Mientras Pedro Sánchez pasea su boina gris por Marruecos y Lanzarote, sus socios de Gobierno siguen elevando el precio de la investidura. El último en hacerlo ha sido el BNG, que pese a contar con solo un diputado, su apoyo es tan necesario como el de Junts o Esquerra (ERC). Los gallegos ya dejaron claro que no iban a apoyar gratis a Sánchez y ya han desvelado el coste económico que tendrá para el erario público su 'sí'. Fuentes del partido independentista gallego señalan a Vozpópuli que se exigirá al PSOE el incremento de la inversión en Galicia en 2.000 millones de euros anuales, lo que en cuatro años de legislatura se traduce en 8.000 millones de euros.
"Lo que reclama el BNG es lo que ya estaba incluido en el programa electoral y en el Decálogo que se presentó en la campaña: incremento de la inversión en Galicia hasta 2.000 millones de euros al año", manifiestan desde el BNG. Los gallegos suponen un elemento más en una larga factura que va camino de los 150.000 millones de euros si se tienen en cuenta las exigencias de Junts, ERC y Sumar.
De todas fuerzas a las que Sánchez tiene que 'comprar', las más caras son las catalanas. Junts y ERC ponen como condición para la investidura que se condone la deuda de Cataluña con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), una cantidad que supera los 70.000 millones de euros. De ceder en este punto, el Gobierno español estaría pagando 120 veces más por esta concesión a los separatistas que lo que destina a la Atención Primaria. Por no hablar del mensaje "maligno" que se trasladaría al resto de comunidades autónomas, como apuntan diversos especialistas económicos, que alertan que no se puede premiar "al que lo hace mal".
Los socialistas parecen dispuestos a todo con tal de repetir legislatura, y su filial catalana, el PSC de Salvador Illa, ya ha dado muestras en el Parlament de apoyar, al menos, una quita parcial de la deuda autonómica. Sin embargo, el coste del voto de los 14 diputados de Junts y ERC es aun mayor. Ambas formaciones quieren aprovechar la coyuntura política para poner punto final al déficit fiscal, que el Gobierno de Pere Aragonès cifró el año pasado en 20.000 millones de euros.
Este déficit se calcula contrastando el gasto efectivo en inversiones y Seguridad Social por parte del sector público central en un determinado territorio con la aportación que dicha comunidad efectúa a las arcas centrales en términos fiscales. Históricamente, la Comunidad de Madrid ha sido la que ha presentado una balanza fiscal más negativa -o sea, la que más aporta y menos recibe-, pero los independentistas siempre han aireado el déficit fiscal como ejemplo de los atropellos del Estado español con Cataluña.
El lío de Sumar
En Sumar ansían ocupar asientos en la Moncloa cerquita de Pedro Sánchez, pero la amalgama de partidos que componen la coalición están poniendo las cosas difíciles. Esta misma semana, Podemos reclamaba que la nueva Presidencia del Congreso retire los cuadros de Juan Carlos I de los pasillos y que no se conceda acreditación de prensa a "supuestos medios de comunicación que difunden mentiras y discursos de odio". Esta última propuesta abre la puerta directamente a la censura.
Más allá de Podemos y sus enfrentamientos con Yolanda Díaz, Compromís ya ha amenazado con no apoyar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno si este no asume la condonación de la deuda que el Estado tiene contraída con la Comunidad Valenciana. Es decir, 40.000 millones de euros que tendría que asumir el Estado central de la Comunidad Valenciana, la CCAA más endeudada en términos de PIB (ronda el 50%).
La factura por investir a Sánchez sigue engordando de llevarse a cabo el programa de Yolanda Díaz, que supondría un aumento histórico del gasto público. De entre todas las medidas, una de las más difundidas en campaña electoral es la que apuesta por regalar 20.000 euros a todo ciudadano español que cumpla 18 años para que se lo pueda gastar en sus estudios o en emprender un nuevo negocio. Una propuesta que implicaría gastar 10.000 millones de euros.
Los vascos también ponen precio
PNV y EH Bildu se juegan la hegemonía política en País Vasco en las elecciones del año próximo, por lo que cabe esperar que ambos harán una apuesta elevada en el tablero de negociación con Sánchez. EH Bildu ya ha anunciado próximos contactos con el socialista Rafael Simancas. Por su parte, el PNV ha establecido varias líneas rojas de cara a negociar: acelerar las obras del 'AVE vasco', terminar las transferencias de las competencias con el traspaso de la gestión de la Seguridad Social como principal meta y, por último, abordar la posibilidad de un nuevo Estatuto para Euskadi. Todo ello contribuirá a seguir engordando la investidura de un presidente que va a salir muy caro a los españoles.
