María Isabel Valldecabres, la que fuera jefa del gabinete de la exvicepresidenta Carmen Calvo, ha evitado que el caso por la entrada y salida del país de Brahim Ghali afecte a la exnúmero dos del Gobierno. La exmano derecha de Calvo ha explicado en calidad de testigo ante el juez de Zaragoza que investiga estos hechos que ésta le pidió que averiguara los pormenores del asunto porque no tenía una información precisa del dispositivo. La solicitud se hizo el 15 de abril, tres días antes de que aterrizara el líder del Frente Polisario en España.
El juez, que ya avanzó que se plantearía llamar a declarar a Calvo en función de lo que contase la testigo, citó tanto a Valldecabres como Susana Crisóstomo, jefa del gabinete del ministro del Interior, en aras a esclarecer el grado de conocimiento que existía en ambos departamentos en relación con la llegada a España el 18 de abril del activista saharaui. Aunque las dos testigos estaban convocadas para el 18 de octubre, el magistrado retrasó la cita a este viernes a petición de las comparecientes.
Las testificales acordadas en el marco de este procedimiento abierto por delitos de prevaricación y falsedad documental, han comenzado a las 12.30 con Valldecabres, según confirman fuentes presentes en las declaraciones a Vozpópuli. La actual directora general de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre ha explicado que su jefa desconocía los pormenores del operativo por el cual están imputados en la causa tanto la exministra de Exteriores, Arancha González Laya, como su exjefe de gabinete Camilo Villarino.
De este modo ha venido a confirmar lo que contó el propio Villarino ante el juez en relación a la conversación que mantuvieron ambos y que fue la que propició que se le llamara a declarar como testigo. La misma se produjo el 15 de abril, tres días antes de que Ghali aterrizara en la base aérea de Zaragoza para ser traslado a un hospital de Logroño, donde ingresó con identidad falsa. Valldecabres ha negado cualquier implicación de Calvo en la gestión de la llegada del líder Polisario, la cual desató un fuerte conflicto diplomático con Marruecos.
Delegan en Villarino
Por su parte Susana Crisóstomo también ha desligado a Marlaska de la entrada de Ghali la cual se produjo sin identificarle y evitando que pasara por el control de aduanas. Al respecto, ha precisado que ella se enteró de la presencia del presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) el 23 de abril, cinco días después de su aterrizaje en Zaragoza proveniente de Argelia. Crisóstomo ha explicado que ese mismo día Marlaska le dijo que llamara a Villarino para que éste, a su vez, comunicase a la Audiencia Nacional de la presencia del líder del Frente Polisario en Logroño.
Marlaska -que también fue magistrado de la Audiencia Nacional- requirió a Exteriores para que fuera el departamento que entonces dirigía Arancha González Laya el que tramitara la gestión. En aquel momento existían dos causas en este órgano contra Ghali y otros miembros del Frente Polisario por torturas y lesa humanidad, entre otros delitos. El magistrado Santiago Pedraz reabrió las más antiguas (que datan de 2008) después de que la Comisaría General de Información verificase que la persona que se encontraba en el hospital de Logroño tratándose de coronavirus era Brahim Ghali.
El activista, que dejó España el 1 de junio desde la base aérea de Pamplona, ingresó en el centro médico de Logroño con la identidad falsa de Mohamed Benbatouche. Sin embargo, la filtración en prensa de los hechos propició que las acusaciones que actúan contra él en la Audiencia Nacional solicitaran la reapertura de las diligencias. El magistrado Pedraz, tras corroborar su verdadera identidad, le tomó declaración por videoconferencia el 1 de junio y, al término, declinó imponerle medida cautelar alguna.
El foco en Laya
A finales de julio archivó estas diligencias al no apreciar delito de genocidio y apuntó además que los hechos (que según los denunciantes se cometieron entre los años 1975 y 1990) estarían prescritos. En la actualidad solo mantiene abierto un procedimiento por delito de torturas. El querellante, Fadel Breica, alega que militares del Frente Polisario le retuvieron a medidos de 2019 por organizar una manifestación contraria a la línea oficial del movimiento. Mantiene que fue torturado durante los meses que estuvo retenido y recibió también descargas eléctricas.
Con todo, la causa abierta en Zaragoza ha seguido avanzando en paralelo en aras a esclarecer de dónde salieron las órdenes para dejar entrar y salir de España al líder Polisario sin pasar por los controles. Las diligencias practicadas apuntaron rápidamente al jefe de gabinete de la exministra. El entonces general segundo jefe del Estado Mayor del Aire, Francisco Javier Fernández Sánchez, trasladó al magistrado Rafael Lasala que él cumplió órdenes de Villarino y que nunca supo la verdadera identidad del visitante ni la de su acompañante (un hijo que entró en España sin el permiso de residencia en vigor).
En su declaración ante el juez, el antiguo jefe de gabinete de Exteriores, explicó que él, a su vez, actuó acorde a las directrices de Laya y que se le dijo que Ghali viajaba con pasaporte diplomático. Requeridas también las comunicaciones intercambiadas entre Villarino y el mando general, el juez imputó a Laya. En su comparecencia, la exjefa de la diplomacia confirmó la tesis del Gobierno acerca de que le acogieron por motivos humanitarios. Sin embargo, al ser preguntada por la persona de contacto en Argelia con la que fraguó la entrada o si ésta se debía a otros motivos, guardó silencio acogiéndose a la Ley de Secretos Oficiales.
