7% frente a un 21,3% de media de las empresas en España, según el Instituto Español de Analistas.

Los bancos argumentan que la nueva "prestación patrimonial", como se recoge en el texto de la proposición de ley que se publicará en el BOE, grava algo que ya está sujeto en el impuesto de sociedades y no se permite su deducción. Además el sector considera que el impuesto contraviene los principios de igualdad y no discriminación consagrados en el artículo 31 de la Constitución Española.

El impuestazo se aplicará sobre los ingresos de 2022, con un gravamen del 4,8% del margen de interés y de lo recaudado por comisiones en la venta de productos financieros. Finalmente quedarán excluidas del perímetro de la nueva carga fiscal las entidades extranjeras, como ING y Deutsche Bank, que no superan el listón de 800 millones en ingresos fijado por la proposición de ley aprobada por el Senado. Esta ausencia dará más munición a los bancos españoles, que reclamaban rebajar el umbral para evitar una desventaja competitiva con las entidades foráneas, con una fuerte posición comercial tanto en hipotecas como en depósitos.