La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha señalado este viernes que el Gobierno está dispuesto a demoler solo la mitad del hotel del Algarrobico, en Carboneras (Almería). La imponente estructura, situada en pleno Parque Natural de Cabo de Gata, está en un proceso expropiatorio iniciado en base a la Ley de Costas. Aagesen ha solicitado a la Junta de Andalucía que se sume a esta iniciativa y abra un expediente paralelo para los terrenos que son de su competencia.
Sin embargo, la ministra ha advertido que su paciencia no es infinita: “Nosotros vamos a actuar donde somos competentes, aunque insisto: parecería totalmente absurdo que el 50% donde tenemos competencias lo derribemos, y el otro 50% se quede allí”, ha declarado durante un desayuno informativo organizado por la Cadena Ser y la Cámara de Comercio de Sevilla.
El pasado 2 de abril, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la apertura de un plazo de 15 días para presentar alegaciones contra la expropiación de los terrenos. Ahora es el turno de la promotora del edificio, Azata del Sol S.L, para presentar cualquier objeción al proceso iniciado. De los 32.654 metros cuadrados que ocupa la parcela, 16.432 (el 40%) pertenecen al Gobierno de España, mientras que el resto corresponde a la Junta de Andalucía, es decir 16.222 metros cuadrados (el 60%)
El conflicto con la Junta de Andalucía
El Ejecutivo de Juanma Moreno ha sido contundente en su postura en contra de la expropiación. Desde el primer momento en que la vicepresidenta y ministra de Hacienda anunció la iniciativa en Carboneras, frente al hotel y sin tener ninguna competencia al respecto. Para justificar su postura, la Junta recuerda que en 2007, durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ya se intentó llevar a cabo una expropiación sin éxito, ante la posibilidad de generar un laberinto judicial que, según argumentan, podría ralentizar la demolición.
Por ello, el Gobierno andaluz aboga por la vía judicial como la “más rápida”, que consistiría en anular la licencia otorgada a la promotora para construir en el entorno del Parque Natural. Sin embargo, la responsabilidad de cumplir con las sentencias judiciales emitidas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) recae sobre el Ayuntamiento de Carboneras. A pesar del tiempo transcurrido, el alcalde de la localidad, Salvador Hernández (Cs), no ha tomado ninguna medida al respecto. El plazo para actuar y revisar la licencia vence el próximo 10 de abril, o de lo contrario, el alcalde podría ser multado con una sanción que oscila entre los 150 y los 1.500 euros o ser denunciado por desobediencia ante la Fiscalía.
Un posible acuerdo con la Junta
Aunque la Junta de Andalucía no tiene previsto expropiar el 60% restante de los terrenos —los más alejados de la playa—, la ministra Aagesen se ha mostrado “optimista” sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo con la Junta. Según ella, este acuerdo permitiría que la Junta se sume al Gobierno central en la vía de la expropiación para derribar “esa aberración”, en lugar de seguir aferrándose al cumplimiento de las resoluciones judiciales.
Aagesen cree que la sociedad lleva “mucho tiempo esperando” a que se tomen medidas en este asunto. En este sentido, ha defendido la actuación del Gobierno central en el marco de sus competencias para erradicar el polémico hotel, al menos en la parte que invade el dominio público marítimo-terrestre debido a su cercanía a la línea de costa.
“Hemos pedido que, desde la Junta, actúen de manera complementaria en la parte que es de su competencia, que es el parque natural”, ha añadido la ministra, quien aún mantiene la “esperanza” de que los dirigentes del Gobierno regional cambien su postura y se sumen a esta iniciativa.
