Ignacio González no será juzgado en la pieza de blanqueo de capitales del caso Lezo. El magistrado Joaquín Gadea le ha archivado la causa a petición de la Fiscalía Anticorrupción que sostiene que no hay indicios suficientes para atribuirle este delito. Según el Ministerio Público, ninguna de las diligencias practicadas durante estos años de instrucción permiten achacarle "operaciones de blanqueo" con fondos ilícitos que habría obtenido de su etapa como presidente del Canal de Isabel II.
En su escrito, al que ha tenido acceso Vozpópuli, Anticorrupción sostiene que, pese a librarle en esta pieza separada, el expresidente de la Comunidad de Madrid se sentará en el banquillo de los acusados por otra tres líneas de investigación: la relativa al pelotazo del Canal con la compra de la brasileña Emissao en 2013, la construcción del campo de golf del Canal de Isabel II y la adjudicación a OHL de las obras del tren de Navalcarnero en 2007.
Ninguna de las diligencias arroja indicios suficientes para atribuirle operaciones de blanqueo tendentes a aflorar fondos que pudo obtener de sus ilícitas actividades
"A pesar de las numerosas diligencias de investigación practicadas, ninguna de ellas ha arrojado indicios para atribuirle la realización de operaciones de blanqueo tendentes a aflorar los fondos que pudo obtener con las ilícitas actividades cometidas durante el ejercicio de su cargo público, respecto de las cuáles ya fue acusado en las conocidas como pieza 1 (Emissao), pieza 2 (campo de golf) y 3 (tren de Navalcarnero)", reza la fiscal Anticorrupción.
Archivo para la mujer de González
Del mismo modo también solicitó al instructor que dejara fuera de la causa a la mujer de González, Lourdes Cavero; la empresaria Carmen Pilar Pazos Bejarano y a Concepción Ruano; esta última mujer del exgerente del Canal de Isabel II Idelfonso de Miguel. De Cavero dice la Fiscalía que tampoco hay pruebas suficientes que permitan concluir que constituyó el grupo empresarial Chikies para ayudar a González a "aflorar fondos que pudiera haber generado de manera ilícita".
También considera Anticorrupción que no se ha podido acreditar que Concepción Ruano colaborase en un supuesto blanqueo de capitales de Ildefonso de Miguel, contra el cual sí ejerce acusación. El exgerente del Canal, convertido en uno de los cabecillas de esta trama de corrupción, es la única persona a la que propone juzgar al considerar que entre los años 1999 y 2008 dispuso en el extranjero al menos 3,8 millones de euros; cuantía que ocultó a Hacienda.
"Constituyó un entramado societario y financiero con presencia en Panamá, Liechtenstein, Suiza y Guernsey que utilizó para ocultar sus fondos de origen desconocido que posteriormente afloró en España mediante la interposición de otras sociedades", reza el Ministerio Público. Al respecto detalla todo el movimiento del dinero desde la apertura de una cuenta en 1999 en la isla Guernsey hasta el traspaso, ya en el año 2008, de un total de 2,2 millones d euros de fondos que tenía ocultos en una cuenta de Suiza.
El exgerente del Canal, al banquillo
Anticorrupción precisa al respecto que De Miguel ocultó todas estas ganancias patrimoniales al fisco español y que, como consecuencia de estas salidas de fondos, defraudó a la Hacienda Pública un total de siete ejercicios entre 1999 y 2008 por importe total de 1,5 millones de euros. No obstante, Anticorrupción no ha formulado acusación dichos delitos consumados al encontrarse prescritos en el momento en que se incoaron diligencias por esta causa. Del mismo modo también acredita "maniobras" entre los años 2011 y 2014 para aflorar todo ese dinero.
Dichos movimientos consistieron, principalmente, en contratos simulados de préstamos desde sus sociedades y con grupos de inversión extranjeros. Así, por ejemplo, en 2014 (dos años antes de que arrancaran estas diligencias en la Audiencia Nacional) De Miguel se sirvió de un grupo luxemburgués llamado Hanson. Este inversor fue traspasando fondos entre diversas cuentas bancarias abiertas en Suiza y España a nombre de sus sociedades hasta que los puso a disposición de De Miguel en España. Con esta maniobra afloró aproximadamente 2,5 millones de euros.
Las notas de Villarejo
Siguiendo el criterio de Anticorrupción, el magistrado Joaquín Gadea ha actuado contra De Miguel en esta pieza quinta del caso Lezo y ha propuesto que se le juzgue por delito de blanqueo de capitales. De esta forma los investigadores culminan una pieza separada más de la macrocausa Lezo que arrancó en este órgano en 2016 en el marco de una investigación por presunta mordidas para adjudicar la obra del tren de Navalcarnero.
De hecho, recientemente, el magistrado accedió a incorporar en esta línea de la investigación unas notas encontradas en las agendas personales de José Manuel Villarejo con los nombres de personas que habrían mediado en esta licitación en 2007. El magistrado accedió a la petición de la UCO, que consideró que los manuscritos del comisario jubilado venían a reforzar los indicios de la Policía Judicial acerca del desvío de 2,5 millones de euros desde unas cuentas de OHL de México para ser la adjudicataria de esta obra.
Estas notas acreditaron la relación de los pagos girados desde Hanalei Holdings (firma controlada por las personas reconocidas por Villarejo) a una sociedad panameña de Ildefonso de Miguel. Además, la Policía Judicial reforzó su tesis de que esta supuesta comisión tenía como destinatario último a De Miguel, si bien las diligencias practicadas pusieron de manifiesto que el dinero se lo quedó finalmente Adrián de la Joya. El empresario de la jet expuso en sede judicial que actuó de este modo porque la constructora le debía ese monto por un trabajo en África. Ignacio González, por su parte, siempre se desvinculó de este asunto.
Nono
Le pedirán disculpas públicamente los lobos de la izquierda y los cobardes del PP?