La Fiscalía Anticorrupción pone punto y final a uno de los procedimientos más longevos que se siguen en la Audiencia Nacional. Dos días después de que el magistrado Manuel García Castellón anunciara el fin de la trama Púnica, el Ministerio Público ha comunicado al juzgado que no pedirá más prórrogas acerca de la parte de la investigación que afecta a la presunta caja B del PP madrileño y que arrancó en el año 2014. Lo hace sin aclarar la decisión que tomará en relación al futuro procesal de los imputados que han pedido su archivo, y entre los que se encuentran Esperanza Aguirre.
En un escrito remitido a la Audiencia Nacional y al que ha tenido acceso Vozpópuli, el Ministerio Fiscal explica que la causa que arrancó con el foco en Francisco Granados por presuntos amaños de contratos públicos en la Comunidad de Madrid, terminará el 29 de enero de 2022. Se trata de la fecha acordada por el magistrado Manuel García Castellón, después de que éste comunicara que prorrogaría tres meses más la causa porque todavía quedan pruebas pendientes de practicar y recursos por resolver.
Aunque los fiscales Anticorrupción al frente del caso siempre han defendido la necesidad de continuar con las pesquisas, ahora consideran que ya no se pueden alargar más. El objetivo de su escrito, según indican, es el de "dotar de certeza procesal" a todas las partes de este procedimiento, teniendo en cuenta que ya han sido varias las veces en las que ha estado a punto de llegar a su fin. De hecho, el magistrado ya puso como fecha límite el 27 de agosto de 2020.
La reforma de la LECRim que extendía los plazos de las causas penales le llevó a dejar sin efecto esta decisión y a continuar investigando en relación a este procedimiento que se divide en un total de trece piezas. De todas ellas, la troncal es la que ahora se finiquita, relativa a una presunta financiación irregular dentro del PP de Madrid en los años en los que estuvo bajo la batuta de Esperanza Aguirre e Ignacio González.
El sistema de prórrogas unido al estado de la investigación y al largo periodo de tiempo que algunas personas llevan desde que fueron citadas acarrea un coste personal elevado
Ambos figuran como investigados en esta pieza junto con otros excargos del gobierno regional como Francisco Granados, los exconsejeros Salvador Victoria y Lucía Figar o el exgerente del PP madrileño y persona de máxima confianza de Aguirre, Beltrán Gutiérrez. A ellos se suman algunos de los empresarios que estarían implicados en el sistema de adjudicaciones ilícitas que denunció Anticorrupción, como Óscar Sánchez Moyano o Daniel Horacio Mercado además de Javier López Madrid, el constructor confeso David Marjaliza o antiguos empleados de Indra como Javier de Andrés (exconsejero delegado) o Diego Mora.
"Coste personal elevado"
Muchos de ellos han pedido en reiteradas ocasiones su salida del procedimiento desligándose de esta supuesta financiación ilegal del PP o negándola. Entre todos ellos destaca la expresidenta del partido regional y de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. El magistrado la imputó en 2019, tras cinco años de investigaciones, pero todavía tiene que decidir si le procesa dejándole al borde del banquillo o bien le libra de la causa. Anticorrupción, por su parte, siempre ha insistido que estuvo en el origen de la práctica irregular de las adjudicaciones de la capital y que era conocedora de estos supuestos amaños.
"A los efectos de los recursos sobre peticiones de sobreseimiento existentes, y los que puedan interponerse en este lapso temporal, nos remitimos al citado informe de conclusión de la instrucción, pues la existencia de una gran pluralidad de hechos, así como de personas, aconseja resolver todos en un informe unitario en que se pueda valorar la prueba en su conjunto", explican. Con todo, la Fiscalía admite que, pese a la extensión y complejidad de esta pieza, la causa implica un "coste personal elevado" para todas aquellas personas que figuran imputadas desde el estallido de la operación hace ahora siete años.
Anticorrupción, que ya avanza que hará un informe final "razonado, motivado e individualizado" de todos los imputados en esta línea de investigación, matiza que su criterio a dar carpetazo a las pesquisas puede cambiar. Apunta que "quedará condicionado" a cómo se resuelve su recurso contra la formación de la última de las piezas de la causa. Se trata de la investigación que impulsó García Castellón el pasado mes de mayo para estudiar la documental aportada a la causa por el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega.
La baza de la Fiscalía
Este antiguo edil del Partido Popular fue una de las tres personas que se ofrecieron ante Anticorrupción para declarar en contra de Esperanza Aguirre. Las otras dos fueron Isabel Jordán (antigua empleada de una de las empresas de Francisco Correa) y el exregidor de Boadilla del Monte Arturo González Panero. Este último -conocido como 'el Albondiguilla'- acaba de confesar los hechos que se le atribuyen por la rama de la Gürtel relativa a los contratos en este municipio de Madrid y que comenzará a juzgarse en la Audiencia Nacional el próximo 16 de noviembre.
Todos ellos apuntaron en sede judicial que Aguirre era perfecta conocedora de las adjudicaciones que se licitaban en el Gobierno regional, aunque fue Ortega el que precisó que controlaba la financiación opaca del partido. Ortega, que compareció como testigo, estuvo a punto de ser imputado en el procedimiento por confesar irregularidades en el ente público Mercado Puerta de Toledo a cuyo frente se encontraba en el momento de los hechos. A tenor de esta confesión, el juzgado le requirió la contabilidad de la firma relativa a los ejercicios comprendidos entre 2006 y 2009.
Cinco piezas vivas
Tras recabar la documental, además de contratos y nuevas facturas, el juez abrió esta nueva pieza con el fin de investigar en paralelo estos hechos y no retrasar todavía más la investigación por la caja B del PP. Anticorrupción y otras acusaciones que litigan en el procedimiento, como Adade, se opusieron a separar estos hechos de la pieza que afecta a la antigua plana mayor del PP madrileño apuntando que carecía de lógica desgajarlo. "El objeto de la pieza es el de la financiación irregular y la captación y desvío de fondos en un periodo y a través de unos procedimientos exactamente idénticos a los expuestos por Guillermo Ortega", alegó Anticorrupción.
Con todo, el cierre de la pieza novena viene a sumarse al de otras de la macrocausa que también se han ido finiquitando en los últimos meses. En concreto, quedan terminadas las derivadas de la Púnica en León (pieza 2) y Murcia (pieza 3), además de la relativa a contratos menores de la trama en pequeñas localidades de Madrid (pieza 5), la contratación de la energética Cofely (pieza 6) y de Waiter Music (pieza 7), así como la número 10 sobre adjudicaciones irregulares a empresas vinculadas al 'conseguidor' de la trama, Alejandro de Pedro. Hasta la fecha solo una pieza de la Púnica, la primera, se ha juzgado, y es la relativa al presunto chivatazo a Granados de que estaba siendo investigado por la UCO.
Por contra quedan vivas todavía la pieza número 4 sobre el pelotazo urbanístico de Valdemoro en el que están implicados Granados y David Marjaliza. Además de las investigaciones por los hechos relativos a la etapa de Granados en la Comunidad de Madrid (pieza 8), la que salpica a la empresa escolar Alfedel con la que se habrían desfalcado 15 millones de euros (pieza 11) la que indaga el presunto blanqueo de la trama fuera de España (número 12) y, finalmente, la número 13 sobre las últimas facturas en relación a la presunta financiación irregular en la Comunidad de Madrid bajo la etapa de Aguirre.
