La Audiencia Nacional ha declinado recusar al presidente del tribunal que juzgará a Francisco Camps en su última cuenta pendiente con la Justicia por la trama Gürtel. La Sala de lo Penal ha estudiado la recusación planteada por el expresidente de la Generalitat Valenciana y concluye que no va a apartar al magistrado José Antonio Mora Alarcón del tribunal que juzgará una de las piezas de esta gran trama de corrupción liderada por Francisco Correa. Se trata del mismo magistrado que ha juzgado y condenado la última de las piezas de la red, relativa a la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006.
Este es el segundo intento fallido del exlíder del PP valenciano de recusar a otro magistrado que integraba el tribunal ya que ya había solicitado previamente apartar al magistrado José Ricardo de Prada. Ahora, la Sala precisa en una providencia que no se cumplen los requisitos para dejar fuera al magistrado Mora Alarcón el cual, además de liderar el tribunal, es presidente de la Sección Segunda de la Audiencia Nacional.
Según precisa esta Sección Segunda en la respuesta, la petición no puede prosperar puesto que ya le notificaron el 13 de diciembre del pasado año la composición del tribunal y transcurrió el plazo de 10 días que marca la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para interponer recusación sin que hiciera nada al respecto. Además, también le recuerda que no concurre falta de imparcialidad en el caso de la actuación de Mora Alarcón. El expresidente valenciano recusó al magistrado alegando, por un lado, que estaba contaminado porque había juzgado ya otra pieza de la trama Gürtel, y, por otro, que él mismo había resuelto su otro incidente de recusación contra José Ricardo de Prada.
Alegato de Camps erróneo
La Sala que resuelve este asunto le responde que no puede sostenerse este alegato porque la Ley contempla que los incidentes de recusación (en este caso de magistrados de la Audiencia Nacional) los instruye otro magistrado que pertenezca a la misma Sala, siguiendo un criterio de reparto del asunto por antigüedad. Es decir, que Mora Alarcón no cometió ninguna irregularidad en el estudio de la primera solicitud de Francisco Camps contra el magistrado de corte progresista De Prada (el cual ha pedido su traslado a la Sección Primera de la Sala de lo Penal).
"De manera que es palmario que los incidentes de recusación de los magistrados de la Audiencia Nacional se resuelvan por la Sala de lo Penal no siendo de aplicación las normas de las Audiencias Provinciales que invoca el recusante, debiéndole recordar que lo alegado en su escrito es del todo erróneo, pues José Antonio Mora Alarcón es superior jerárquico de José Ricardo de Prada, y al contrario de lo que se alega en su recurso, es más antiguo en el escalafón que el Sr. De Prada", reza la respuesta.
La tesis de Camps
De esta forma la Audiencia Nacional descarta el último intento de Camps para cambiar la composición del tribunal de la Sección Segunda que le juzgará por los contratos de la Generalitat Valenciana con una de las empresas de la trama Gürtel (Orange Market) para el montaje del stand de Fitur del año 2009. El expresidente valenciano, al que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana absolvió por su implicación en otra pieza de Gürtel, ha denunciado una caza de brujas para intentar llevarle al banquillo por la red de Francisco Correa.
Tanto es así que, como avanzó este diario, avanzó a la Audiencia Nacional que elevaría una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que se pronunciase sobre este asunto. Camps mantiene que ha sido víctima de "juicios paralelos" durante los más de 12 años que dura ya la deriva judicial por esta trama. A su juicio, se le han privado de los derechos más fundamentales por esta investigación penal (en tanto no se le llamó a declarar en la instrucción) y no se ha respetado su presunción de inocencia.
Dos años y medio de cárcel
Cabe recordar que esta pieza de la red Gürtel se reabrió en en 2018 a tenor de las confesiones de Francisco Correa y otros cabecillas de la red en uno de los principales juicios de la trama. Entonces apuntaron que existía una caja B en el PP valenciano y que el presidente de la Generalitat estaba al tanto del asunto. El que fuera magistrado instructor de los hechos, José de la Mata, reabrió las pesquisas y le imputó por delito de prevaricación administrativa. En concreto indagó si estuvo detrás de la orden de contratar con Orange Market para el diseño del stand de Grandes Eventos en Fitur de 2009.
El magistrado concluyó que el empresario Álvaro Pérez-Alonso (el Bigotes) se concertó con Dora Ibars, entonces Directora General de Promoción Institucional, para lograr esta licitación fuera de los cauces legales. Al respecto dijo que la exalto cargo del gobierno valenciano actuó siguiendo las directrices de Camps, el cual mantenía por aquellos años una “relación personal de amistad y confianza” con 'El Bigotes', gerente de Orange Market.
Por todo ello concluyó que se trataba de una “ilegalidad manifiesta” por parte de Camps, el cual se enfrenta a una petición de prisión de dos años y medio de prisión. El expresidente valenciano alega, por su parte, que no hay pruebas de calado que sostengan esta acusación, que Ibars nunca declaró contra él y que a él nunca le llamaron a declarar en el marco de este procedimiento. Al hilo también expuso que las confesiones de los empresarios en el juicio por la primera época de la trama carecen de validez porque se contradicen con lo manifestado en otras instrucciones judiciales en las que le desligaron de cualquier irregularidad en las adjudicaciones.
