Nuevo episodio en el caso de El Algarrobico. En esta ocasión, el Ayuntamiento de Carboneras (Almería) ha comunicado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que no puede cumplir con la sentencia que le obliga a modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y declarar el terreno como zona “no urbanizable”, donde se encuentra el hotel de Azata.
La razón detrás de este nuevo obstáculo burocrático, a pesar de los casi 10 años transcurridos desde que se emitió la sentencia en la que el Tribunal Supremo declaró "no urbanizable" el terreno, radica ahora en la falta de un arquitecto municipal. Esta figura es imprescindible para realizar las modificaciones urbanísticas que el alto tribunal exige. De momento, el consistorio ha informado de que dicha plaza vacante será cubierta a través de un proceso de selección para un arquitecto interino, aunque no se han especificado fechas concretas para su incorporación.
La sentencia del TSJA exige no solo el cambio en la clasificación de los terrenos, sino también la “publicación” de la normativa urbanística corregida en los boletines oficiales. Este paso es necesario, de forma que garantice la transparencia del proceso, sin embargo, hasta la fecha, el Ayuntamiento de Carboneras no ha completado esta publicación.
Un acuerdo sin renovar
El pasado 7 de febrero, el consistorio carbonero informó del convenio que mantenía con el Ayuntamiento de Garrucha había finalizado a principios de este año. Gracias a este acuerdo, Carboneras podía contar con los servicios de un arquitecto del municipio vecino para realizar las gestiones urbanísticas. Algo que empeora el contexto actual, con el reciente anuncio del Gobierno de España sobre la expropiación del 40% del terreno donde se encuentra el hotel.
Fue la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, la que ha dado un plazo de cinco meses para iniciar la demolición de la mole, salvo resolución judicial en contra. El tiempo pasa y ambas administraciones locales no han logrado renovar el pacto para seguir compartiendo este recurso técnico, algo que le corre mucha más prisa al ayuntamiento carbonero.
Ante la imposibilidad de disponer de un arquitecto municipal de forma inmediata, el Ayuntamiento de Carboneras, liderado por Salvador Hernández, ha solicitado asistencia técnica a la Diputación de Almería. No obstante, esta ayuda no ofrece garantías de una resolución rápida, ya que los informes encargados a la Diputación suelen demorarse debido a la sobrecarga de trabajo de esta institución.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a través de la magistrada María del Mar Jiménez Morera, ha tomado cartas en el asunto. Insta al alcalde de Carboneras que informe cada diez días de las actuaciones que se lleven a cabo, para cumplir con la sentencia. De producirse retrasos injustificados, el Ayuntamiento podría enfrentarse a sanciones.
Por eso mismo, deberán dar cuenta de los trabajos por parte de la Unidad de Asistencia a Municipios del Área de Urbanismo de la Diputación de Almería y que se indique quien será la autoridad que asuma las competencias para el debido cumplimiento de la sentencia, que le obliga a readaptar el PGOU.
No les dan credibilidad
Organizaciones ecologistas como Greenpeace han puesto de manifiesto en numerosas ocasiones las numerosas demoras del Ayuntamiento para cumplir con las sentencias. Tras la comunicación del consistorio al TSJA, se han limitado a señalar que llevan “cuatro años tramitando esta pieza de ejecución si que haya mostrado interés por cumplir la sentencia que le obliga a modificar el PGOU”. Por ello mismo, la organización ecologista ha solicitado que sea el propio TSJA el que ejecuta la sentencia debido al tiempo de demora y las evasiones del consistorio para cumplir con “las numerosos dictámenes relacionados con el hotel”.
