La Fiscalía Anticorrupción ha tomado declaración a Tomás Díaz Ayuso por su implicación en el contrato para el suministro de mascarillas al Gobierno madrileño. El hermano de Isabel Díaz Ayuso compareció el pasado 8 de abril para pronunciarse en relación a este contrato que está bajo la lupa de la Justicia desde el pasado mes de febrero. En su declaración, el hermano de la mandataria regional defendió la legalidad del contrato y desligó a la presidenta de cualquier vínculo con el mismo.
Tal y como avanza el diario El Mundo y ha podido confirmar Vozpópuli de fuentes de la investigación, la Fiscalía interrogó al empresario en el marco de estas pesquisas que dirige de primera mano el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón. Según ha podido saber este medio, su comparecencia se produjo el mismo día que la del consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Además, también se ha tomado declaración a una serie de altos cargos del Gobierno regional implicados en la licitación de este contrato.
Se trata de unas diligencias que no solo se siguen en Anticorrupción, sino también en la Fiscalía Europea. De hecho, este órgano también ha practicado diligencias en las últimas semanas; entre ellas ha tomado declaración a Daniel Alcaraz, el dueño de la empresa que se adjudicó el contrato para el suministro de mascarillas por importe de 1,5 millones de euros.
El pasado 22 de febrero el fiscal jefe de Anticorrupción incoó diligencias a tenor de las denuncias presentadas en este órgano por los grupos municipales de PSOE, Podemos y Más Madrid. El decreto expuso que las denuncias no concretaban los hechos pero que se hacía necesario practicar una serie de diligencias para esclarecer si con esta adjudicación se habría producido delito de tráfico de influencias, malversación, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios.
Avances en Anticorrupción
Ya desde un primer momento, el decreto dejó claro que la investigación no se dirigía contra ninguna persona física o jurídica, aunque incidía en la necesidad de impulsar las diligencias por dos motivos: uno, "por la relevancia que tiene el recto y normal funcionamiento de la Administración Pública" y, otro, "por la indiscutible trascendencia social" del contexto. Se refiere la Fiscalía a la situación en la que se produjo la firma de este contrato, en plena crisis sanitaria por el inicio de la pandemia del coronavirus.
Desde entonces el fiscal jefe dirige una investigación a puerta cerrada y en secreto de la que pocos detalles han trascendido hasta el momento. Además de las declaraciones practicadas, la Fiscalía también ha requerido más documental sobre este contrato, del que siempre se ha desligado Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrileña, no obstante, confirmó que su hermano cobró por su implicación en esta gestión. En concreto, se benefició de 280.000 euros que, según Díaz Ayuso, no responden a una comisión, sino a su gestión en el asunto.
Días después del arranque de estas diligencias la Fiscalía Europea irrumpió en escena y las reclamó por un posible delito de malversación de fondos europeos ya que el contrato, firmado en abril de 2020, estaba financiado con cuantías provenientes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). Anticorrupción se negó a entregar todas las pesquisas argumentando que se investigaban delitos que solo afectan al ámbito nacional. Ello provocó que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, convocara a la Junta de Fiscales de Sala para tratar el asunto.
Causas de las mascarillas
La Junta respaldó por unanimidad que las pesquisas se quedaran en Anticorrupción, lo que implicó que las diligencias se dividieran en dos, quedando en manos de la Fiscalía Europea la investigación por posible delito de malversación de fondos y en Anticorrupción la parte que es competencia nacional. De esta forma, el Ministerio Público ha ido avanzando en unas pesquisas que pretende continuar con máximo secreto hasta concluir si presenta querella para que se investiguen en un juzgado o, por el contrario, se archivan.
Además de estas diligencias el Ministerio Público también acaba de arrancar otra investigación por contratos por el suministro de material sanitario en plena pandemia. En concreto, Luzón ha accedido a investigar los contratos que firmó el Gobierno de Pedro Sánchez para esclarecer, igualmente, si se produjo algún trato de favor con estas licitaciones.
Se trata de trece contratos por un valor de hasta 326 millones de euros que el Gobierno de Ayuso llevó ante la Fiscalía Anticorrupción. Algunas de las empresas están vinculadas con Pedro Sánchez, el exministro de Sanidad Salvador Illa y la ministra de Economía Nadia Calviño. En su decreto, Anticorrupción hace un análisis de todas las firmas que se beneficiaron de los contratos y detalla que investigará posibles irregularidades relacionadas con la falta de comprobación del Gobierno a la hora de adjudicar los contratos así como las vinculaciones de estas empresas con las administraciones públicas que las contrataron.
