Principio del fin de la pesadilla judicial para el rey emérito. La decisión de la Fiscalía suiza de archivar la investigación por la millonaria donación que recibió de Arabia Saudí, abre la puerta a que España mueva ficha en la misma dirección. El dictamen de Ginebra de dar carpetazo a las diligencias al no poder determinar el origen de los fondos investigados en los últimos tres años, marca el camino por el que discurrirá, casi con total probabilidad, el fin de las causas que se han ido abriendo contra el padre de Felipe VI.
Pese a que el Ministerio Público lleva semanas ultimando el cierre de tres diligencias abiertas en relación a la gestión de su patrimonio, el fiscal suizo Yves Bertossa cogió este lunes la delantera y archivó la investigación que mantenía viva desde 2018 por las comisiones internacionales vinculadas al contrato del AVE a La Meca. Aunque el monarca no estaba investigado en estas diligencias, el asunto le afectaba directamente ya que giraba en torno a los 65 millones de euros que recibió en 2008 a modo de donación de Arabia Saudí y que, cuatro años después, terminaron en una cuenta de Corinna Larsen en Las Bahamas.
Los argumentos esgrimidos por la Fiscalía del Cantón de Ginebra son claros: tras tres años y medio de pesquisas, no se ha podido acreditar que el movimiento de fondos de los hasta ahora investigados tenga relación directa con el pago de la millonaria comisión a Juan Carlos I. Sin embargo, el archivo no es incompatible con que Bertossa admita en su escrito final que los cinco investigados por blanqueo tenían una clara voluntad de ocultar todos estos movimientos.
Comisiones bajo sospecha
De hecho, les reprocha que utilizaran cuentas en Suiza a nombre de terceros y que se valieran de estructuras y sociedades para mover el dinero. Solo en lo que respecta a la examiga íntima del monarca, se identificaron tres pagos por importe total de 8,8 millones de dólares provenientes de Kuwait y Baréin. Pese a ellos, todos quedan libres de estas pesquisas que se dan por agotadas sin aclarar el vínculo entre la adjudicación de la faraónica obra en Arabia Saudí con la donación de 65 millones de euros que autorizó el rey Abdalá bin Abdulaziz.
El último tramo de esta causa suiza parece discurrir en paralelo con la seguida en España por las cuentas del rey emérito. Desde hace semanas, la Fiscalía del Tribunal Supremo trabaja en el fin del total de tres líneas abiertas en los últimos meses. La decisión de prorrogar medio año las pesquisas abiertas al monarca no reside en que quieran practicar más diligencias, sino en el hecho de que están a la espera de recibir información clave de Suiza que permita dar carpetazo al asunto.
Se trata de una documental fiscal relativa a los ejercicios de 2015 y 2016 que tiene pendiente de recabar de Bertossa. Esta información gira en torno principalmente a la Fundación Zagakta, sociedad de la que es propietario Álvaro de Orleans (primo del emérito) y que ha estado bajo la lupa de los investigadores que sospechan que podría haber actuado como testaferro del exjefe del Estado. De hecho, a esta misma fundación se cargaron gastos privados del monarca -como viajes en avión- por importe cercano a los 8 millones de euros.
Delito fiscal y blanqueo
De esta forma la investigación que ha liderado el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos, se acerca a su fin en cuanto Suiza dé respuesta a esta petición, que se enmarca en la colaboración mantenida entre ambos países durante todo el proceso. Este órgano ha llegado a acumular hasta tres investigaciones contra el emérito abiertas todas ellas por presuntos delitos fiscales y de blanqueo.
La prescripción del delito, su inviolabilidad hasta 2014 y las regularizaciones fiscales han frenado el avance de las investigaciones
La primera comenzó en la Fiscalía Anticorrupción. Las confesiones que Corinna Larsen hizo a José Manuel Villarejo en relación a las presuntas comisiones del rey emérito, implicaron la apertura de unas pesquisas en este órgano para investigar si los empresarios que se adjudicaron la obra en Arabia Saudí pagaron mordidas a cambio de la misma. En lo relativo a Juan Carlos I, el asunto se derivó a la Fiscalía del Tribunal Supremo por su condición de aforado.
Ya bajo las órdenes del órgano que dirige Dolores Delgado se abrieron otras dos líneas más: una relativa al presunto uso irregular de unas tarjetas opacas al fisco entre 2016 y 2018 y, la tercera, sobre unas cuentas en la isla de Jersey. En este último caso, el aviso lo dio el Sepblac, que advirtió de una fortuna cercana a los 5 millones de euros que habría ocultado desde 2005. Sin embargo, el avance de estas investigaciones siempre se topó con escollos de calado como la prescripción del delito, la condición de inviolabilidad de Juan Carlos I hasta 2014 (año en que abdicó en la figura de su hijo) y las regularizaciones fiscales.
En este tiempo el emérito trató de evitar que la investigación fiscal acabara en la Sala Segunda del Tribunal Supremo y, por ello, efectuó dos pagos al fisco, uno de 678.393,72 euros y otro de 4,4 millones de euros. Entonces, su abogado Javier Sánchez Junco aclaró que los abonos se hicieron sin requerimiento previo, pero la Fiscalía avisó que era un asunto especialmente complejo y trascendente e insinuó que Juan Carlos I sabía que se le investigaba cuando efectuó estos abonos millonarios.
La demanda de Corinna
Con todo, el efecto dominó de Suiza no solo tendrá su derivada en la Fiscalía del Supremo. Las diligencias que ha seguido Anticorrupción por las comisiones del AVE también se aproximan a su fin. Al igual que ha ocurrido en Ginebra, el rumbo que tomen estas pesquisas abiertas por corrupción internacional dependerá, principalmente, del vínculo que puedan establecer entre la licitación y las supuestas mordidas que pagó el consorcio.
Y a todo ello todavía quedaría por añadir un asunto pendiente en la deriva judicial que afecta al rey. Se trata de la demanda que interpuso Corinna Larsen en los tribunales de Reino Unido por presunto acoso y amenazas que la consultora alemana atribuye al entorno del monarca toda vez que se rompió su relación de amistad. En este caso, se está a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Reino Unido se pronuncie sobre su inmunidad antes de entrar en el fondo del tema. Así, mientras la defensa de la alemana insiste en que son hechos posteriores a su abdicación, la defensa del emérito apela a su inmunidad acordada en el estatuto que se redactó en 2014 y que le confiere este estatus diplomático.
