Las feministas se oponen a la eliminación de la acusación popular, ya que complicaría utilizar esta herramienta jurídica para perseguir a los autores de delitos vinculados a la violencia de género. La Alianza contra el .borrado de las mujeres señala que si el Gobierno saca adelante sus planes, esto supondría "un golpe al activismo feminista", dado que "podría atentar contra el derecho constitucional a la acción popular".
Tal y como argumentan, la limitación de la acusación popular impediría que la acusación popular persiga delitos "cuando la víctima no puede o no quiere hacerlo", de tal modo que se impide que exista impunidad paa los agresores. Además, la Alianza cree que esta propuesta va en contra del 'Protocolo de Condena y Repulsa' impulsado por los Ministerios de Igualdad y Política Territorial. Este obliga a actuar al Gobierno central como acusación popular si las comunidades autónomas no lo hacen.
Catalogan la medida como "demasiado amplia y vaga", lo que permitiría excluir a organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres bajo el argumento de "una supuesta afinidad política". Creen que de eliminar la acusación popular, se limitaría la defensa de las mujeres en el caso de que el Estado o las comunidades autónomas no ejerzan la acusación popular. De ahí que cataloguen la propuesta del Gobierno de "retroceso significativo en la lucha contra la violencia machista", ya que restringe "la capacidad de intervención legal" y socava "la independencia judicial", lo que implica poner en riesgo la justicia para las íctimas y los "derechos y libertades fundamentales" de la democracia en España.
Además, la Alianza ve mal la modificación del Artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ya que podría afectar "a jueces y magistradas que hayan opinado públicamente sobre temas relacionados con la violencia de género", ya que precisamente la nueva redacción permitiría eliminarles. La propuesta del Gobierno, según las feministas, "podría desembocar en juicios menos sensibles a los matices de la violencia de género, afectando a la imparcialidad y comprensión de estos casos".
Por estos motivos, las feministas exigen al Gobierno que reconsidere estas medidas "para asegurar que la protección de las víctimas no se vea comprometida". La Alianza contra el borrado de las mujeres anuncia que se dirigirá al PSOE para recordarle la importancia de la acusación popular para garantizar el derecho "a la tutela judicial efectiva".
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