El Partido Popular no tira la toalla, y ha logrado amarrar el apoyo de los nacionalistas catalanes a la futura Ley de Estabilidad Presupuestaria que se votará esta tarde en el Congreso de los Diputados. UPyD también dará su apoyo al proyecto, confirman fuentes de la formación magenta. En cambio, los nacionalistas vascos se abstendrán, a pesar de que la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, ha aceptado una de las enmiendas de este grupo con la que se blindaría el Concierto económico vasco y el fuero navarro en la futura norma. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas no ha logrado cambiar la posición negativa de los socialistas, tras la reunión que ha mantenido en la Cámara Baja una reunión con la portavoz socialista Soraya Rodríguez.

La vicepresidenta del Gobierno logró la abstención del PNV tras una reunión con su portavoz parlamentario, Josu Erkoreka, y tras aceptar una enmienda de esta formación para que se respetara las especificidades vasca y navarra dentro de la futura ley. Con anterioridad, Erkoreka había advertido al Gobierno de que el PNV iba a poner todo su "empeño" en salvaguardar las singularidades forales vascas.

El peaje de CiU

El precio al apoyo del grupo parlamentario de CiU a la futura Ley de Estabilidad Presupuestaria se ha logrado tras aceptar el Gobierno que el plazo para reducir el endeudamiento de las comunidades autónomas pase de ocho a veinte años. Se trata de equiparar este plazo con el que permite la Unión Europea a sus Estados miembros en los mismos supuestos, una concesión con la que el PP obtiene el primer apoyo explícito de otro grupo al proyecto.

El portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre, ha explicado su "satisfacción" por el acuerdo, ya que además va a permitir que las comunidades autónomas cuando se produzca crecimiento económico puedan destinar una "parte importante" de sus recursos a la inversión para potenciar el crecimiento económico y la generación de empleo.El diputado ha explicado en el Congreso que el acuerdo se ha conseguido entre el jefe del grupo parlamentario, Josep Antoni Duran i Lleida; la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

En la primera versión del proyecto, el nivel máximo de endeudamiento de las comunidades autónomas no podía superar el 60 % del PIB en el año 2020, mientras que la Unión Europea permite a sus Estados miembros hacerlo en veinte años. Esta diferencia entre el plazo dado a las autonomías y a los Estados miembros provocaba el rechazo del grupo catalán, que finalmente ha visto respondidas sus demandas. El Tratado de Estabilidad de la UE establece que cuando la proporción entre la deuda pública y el PIB de un Estado rebase el valor de referencia del 60 %, dicho Estado deberá reducir la diferencia a un ritmo medio de una veinteava parte al año, es decir en veinte años.Pero la ley a través de la cual se traspone este Tratado, y que está ya perfilada en la reciente reforma constitucional, limitaba a ocho años esta reducción.
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