La nueva norma de revisión de ascensores afectará a entre un 35 y un 40 % de los instalados en toda España, que tendrán que acometer unas reformas cuyo coste puede llegar a rondar los 30.000 euros en los casos más complejos y que se estima que puede tardar unos 7 años en realizarse al completo.
La Federación Empresarial Española de Ascensores (FEEDA) apunta que a cierre de 2023 había 1.180.000 de ellos en España, de los que estima que entre un 35 % y un 40 % estarán afectados, en menor o mayor medida, por esta nueva regulación de seguridad.
El Consejo de Ministros aprobó a comienzos de abril la Instrucción Técnica Complementaria ITC relativa a la puesta en servicio, modificación, mantenimiento e inspección de los ascensores, dos semanas después se publicó en el en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrará en vigor el 1 de julio.
Marta Ladero, asesora legal de la Federación Empresarial Española de Ascensores (FEEDA), explica a EFE que la reciente normativa busca implementar medidas de seguridad que actualmente incorporan los nuevos ascensores en los elevadores más antiguos.
Entre los requisitos que se incluyen está, por ejemplo, la nivelación de los elevadores para limitar el desnivel entre el interior del mismo y la parte exterior, con el objetivo de evitar accidentes.
La norma también recoge la detección en puertas con cortinillas no solo por haz puntual, para evitar atrapamientos por las puertas de cabina. Los más antiguos suelen tener instaladas dos fotocédulas en la parte inferior, mientras que los más modernos disponen ya de sistemas de barreras fotoeléctricas que cubren una mayor superficie.
Otra de las condiciones que añade la regulación es que los ascensores cuenten con una sistema de comunicación bidireccional para que en caso de encierro, la persona pueda comunicarse con el exterior.
Así, como la protección del usuario contra los movimientos ascendentes incontrolados de la cabina y los movimientos incontrolados de cabina en reposo y puertas abiertas o modernizar el contrapeso.
