Unas 200.000 personas no pagaban por sus medicamentos en España al figurar como pensionistas, cuando realmente estaban en activo, un fraude que ha desvelado el cruce de datos entre ministerios para aplicar la próxima semana el nuevo "copago" farmacéutico en función de la renta.
Así lo ha anunciado este lunes la ministra de Sanidad, Ana Mato, en el Foro Ideas+Diálogo, donde ha explicado que la información compartida entre Hacienda, la Seguridad Social y su departamento, para determinar cuánto deberá aportar cada ciudadano por los fármacos, ha permitido atajar este "fraude" a las arcas públicas. La ministra ha afirmado que los 45 millones de usuarios de la Sanidad pública ya tienen asignado el código que indica lo que deberán pagar, al tiempo que sus tarjetas sanitarias "están puestas al día".
En este proceso, se ha constatado que en este país había 800.000 personas que usaban el sistema como "beneficiaros", cuando realmente podían ser titulares de la tarjeta sanitaria y, entre ellas, la cuarta parte no pagaban medicamentos porque figuraban como pensionistas cuando realmente estaban cobrando un salario.
En cuanto a las reticencias mostradas por varias Comunidades Autónomas frente al "copago" y a sus dificultades para poder implementarlo en la fecha prevista, el 1 de julio, Mato ha dicho que ni se plantea que algún Ejecutivo autonómico "incumpla" la Ley. La titular de Sanidad no ve necesaria una moratoria porque el Gobierno lleva "meses trabajando" con las Comunidades para que la medida entre en vigor sin dificultades el próximo domingo.
Ha reconocido, no obstante, que se pueda producir algún problema "puntual" que "ya ocurre" en estos momentos por lo que, si algo importante falla, "se trataría más bien una cuestión política", puesto que todas las regiones cuentan con los datos para aplicar la medida.
No está claro el modo de reembolso
Las divergencias existentes sobre cómo se llevará a cabo el reembolso a los pensionistas que excedan la cantidad estipulada de entre 8 y 18 euros mensuales a la hora de adquirir medicamentos, es algo, en opinión de Mato, que corresponde a la gestión autonómica y que entra dentro de sus competencias.
No obstante, el Ministerio trasladará una propuesta al Consejo Interterritorial de Salud del próximo miércoles para que las CCAA les ingresen lo que exceda de los topes de forma "trimestral o semestral" en la cuenta donde reciben su pensión, de modo que se establezca un acuerdo homogéneo en todo el Estado. "Llevamos meses trabajando, no tengo la menor duda de que la inmensa mayoría de las Comunidades Autónomas están de acuerdo y preparadas", ha insistido, para agregar que ni siquiera se plantea que alguna no lo haga, ya que "tienen que dar ejemplo y las leyes tienen que cumplirse".
Mato ha expresado su confianza en que por la "vía del diálogo" se arreglen las diferencias con la Generalitat de Cataluña, que ha anunciado que recurrirá el decreto de ahorro sanitario, mientras que el Ejecutivo vasco prepara un recurso contra el nuevo "copago". "Lo importante es llegar a acuerdos, estoy segura de que esta vía abierta fructificará", ha dicho con optimismo la ministra, quien ha aventurado que el ahorro que se lograra con la reforma sanitaria se elevará hasta los 7.400 millones de euros.
También ha adelantado que "en el futuro" se adoptarán medidas para que las familias numerosas paguen menos por los medicamentos, algo que no ha podido hacerse ahora por "motivos técnicos".
Se piden más sacrificios
La responsable de Sanidad ha expuesto que estas medidas son "necesarias", aunque exijan "sacrificios", junto con otras como la desfinanciación de los fármacos para dolencias menores y de los que han quedado obsoletos, actuación ésta última que se planteará en la reunión del miércoles. En este línea, ha puntualizado que desde 2003 la deuda sanitaria de España ha crecido un 173%, al pasar de 300 millones de euros a 16.000 en tan solo estos últimos años. Pese a las críticas del PSOE a la reforma sanitaria, ha argüido que "no hay cambio de modelo sino la garantía de su mantenimiento" en el futuro.
En materia de Igualdad, ha informado de que el Gobierno llevará a cabo iniciativas para "que el silencio no siga siendo el mejor cómplice de los maltratadores", tras conocerse que de las 25 asesinadas este año solo cuatro mujeres habían denunciado previamente su situación.
Al acto han asistido el presidente del Congreso, Jesús Posada, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, los ministros Cristóbal Montoro, Luis de Guindos, Fátima Báez y José Manuel Soria, así como los presidentes autonómicos de Madrid, Esperanza Aguirre; Murcia, Ramón Luis Valcárcel, y Aragón, Luisa Fernanda Rudi, entre otros dirigentes políticos.
