Los principales periódicos catalanes han vuelto a brindar un servicio exquisito a uno de sus principales clientes: la Generalitat de Cataluña. El hecho no resulta ni mucho menos novedoso dentro de una comunidad autónoma en la que sus medios de comunicación –desde TV3 hasta La Vanguardia- han sido acusados en reiteradas ocasiones de hacer la vista gorda ante los desmanes de sus gobernantes a cambio de recibir jugosas subvenciones. Pero, en este caso, resulta chocante, ya que sus editores han contribuido a aminorar la resaca de Artur Mas y los suyos por el juicio sobre el 9-N con la publicación, a doble página, de un amplio publirreportaje sobre las bondades de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC).
Este martes, estos diarios incluían una completa información sobre la próxima ampliación de la red de oficinas y de la plantilla de la ATC, que en los próximos meses abrirá nuevas sucursales –dotadas de un sinfín de herramientas- en municipios como Barcelona, Terrasa, Sabadell, Granollers, Reus, Mataró o Manresa. En el texto, se hacía ver a los lectores que todos los ciudadanos de esta comunidad autónoma estarán respaldados –y controlados- por un fisco moderno y casi omnipresente. Desde Portbou hasta Alcanar.
El publirreportaje de marras ha aparecido en un momento en el que la Generalitat, por medio de ese lugarteniente de Oriol Junqueras llamado Josep Lluís Salvadó, se ha empeñado en lanzar a los cuatro vientos el mensaje de que a partir del 1 de septiembre “será capaz de gestionar grandes impuestos y dar respuesta a las necesidades” de todos los habitantes de este territorio. Forme parte o no de España en el futuro.
En el artículo publicado por La Vanguardia, este punto se deja muy claro: “Con estas nuevas funciones, la Agencia Tributaria de Cataluña completará la plena asunción de las competencias que le otorga estatutariamente el actual marco autonómico, impulsando un modelo de gestión tributaria moderno y de plena cooperación con administraciones locales”.
Cortina de humo
Llama la atención que este texto promocional haya aparecido en la prensa catalana un día después de que se iniciara el juicio por la consulta ilegal del 9-N. Un proceso sobre el cual, por cierto, tanto La Vanguardia como El Periódico -sobre la postura del resto no había dudas- se han mostrado bastante tibios a la hora de denunciar la acción subversiva de Artur Mas y los suyos. Básicamente, han reconocido que lo que hicieron no estuvo bien, pero que no fue tan malo, en cuanto a que el plebiscito surgió como respuesta a la falta de diálogo por parte del Ejecutivo liderado por Mariano Rajoy.
En estos casos, no está de más recordar que la Generalitat ha sido especialmente generosa a la hora de repartir dinero público entre la prensa catalana, desde para subvencionar la publicación de libros de supuesto interés político o cultural, hasta para premiar la edición de periódicos en catalán o para financiar la reforma de su planta de impresión.
Las ayudas públicas han llegado a estos medios de comunicación por medio de tantas vías que resulta casi imposible realizar un recuento de la cantidad total que ha recibido cada uno. El diario El Mundo publicó en 2014 que, durante la germinación del proceso soberanista (2008-2013), el Grupo Godó –editado por Javier Godó, Grande de España- fue premiada con casi 15 millones de euros en subvenciones, por los 12,3 millones que percibió Hermes Comunicacions (donde la esposa de Carles Puigdemont dirige una revista), los 8,5 del Grupo Zeta y los 2,5 de Ara.
En esta situación, resulta difícil pensar que estas empresas van a ponerse en contra de la Generalitat de Cataluña. Pueden darle algún pellizco, pero en casos como el de este martes, está claro que priman los intereses empresariales sobre los políticos. Y es que “la pela es la pela”.
