El Gobierno de Pedro Sánchez ha acercado a cárceles próximas o en País Vasco a un total de 103 presos etarras en lo que lleva de mandato.
Estos 103 presos son ya más de la mitad de los 197 miembros de la banda terrorista ETA que cumplen condena actualmente. De esos, 25 cuentan con delitos de sangre, acumulando en total 111 asesinatos. 18 de estos se encuentran en cárceles vascas o navarras, 15 han sido progresados al tercer grado o régimen de semilibertad y siete ya han sido puestos en libertad.
En concreto, el último acuerdo de Instituciones Penitenciarias ha sido el del traslado de cinco presos etarras a cárceles del País Vasco y a la de Zuera, en Zaragoza, en la que ingresará Mikel Azurmendi, condenado por varios atentados, entre ellos el asesinato en 1998 del concejal del PP de Sevilla Alberto Jiménez-Becerril.
La presa etarra Maite Pedrosa, condenada como cómplice del asesinato del concejal y su esposa Ascensión García, también figura en esta última lista de traslados.
Además de Azurmendi y Pedrosa -ambos ingresarán en la prisión de Zuera-, Prisiones ha autorizado el acercamiento a la cárcel zaragozana de José Ángel Lerín Sánchez.
Junto a estos tres presos serán trasladados a centros penitenciarios del País Vasco Oskarbi Jáuregui y Oier Andueza Anchía, según informa este miércoles la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
La Asociación Víctimas del Terrorismo ha denunciado estos traslados y ha atribuido esta decisión al apoyo que Bildu prestará al proyecto de Presupuestos
Con estos cinco nuevos traslados, son ya, según la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), 103 los reclusos de la banda terrorista que han cambiado de prisión a otras próximas al País Vasco o Navarra y a centros penitenciarios de Euskadi con el Gobierno de Pedro Sánchez.
Además se han concedido 14 progresiones de grado, once de ellas que han implicado el traslado de cárcel.
Condenado a 36 años
Además del asesinato del concejal sevillano, Mikel Azurmendi Peñagaricano, miembro del comando Andalucía, fue condenado a 36 años por el asesinato en 1994 del teniente del Ejército Miguel Peralta Utrera al estallar la bomba lapa colocada en su coche cuando conducía por la autovía de Extremadura.
También cumple condena por facilitar los explosivos para el atentado perpetrado el 20 de mayo de 1996 contra un autobús del Ejército en Córdoba en el que murió el sargento Miguel Ángel Ayllón.
Una vez más, la Asociación Víctimas del Terrorismo ha denunciado estos traslados y ha atribuido esta decisión al apoyo que EH Bildu prestará al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021.
