El Orgullo de Madrid es la fiesta más importante del colectivo LGTBI en España. Reúne a más de un millón de personas, muchos de ellos turistas, que se congregan, manifiestan, beben y disfrutan de conciertos para recordar y reivindicar los derechos de un colectivo durante mucho tiempo discriminado y vilipendiado en puntos emblemáticos de la capital de España para el movimiento.
La fiesta, de una legitimidad social incuestionable, mueve en cualquier caso un negocio que, según los promotores, deja más de 150 millones de euros a la ciudad de Madrid - un estudio del BBVA rebaja la cifra a 24 millones -, y que crece año a año: pasó de cuatro días en 2008 a ocho en la actualidad.
La principal entidad detrás de la organización de la fiesta en su vertiente económica es la Asociación de Empresas y Profesionales para Gays y Lesbianas de Madrid y su Comunidad (AEGAL), que opera con un presupuesto de alrededor de 800.000 euros para la promoción y organización de la fiesta, la mayoría de ellos procedentes de las arcas del Ayuntamiento de Madrid.
"Tenemos unos asociados y a ellos les presentamos las cuentas cada año al cierre del ejercicio. Todo lo que ingresamos por la fiesta lo dirigimos a la fiesta"
La organización y producción de los escenarios y conciertos - el pago de los traslados a los artistas y el caché de los integrantes de las bandas -, y la tramitación previa a la comercialización de las barras en las plazas (Chueca, Alcalá, del Rey, Puerta del Sol, Plaza del Callao, Pedro Zerolo) pasan por esta asociación sin ánimo de lucro pero con un reconocido cariz empresarial.
"No somos una ONG", responde el coordinador de la entidad a Vozpópuli, Juan Carlos Alonso, cuando se les solicita las cuentas anuales de la entidad, que no aparecen en la web de AEGAL (aparecen solo algunas cifras de la fiesta de 2011) como sí sucede en el caso de COGAM, otro de los organizadores de la fiesta.
"Tenemos unos asociados que hacen sus aportaciones mensuales y a ellos les presentamos las cuentas cada año al cierre del ejercicio. Todo lo que ingresamos por la fiesta, lo dirigimos a la fiesta", zanja Alonso.
Empresarios cercanos desde hace tiempo
Así las cosas, al margen de las subvenciones públicas, el Orgullo supone otras dos vías de ingresos para la Asociación: los patrocinios y publicidades privadas, y las aportaciones de los empresarios que 'explotan' las barras, además de las multas de ruido que el Consistorio 'perdona' a los organizadores desde 2016. Por el primer concepto, la Asociación dice haber recaudado el último año en torno a 200.000 euros. Por el segundo, unos 35.000.
"Nosotros nos encargamos de toda la producción de la fiesta y los escenarios, y de gestionar la tramitación para que las barras se comercialicen. Nos parece justo pedir tan solo una aportación al empresario que se llevará los ingresos comerciales de la barra", dice el coordinador de AEGAL. "Suelen ser empresarios cercanos desde hace tiempo al Orgullo, con los que llevamos años trabajando", inciden desde la Asociación, presidida por Alfonso Llopart, director de la revista Shangay. El Confidencial ha informado que la petición de cuotas por parte de esta "persona jurídica que no desarrolla actividad económica" incluye a artistas.
"Somos una asociación que desde el 2004 trabajan en pos de la convivencia y el fortalecimiento de los asociados", remarcan de forma similar en su página web, integrada por "empresarios y profesionales que dirigen su actividad comercial a la comunidad gayfriendly, establecidos en toda la Comunidad de Madrid, con especial presencia en las zonas de Centro, Chueca y la Latina". Fuentes conocedoras apuntan en este sentido a empresarios de importantes discotecas de la noche madrileña con presencia también en agencias de turismo gay.
"La manifestación se da en unas condiciones en las que se necesita de elementos que permita a los asistentes refrescarse"
Las 'autorizaciones' para explotar las barras pueden ir de menos de 1.000 euros hasta por encima de los 3.400 (con IVA) para las no asociados, dependiendo de la plaza, y conllevan unos precios fijados para la venta de las bebidas, incluidas las alcohólicas. Heineken, Cruzcampo, Schewppes, Vodka Absolut, Tequila Sauza y Bourbon Jim Bean son algunas de las marcas que han estado fijadas para estas fiestas.
La plataforma vecinal de Chueca ha denunciado que en el proyecto del evento se "camuflan como elementos auxiliares a los eventos" la venta de bebidas alcohólicas. "La manifestación se da en unas condiciones en las que se necesita de elementos que permitan a los asistentes refrescarse", defienden desde AEGAL.
La crítica más recurrente desde la plataforma vecinal y sectores del propio colectivo a los organización pasa por el hecho de que esta nunca haya como pasado, como otras fiestas populares que tienen los mismos privilegios, por un concurso público técnico - ni en la era PP ni en la de Manuela Carmena-, frente a otros posibles organizadores, para 'ganarse' la gestión de este fenómeno considerado, desde 2016, como fiesta de "interés general", por solicitud de la propia AEGAL. Hasta ese momento había sido un evento de entidades particulares con autorización pública para usar el espacio.
"Nosotros hemos sido quienes hemos impulsado el evento desde sus inicios", dice Alonso. "A la gente que plantea lo del concurso, le digo, ¿qué quieren, que la fiesta la organice una multinacional o una gran empresa? Nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro, no nos llevamos nada".
