“Los capos del Ibex podrán seguir defendiendo sus poltronas gracias a los blindajes de voto en las sociedades cotizadas”. Tal era el titular que este diario incluía en su edición del pasado sábado, 31 de mayo. Las presiones de los poderosos sobre el ínclito Ruiz-Gallardón, han mandado al baúl de los objetos perdidos la primera propuesta del Anteproyecto de Ley del Código Mercantil que sí recogía el fin de tales blindajes. Estamos en lo de siempre, en el sempiterno fracaso de los intentos por llevar las prácticas y principios del liberalismo económico y del capitalismo industrial a las empresas españolas. Principios tales nunca han formado parte de las prioridades de los distintos Gobiernos, empeñados siempre en mostrarse al servicio de unas oligarquías que, a su vez, han sido incapaces de oxigenar sus empresas y romper con la cómoda dependencia de un BOE del que dependen la mayoría de los productos y servicios que prestan. El anuncio de la sustitución del Código de Comercio de 1885 tampoco va a suponer el final de una anomalía que beneficia ostensiblemente al núcleo duro del poder en España. Seguimos con la ley del embudo: lo estrecho para los ciudadanos, las pequeñas empresas y las clases medias; lo ancho para el grupito de siempre.
En la mayoría de las grandes empresas españolas, y en las del IBEX en particular, existen disposiciones estatutarias que limitan el derecho de voto y el acceso a los Consejos de Administración de los accionistas si estos no consiguen participaciones casi mayoritarias en el capital. La criticada Ley D’Hondt de la política es una broma comparada con los blindajes de que disponen nuestros próceres empresariales para ahuyentar la llegada de visitantes incómodos. En el mundo empresarial no han desaparecido ni el sentido patrimonial de la administración ni las prácticas caducas en la gestión, aferradas cual lapas al proteccionismo de los poderes públicos. Somos un país en el que, salvo excepciones, los consejos de administración de las grandes empresas están controlados por administradores que en su conjunto no representan a veces ni al 25% del capital. Por eso, los cambios y las exigencias de responsabilidades son una rara avis en el tinglado empresarial de nuestro país. Pase lo que pase en las empresas, los que mandan se mantienen en ellas contra viento y marea, demostrando que el poder de los accionistas es igual a cero.
Los blindajes de unos cuantos permanecen intactos
España está sufriendo una crisis económica de caballo, a la que no son ajenas nuestras élites empresariales, muchas de ellas al frente de sectores claves de la economía, caso del petróleo, la banca, la electricidad, las telecomunicaciones, la construcción etc, etc. Un somero repaso al who’s who empresarial demuestra que los que estaban antes de la gran crisis lo siguen estando, los que eran lo siguen siendo, ello a pesar de las cuantiosas pérdidas sufridas por los accionistas de la mayoría de los casos. Tras la selva legislativa y reglamentaria que rodea el llamado “gobierno corporativo”, permanecen intactas las barreras y blindajes destinados a proteger los sillones de una minoría de grandes “capos”, siempre proclives a acoger en su seno a notorios políticos en cesantía, dentro de esa práctica, tan impúdica como insultante, llamada “puertas giratorias”. Las exigencias de transparencia en el gobierno corporativo, de las que tanto gusta hablar al ministro de Economía, no dejan de ser una broma pesada, razón por la cual cualquier movimiento accionarial encaminado a cambiar ese estado de cosas por vía de adquisiciones o de mera exigencia en las juntas generales de accionistas, está condenado al fracaso de antemano.
Nunca rechazaremos la defensa del interés nacional mediante el establecimiento de razonables cautelas de control sobre los sectores estratégicos de la economía. Pero confundir esos principios con la defensa del statu quo de quienes figuran como dueños y señores de sectores estratégicos, algunos de ellos gracias a las “generosas” privatizaciones de empresas públicas realizadas por los distintos Gobiernos de los años 90, no es de recibo a estas alturas. Los méritos de los personajes protegidos por esa especie de golden share del poder público son discutibles en muchos casos y escandalosos en otros tantos. Sólo hace falta remitirse a la situación por la que atraviesa la economía y a la responsabilidad en este estado de cosas de esta suerte de hispánicos tycoons. Esa es la razón para denunciar la pretensión del Gobierno de mantener inalterables los blindajes societarios, en perjuicio de las propias compañías, de sus accionistas minoritarios y del interés general. No es extraño que la opinión pública aborrezca cada vez más los dobles discursos oficiales, con desprecio de los principios de transparencia y buen gobierno. A unos y otros, poder político y poder económico, cabe pedirles, como mínimo, que no nos tomen el pelo.
