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El Banco Central Europeo (BCE) ha planteado una serie de soluciones para la Eurozona, que no serán gratuitas para España. A través del Informe Stark -elaborado por el ex economista jefe del propio BCE, Jurgen Stark- , el supervisor exige unidad fiscal en la UE, que se plasmaría en un nuevo Pacto de Estabilidad y Crecimiento pergeñado por Ángela Merkel y Nicolás Sarkozy, que otorgaría más peso a Alemania (sobre todo) y Francia en cuanto a capacidad de decisión. Por el contrario, penalizaría con severidad a los países díscolos en materia de déficit, con España en posiciones relevantes en este terreno. Sin embargo, ese mayor control por parte de las altas instituciones europeas, que podrían incluso bloquear nuestro presupuesto, acarrearía también el compromiso del BCE de apoyar nuestra deuda. En términos económicos, el acuerdo parece más que interesante para España. 

La adopción de estas medidas permitiría desbloquear las objeciones alemanas en torno al mercado de eurobonos y a la compra masiva de deuda soberana por parte del BCE. Sin embargo, esto consolidaría el concepto de una Europa a dos velocidades, en la que unos mandan (Alemania, Francia, y también Italia) y otros obedecen (el resto).

Nuevo Pacto de Estabilidad y Crecimiento

Uno de los grandes retos de la cumbre de líderes europeos del 9 de diciembre es concretar la discusión sobre la unión fiscal que permitiría un cambio de posición alemana sobre el papel del BCE. Pero, ¿qué piensa el BCE? Su actitud no solo no ha sido pasiva, sino que está detrás de todas las ideas que se han ido publicando los últimos días.

La base de sus propuestas es un documento ocasional publicado por el BCE en septiembre, cuyos autores, entre los que está Jürgen Stark, antiguo economista jefe del BCE, expusieron sus puntos de vista sobre el futuro del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Proponen cinco medidas concretas.

La primera de las propuestas, sin duda alguna la más importante, considera que los déficits previstos superiores al 3% del PIB requerirán la aprobación unánime de los gobiernos de la zona euro. Además, en segundo lugar, será necesario un compromiso para corregir desviaciones presupuestarias pasadas sin margen de discrecionalidad.

Como tercera medida, un país que se encuentra en suspensión de pagos y requiere asistencia en virtud del mecanismo de estabilidad europea (ESM) solo recibirá las ayudas si su programa de ajuste cuenta con la aprobación del interventor designado.

En cuarto lugar, se implementarán multas y sanciones automáticas en caso de incumplimiento del límite de déficit del 3%.

Finalmente, todos los países deben crear una oficina presupuestaria nacional independiente para calcular las previsiones presupuestarias. A su vez se crearía una entidad independiente a nivel europeo para supervisar las políticas nacionales y administrar los programas del ESM.

Estas propuestas fueron hechas por el BCE como extensiones de los acuerdos vigentes. Asimismo, el BCE sugiere que se podrían implementar a través de un acuerdo intergubernamental, si el proceso de cambio en el Tratado es demasiado lento, que contaría inicialmente por un número de reducido países de la zona euro, entre seis y ocho.

Las implicaciones de estas ideas son radicales. Cualquier país cuyo déficit se sitúe por encima del 3% se enfrenta a la posibilidad de que su presupuesto sea bloqueado, si otro país de la zona euro no lo aprueba. Sin embargo, no se ha especificado qué pasaría con un presupuesto "bloqueado". El presupuesto de Grecia en la actualidad necesitaría contar con la aprobación explícita del interventor designado.

La hoja de ruta, a cambio de la aprobación de un nuevo Pacto de Estabilidad y Crecimiento, debe incluir la emisión de eurobonos comunes, y en el ínterin terminar definitivamente con las objeciones alemanas hacia las compras masivas de bonos por parte del BCE, siguiendo las expansiones cuantitativas del Banco de Inglaterra y de la Reserva Federal.

Implicaciones para España

Desde el lado español hay dos lecturas. La primera, negativa, es que España formaría parte de la segunda velocidad europea, con la pérdida de peso e influencia política que ello representa para el nuevo gobierno. La segunda idea es más optimista: si el BCE finalmente implementa una expansión cuantitativa, es decir, compra bonos soberanos europeos para hacer política monetaria (similar a lo que ya hacen la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra), debería aliviarse, al menos temporalmente, parte de la presión a la que está sometida la deuda soberana periférica.

Como consecuencia disminuirían los tipos de interés a corto, medio y largo plazo a los que se financian países como España. También mermarían las probabilidades de un rescate.