Tirón de orejas de Bruselas a Pedro Sánchez. La Comisión Europea asegura que no se puede culpar a la normativa europea del atasco en las convocatorias y licitaciones vinculadas a los PERTE. Así consta en la respuesta escrita de la Comisión Europea a una pregunta del PP a la que ha accedido Vozpópuli. La Comisión Europea niega "retrasos" en la ejecución de los PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación) achacables a las leyes comunitarias.
"La Comisión no tiene constancia de retrasos debidos a las normas de la UE sobre ayudas estatales en la ejecución de los PERTE", dice la respuesta. "La Comisión considera que las normas actuales sobre ayudas estatales ofrecen flexibilidad suficiente para permitir la aplicación satisfactoria de los planes de recuperación y resiliencia, incluidos los de España".
La respuesta de la Comisión está firmada por su vicepresidenta, Margaret Vestager. Y está fechada el 25 de enero. Es el mismo día que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, envió una carta de felicitación al presidente del Gobierno por su gestión de los fondos europeos. La oficina de Von der Leyen ha matizado después que la misiva forma parte del procedimiento y que se enviará una carta similar a todos los Estados cuando se complete el primer desembolso.
El atasco de los PERTE
Sin embargo, tal y como informaba Vozpópuli este fin de semana, existe una enorme inquietud entre los empresarios por la lentitud y las dificultades que están encontrando para planificar sus inversiones. Los PERTE son la supuesta joya de la colaboración público-privada de los fondos europeos contra el impacto del coronavirus.
Vestager explica que la Comisión ha proporcionado "orientaciones" a todos los Estados sobre cómo diseñar medidas que no incurran en ayudas estatales que puedan afectar a las leyes de competencia. Y que se ha dado prioridad de tratamiento a todas las peticiones relativas a los planes de Recuperación.
En ese sentido, se cita como ejemplo concreto una medida de ayuda para apoyar el PERTE del vehículo eléctrico que el Gobierno español notificó el 5 de noviembre del 2021. "La Comisión aprobó la medida el 9 de diciembre del 2021, respetando plenamente el plazo establecido", asegura sobre la celeridad de su visto bueno.
Esa aprobación no ha servido de momento para nada. Y la imposibilidad de desarrollar el PERTE ha demostrado, según fuentes empresariales, la complicada digestión de los fondos europeos, por el gran volumen asignado (70.000 millones) y el corto plazo para su ejecución completa (hasta 2026).
El fiasco del vehículo eléctrico
Sánchez anunció en marzo "la creación de un consorcio público privado para la puesta en marcha de una gran fábrica de baterías". La alianza inicial la configuraban Volkswagen e Iberdrola y suponía el pistoletazo de salida del PERTE del vehículo eléctrico. Diez meses después, ni siquiera se han publicado los pliegos del concurso.
Sobre si hay margen para una mayor flexibilidad que acelere las licitaciones, la comisaria Verstager sostiene que la legislación actual ofrece "flexibilidad suficiente para permitir la aplicación satisfactoria de los planes de recuperación y resiliencia de todos los países, incluidos los de España".
El líder del PP, Pablo Casado, ha iniciado una ofensiva política contra el Ejecutivo en la que cuestiona un "sesgo ideológico" en el reparto de algunas partidas de la ayuda de Bruselas y un retraso en la gestión de la misma. La ofensiva está apoyada en una batería de preguntas orales y escritas tanto en el Congreso de los Diputados como en la Eurocámara.
El Gobierno identificó seis PERTE en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Los proyectos estratégicos identificados por España son el desarrollo del Vehículo eléctrico y Conectado; la Salud de Vanguardia; el Español: nueva economía de la lengua; el Aeroespacial y el de la Cadena Agroalimentaria Inteligente y Sostenible; y el Hidrógeno Verde.
Bruselas rechaza las dificultades
Los PERTE todavía no tienen definidas sus bases, ni las convocatorias, ni por supuesto las licitaciones. Y la respuesta habitual del Ejecutivo cuando se le ha preguntado por el atasco de los ministerios es la dificultad que se está encontrando la normativa comunitaria. Una dificultad que la Comisión rechaza.
La pregunta sobre los PERTE, firmada por las eurodiputadas del PP Dolors Montserrat e Isabel Benjumea, también incluye un punto sobre el primer tramo de financiación recibido por España. Vestager subraya la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 36/2020 de medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación. El Gobierno salvó la votación de la norma en el Parlamento gracias a la abstención de Vox. "Las autoridades españolas han enviado una copia del decreto y otras pruebas para demostrar que entró en vigor", señala el texto.
"Según la evaluación preliminar de la Comisión, y sobre la base de la justificación facilitada, el hito se ha cumplido satisfactoriamente a efectos de la primera solicitud de pago presentada por España", añade en referencia a los 10.000 millones del primer tramo del fondo de recuperación solicitados por el Ejecutivo en noviembre.
