La Generalitat de Cataluña justifica la falta de material de protección ante el coronavirus que sufren los Mossos d'Esquadra porque tras el Real-Decreto de alarma las competencias sobre la policía autonómica las tiene el Ministerio del Interior, cuyo titular es Fernando Grande-Marlaska. Así consta en un escrito dirigido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat), en el que la Conselleria de Interior catalana rechaza las reclamaciones del sindicato USPAC sobre prevención de riegos laborales ante la crisis del coronavirus.
En concreto, el Govern defiende su actuación asegurando que en el ámbito policial, y de acuerdo con el artículo 5.1 del Real-Decreto, los integrantes de los cuerpos de policía de las Comunidades Autónomas quedan bajo las órdenes directas del ministro del Interior.
Además, el departamento liderado por Miguel Buch sostiene que durante la incidencia de la pandemia la autoridad que determina las exigencias en materia de riesgos laborales es el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España: "Si se considera que estas indicaciones son incorrectas, deberá procederse a la impugnación de la orden de la autoridad estatal que ordena ajustarse a estas", concluye el documento.
Falta de respeto
Esta respuesta de la Generalitat es una "absoluta falta de respeto" para el sindicado USPAC, que rechaza que la Consellería de Interior catalana considere a Grande-Marlaska el responsable de las medidas de prevención de riesgos laborales de los Mossos d'Esquadra o de la limpieza de los vehículos policiales.
En concreto, el sindicato policial había reclamado al departamento liderado por Miquel Buch que entregara con carácter inmediato a los agentes las mascarillas y los guantes necesarios para que no contrajeran el coronavirus. Además, la organización profesional pedía al TSJ catalán que impidiera al Govern la reincorporación al servicio de los agentes que hubieran estado aislados por coronavirus, si antes no se les sometía a un test.
Por su parte, el Govern rechaza la entrega del material a los agentes de "forma genérica e indiscriminada", porque estas mascarillas y los guantes no podrían asignarse al personal sanitario, que según el Ministerio de Sanidad es personal de riesgo, mientras que los agentes se considera que tienen "baja probabilidad de exposición".
Drástica reducción
Además, la Conselleria de Interior catalana rehúsa la retirada del servicio de los agentes a los que no se ha podido hacer los test, ya que considera que eso implicaría "una drástica y gravísima" reducción del personal operativo, por lo que el cuerpo policial quedaría con una plantilla "muy por debajo de los mínimos imprescindibles" para garantizar la seguridad pública.
Sin embargo, este martes la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no ha hecho caso a las alegaciones del Govern y ha prohibido a la Conselleria de Interior reincorporar al servicio a los mossos que no se hayan hecho el análisis con resultado negativo.
En este sentido, los magistrados también han ordenado al departamento de Miquel Buch que adopte las "medidas necesarias" para practicar las pruebas diagnósticas del virus "en el domicilio de los funcionarios en aislamiento para evitar que se rompa el confinamiento impuesto por las autoridades sanitarias".
