La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid no ve en su informe definitivo ninguna irregularidad en el contrato con el hermano de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. El documente publicado este miércoles por el organismo regional afirma que "la mayoría de los contratos fiscalizados" se han adaptado a las prescripciones que establece el ordenamiento jurídico para la situación de emergencia ocasionada por el coronavirus, y solo en dos expedientes (259 y 260), que no corresponden a los de la hermano de la presidenta, se utilizó una "tramitación de emergencia".
Además, la Cámara también señala que una serie de expedientes (105 al 114, 196, del 214 al 221 y el 254), en los que tampoco se incluyen el del hermano de Ayuso , no se aportó la justificación de haberse dado cuenta al Consejo de Gobierno.
En este informe , el organismo ha analizado un total de 4.448 contratos de emergencia firmado por la Comunidad de Madrid durante todo el 2020, por un importe total de adjudicación con IVA de 943.441.168,49 euros.
Contrato de 1,5 millones
El Gobierno regional adjudicó en abril de 2020 un contrato de 1,5 millones de euros a la empresa Priviet Sportive S.L., relacionada con el hermano de Ayuso. Los documentos los firmaron el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y la viceconsejera de asistencia sanitaria, Ana Dávila-Ponce de León, en los meses de mayo y abril, respectivamente.
Los contratos, a los que tuvo acceso 'Vozpópuli', indican el millón y medio de euros que destinó el Ejecutivo regional para la compra de mascarillas FFP2 y FFP3 a la empresa Priviet Sportive S.L., propiedad de Daniel Alcázar, un presunto empresario amigo íntimo de la familia de Ayuso.
Contrato de la Comunidad de Madrid
Resolución que adjudica mascarillas con la empresa Priviet en la Comunidad de Madrid by Vozpopuli on Scribd
Anticorrupción abrió diligencias
La Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias de investigación el pasado 22 de febrero por la adjudicación de este contrato. Según confirmaron fuentes fiscales a ‘Vozpópuli‘, se abre de esta manera unas diligencias no judicializadas para esclarecer si se pudo cometer algún tipo de delito con la adjudicación de este contrato en abril de 2020. El foco se centra en los movimientos bancarios de Tomás Díaz Ayuso y en sus declaraciones fiscales por los cobros recibidos de la empresa Priviet Sportive S.L
El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, explicó en un decreto que resulta «procedente» practicar algunas diligencias debido, por un lado, a la «relevancia» que tiene el normal funcionamiento de la Administración Pública y, por otro, a la «indiscutible trascendencia social» del contexto en el que se produjeron los hechos, en referencia a la gravedad de la crisis sanitaria existente en aquel momento. Con todo, descartó enviar este asunto a la Fiscalía del Tribunal Supremo, órgano donde está aforada Díaz Ayuso, porque hasta el momento no hay indicios «razonablemente verosímiles» en su contra.
«Por lo que se refiere a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, los denunciantes (Podemos, Más Madrid y PSOE) proponen distintas hipótesis sobre su eventual participación en presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios. Estas hipótesis se sustentan en una secuencia de hechos que, de momento, no permiten acordar la remisión a la Fiscalía del Tribunal Supremo, pues no constituyen indicios razonablemente verosímiles de la realización del hecho investigado», reza el decreto de Anticorrupción.
