La Junta de Andalucía ha tomado medidas decisivas al detener la construcción ilegal en 21 parcelas ubicadas en suelo rústico protegido por su valor paisajístico y situado en una zona inundable en Lomopardo, Jerez de la Frontera. El equipo de Inspección de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Agenda Urbana, en colaboración con la Guardia Civil y la Policía Autonómica, ha procedido al precinto de dichas parcelas. Esta acción subraya el compromiso de las autoridades por preservar el entorno natural y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, evitando así el avance de construcciones no autorizadas en áreas protegidas.
Medidas contra el urbanismo ilegal
La intervención se ha llevado a cabo sobre una superficie de 57.207 metros cuadrados, donde se habían realizado divisiones físicas de parcelas sin contar con licencias ni control administrativo. En estas áreas se habían ejecutado obras como cerramientos perimetrales, edificaciones y la disposición de contenedores. Estas actividades están prohibidas por la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), que las considera infracciones muy graves.
La Guardia Civil, en coordinación con la Inspección autonómica, ha jugado un papel crucial en la investigación y denuncia de estas actuaciones. El precinto de las parcelas tiene como objetivo detener el rápido proceso de urbanización ilegal en la zona de Lomopardo. Además de situarse sobre suelo rústico, estas parcelas invadían la Zona de Policía del cauce del Arroyo Salado, con algunas ubicaciones dentro de áreas inundables. El asentamiento ilegal se encuentra en un terreno preservado por sus valores paisajísticos, próximo a la Autovía de Andalucía A-4, en el entorno de La Cartuja. Este ámbito incluye espacios forestales y cercanos al río, así como áreas de interés natural.
Las consecuencias a las que se enfrentan los infractores
En la intervención, se ha citado a una treintena de propietarios identificados por la Junta de Andalucía y la Guardia Civil, asegurando la proporcionalidad de las medidas adoptadas. La operación se ha realizado con el apoyo de la Consejería de Fomento, la Guardia Civil y la Policía Autonómica, responsables de la protección del dominio público hidráulico, así como técnicos de Endesa y el Consorcio de Aguas de la zona gaditana.
La Policía Nacional también ha brindado su apoyo en materia de seguridad ciudadana en Jerez de la Frontera. Los hechos denunciados podrían constituir delitos relacionados con la ordenación del territorio y el urbanismo, por lo que se ha trasladado el caso a la Fiscalía especializada en delitos sobre el Medio Ambiente y el Urbanismo.
La intervención se enmarca en la normativa que la Junta de Andalucía ha desarrollado con la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio (LISTA) y su reglamento. Este marco normativo ha fortalecido la inspección autonómica, permitiéndole ejercer competencias directas frente a infracciones en suelo rústico. La capacidad de actuar preventivamente y aumentar el número de actuaciones es fundamental para preservar el territorio y evitar que se repitan situaciones similares en el futuro. El balance de actuaciones de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en materia de inspección urbanística y ordenación del territorio cerró con un récord de 2.149 actuaciones en 2024. Destacan los cerca de 500 precintos y el notable incremento en el número de parcelas y edificaciones expedientadas por construcciones ilegales. Este aumento, multiplicado por 14 respecto a 2018, refleja el esfuerzo de las autoridades por combatir el urbanismo ilegal y proteger el patrimonio natural de Andalucía.
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