De una guerra siempre se extraen lecciones. Y la que libró el PP frente al PSOE en 2006 para impedir que Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO) se hiciera con el control del Banco de España le va a servir ahora de referencia a Mariano Rajoy para gestionar una situación peliaguda: sabe que la banca, salvo contadas excepciones, no quiere a MAFO, que en Europa tampoco se le mira bien, pero que el margen de maniobra para desalojarle de la institución antes de junio, fecha de vencimiento del mandato, es más bien estrecho debido a la propia ley de autonomía del Banco de España y al terremoto que sacude el sistema financiero.
Los que dentro del PP confiaban en que MAFO se retirara como un caballero y renunciara a seguir pilotando tan alta responsabilidad al carecer de la confianza de un partido que ha conseguido tan abultada mayoría absoluta, se han pasado de inocentes. En medios del Banco de España se opina que una salida antes de plazo sería dar un espectáculo de “república bananera”. Además, estos mismos medios acentúan la supuesta buena relación personal trabada entre MAFO y Mariano Rajoy durante el tiempo que ha durado la primera fase del saneamiento de las cajas, una circunstancia que, paradójicamente, es desconocida por algunos de los principales integrantes del equipo económico del PP.
Taponada, pues, esta primera vía, la segunda consistía en dar la oportunidad al gobernador de salir indemne de la gestión tan polémica que ha realizado en los últimos años, permitiéndole irse en silencio sin airear los trapos sucios que se guardan en el viejo y lujoso edificio de Alcalá, 48. Pero esta salida implicaba como premisa la aceptación voluntaria del interesado o, en caso contrario, el riesgo de abrir una batalla cruenta que el líder del PP ni quiere ni desea a la vista de las arenas movedizas en la que se asienta una parte del sistema financiero y de la resonancia internacional que tendría una operación de esta naturaleza.
La tercera vía, la única que en estos momentos no se descarta del todo en el equipo económico del PP, implica desalojar a MAFO recorriendo un camino parecido al que a él mismo le sirvió para ingresar en el Banco de España como consejero en 2006. En marzo de ese año, Pedro Solbes le alfombró el paso a Alcalá, 48, para cubrir la vacante que dejó Julio Segura tras su paso a la CNMV. Cuatro meses más tarde, Fernández Ordóñez tomaba el relevo de Jaime Caruana como gobernador.
Para que todas las piezas de la operación encajen tendría que producirse en el Consejo de Gobierno o en la Comisión Ejecutiva del Banco alguna vacante y el problema es que los consejeros más afines al PP –José María Roldán, Ángel Luis López Roa y José María Marín–, parecen haberse metabolizado en la propia institución, hasta considerar que se trata casi de un papado. El mandato de Roldán no ha vencido, el de López Roa fue renovado en enero y el de María Marín en marzo. La cosa se complica.
Marín fue propuesto sin éxito por Miguel Arias Cañete a Solbes como subgobernador en sustitución de Gonzalo Gil con el fin de respetar el pacto no escrito entre Gobierno y oposición que había implicado durante 12 años que las dos partes intercambiaban sus cromos para los dos principales cargos del Banco. No fue posible el acuerdo en 2006 y casi seis años después el PP heredará una institución gestionada al más alto nivel por dos personas –MAFO y Francisco Javier Aríztegui– que gozan de todo menos de su confianza. De ahí que se estén analizando todos los curriculum con el fin de dar con una vacante en los órganos rectores del Banco que permita neutralizar por esta ‘tercera vía’ a MAFO, aun cuando se atornille a la poltrona hasta junio.
