"La coyuntura económica no ha ayudado el último año". El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso asume que su iniciativa de nueva Ciudad de la Justicia, la obra estrella de su Legislatura y la mayor concesión a concurso en España, podría quedar definitivamente desierta este miércoles, el día que vence el procedimiento negociado sin publicidad con las distintas constructoras interesadas.

"La ley no permite un cambio en las condiciones económicas del actual proyecto", añaden fuentes de Sol, que aseguran que el plazo de este miércoles es el "último cartucho" del Ejecutivo madrileño para adjudicar una obra que precisa 507 millones de euros de inversión privada -de los que el Banco Europeo de Inversiones financiaría hasta un 50%-, según ha fijado la administración pública madrileña. La gestión del lado público corre por cuenta del consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, quien recientemente presentó su baja como afiliado al PP.

Como viene informando este diario, ACS y FCC han sido en todo momento las grandes interesadas en hacerse con esta concesión a 40 años que, según los cálculos de la CAM, promete un negocio de más de 2.000 millones de euros. Una de las fuentes involucradas en la puja insiste en que "se lo llevará ACS o no será", al tiempo que otra de las consultadas señala que el Grupo ACS es el único con la capacidad financiera para afrontar el proyecto en las actuales condiciones, sacadas a licitación el pasado verano.

La cuestión económica, en el foco de ACS y FCC

Durante el concurso, el grupo que encabeza el presidente del Real Madrid ha solicitado que se blinde la duración de 40 años del proyecto, toda vez que el pliego deja abierta la puerta a una rescisión de contrato por parte de la Administración una vez el concesionario recupere la inversión (algo previsto a partir de la anualidad 28).

Por su parte, desde la constructora controlada por Carlos Slim aseguran estar todavía "haciendo números". Durante el concurso, solicitaron modificar el sistema de revisión de los precios que pagará la CAM por entender que no recoge debidamente la evolución potencial de los costes laborales.

Y es que la rentabilidad del proyecto, erosionada por la actual subida de los tipos de interés, es la principal cuestión que oponen las dos interesadas -por la decena de empresas que han quedado ya por el camino-.

La CAM contempla otro pliego para la próxima legislatura

Fue a ACS y FCC a quienes apuntaba la CAM con la única gran modificación que ha hecho al proyecto original dentro del período negociado sin publicidad: permitir la subcontratación de la seguridad, tal y como reclamaban como "esencial" las compañías encabezadas por Florentino Pérez y Slim.

"Con lo de la seguridad se les ha despejado un escollo que decían que iban a tener", remarcan fuentes gubernamentales, a lo que desde una de las constructoras todavía interesadas contestan que es "insuficiente" en términos de viabilidad.

Por lo pronto, desde el Ejecutivo regional aseguran todavía seguir esperando las ofertas, si bien ya se contempla el escenario de aplazar el proyecto de la actual legislatura -que vence este mes de mayo- a la próxima, en la que podría licitarse bajo condiciones distintas que atiendan las cuestiones económicas ya planteadas por ACS y FCC.

Proyecto Ayuso

Con la Ciudad de la Justicia, el Gobierno Ayuso busca aglutinar en un mismo enclave de 375.000 metros cuadrados las actuales 28 sedes judiciales de la Comunidad. La actual intentona es más modesta que la iniciativa ya frustrada de Esperanza Aguirre en 2004, según fuentes del sector de la arquitectura.

El horizonte del Ejecutivo madrileño ha sido que las obras estén terminadas entre finales de 2026 y principios de 2027. Según sus cálculos, la obra podría acabar reduciendo en más de un 25% el presupuesto destinado al mantenimiento de infraestructuras judiciales, de 72 millones anuales a unos 49,35 millones.

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