La Agencia Tributaria (AEAT) metió a Soluciones de Gestión, la empresa proveedora de mascarillas del Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos, en un plan de inspección de las devoluciones de IVA en abril de 2020 y a finales de noviembre de 2024 no se ha imputado delito fiscal entre los delitos que pesan sobe la trama Koldo ni se ha denunciado, lo que puede tener consecuencias sobre la prescripción. La fecha de inicio de actuaciones la desvela el informe explosivo de la AEAT en el sumario desde febrero de 2024 que no sólo analiza la situación fiscal de Víctor de Aldama sino que incorpora una minuciosa explicación de la trama y de sus relaciones con el Gobierno de Pedro Sánchez, con Globalia y su rescate, con el Ministerio de Transportes y con la Venezuela de Nicolás Maduro y José Luis Rodríguez Zapatero y apunta una explicación del Delcygate.
Como ha informado Vozpópuli, en julio de 2021, el inspector que firma este informe, Raúl Burillo, tenía ya conocimiento completo de toda la trama a partir de las declaraciones del IVA y el Modelo 347 de operaciones de proveedores y clientes del año de la pandemia que Soluciones de Gestión presentó en el primer semestre de 2021 y de numerosos requerimientos de información a terceros.
El informe traslada que "los importantes beneficios obtenidos en 2020, las contingencias fiscales claras que se producen y las dudas enfrentadas en el relato de los hechos por los propios partícipes suponen la necesidad de trasladar su contenido a un ámbito superior".
El 11 de julio de 2021, Pedro Sánchez cesó a Ábalos como ministro de Transportes, y el 13 de julio, como secretario de organización del PSOE. No ha habido más actuaciones del Gobierno o del PSOE hasta febrero de 2024, tras conocerse las actuaciones del juez, en concreto, hasta el día 27 de ese mes, en que el Partido Socialista expulsó a Ábalos.
La Operación Delorme arranca de la denuncia que presentó el PP de Madrid ante la Fiscalía de Anticorrupción el 10 de marzo 2022 y los primeros registros y detenciones se produjeron el pasado 21 de febrero.
Burillo, el inspector que firmó el informe explosivo, ha revelado en el Senado la pasada semana que estuvo más de tres años investigando a Aldama y a empresas vinculadas con la trama Koldo sin que se impute delito fiscal ni se haya denunciado.
El plazo de las actuaciones del procedimiento de inspección debe concluir en 18 meses con carácter general y en 27 en circunstancias especiales, según establece el artículo 150.1 y 2 de la Ley General Tributaria. En algunas ocasiones se habilitan 60 días adicionales, lo que eleva el montante a 29 meses. Nunca a tres años, según refrendan inspectores y asesores fiscales consultados por Vozpópuli.
Con todo, este martes la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha atribuido a la Agencia Tributaria (AEAT) la denuncia de la trama Koldo.
Montero se atribuye la denuncia
Montero lo ha mantenido en su comparecencia en la Comisión del Senado que investiga la trama Koldo en respuesta al senador de ERC Joan Josep Queralt, que ha lamentado que la AEAT no fuera quien denunció los casos Filesa y Gürtel, pero no ha planteado quién denunció en el caso Koldo.
El senador Gerardo Camps, del Grupo Popular, sí que ha interpelado a Montero por este asunto. Camps ha blandido la denuncia del PP de Madrid y ha acusado a Montero de "mentir". La ministra de Hacienda se ha referido entonces a la denuncia de la trama de hidrocarburos, que ha asegurado que planteó la Delegación de la AEAT en Aragón. Camps le ha corregido y le ha dicho que en esta comunidad está la unidad que investigaba a Víctor de Aldama por la trama Koldo, pero no la de hidrocarburos.
Cabe recordar que esta causa sólo se ha hecho pública por la Fiscalía Anticorrupción el pasado 7 de octubre. Vozpópuli ha informado de cómo el Gobierno no activó las medidas contra el fraude de hidrocarburos hasta la detención de Aldama. En Génova y en el sector flota la sospecha de que el Ejecutivo dilató la acción contra la estafa del IVA, a sabiendas de que estaba implicado el empresario
"En febrero de 2024" ha dicho Montero que conoció la trama Koldo, sólo cuando se produjo el registro del Ministerio de Transportes y la detención de Koldo García por la UCO a instancias del juez.
La vicepresidenta ha tachado de "magnífico trabajo" el informe del inspector Raúl Burillo, que llegó al juez Ismael Moreno sin filtro el 2 de febrero de 2024. El 5 de febrero Hacienda cesó a los dos responsables directos de que el informe llegara así al juez: el director de Inspección y número dos de la AEAT, Javier Hurtado, y la delegada Especial de la AEAT en Aragón, Paloma Villaró. Montero ha sostenido que los ceses se firmaron el 1 de febrero.
