• Fernando Clavijo con jóvenes inmigrantes

Cada vez que en la Península un dirigente nacionalista de Canarias sostiene que quiere limitar la residencia de foráneos alguien responde que en España la Constitución lo impide. Cierto pero ya hace años que Canarias dejó de jugar la partida de la Carta Magna porque sus problemas son permanentes y las respuestas que desde Congreso de los Diputados y Senado se dan a las demandas isleñas no suelen ser eficaces.

Los nacionalistas canarios se han centrado en Europa porque tienen una válvula legal que les permite negociar directamente con Bruselas. Y es que el artículo 349 del Tratado de la UE otorga a las regiones alejadas de los principales centros de decisión de la CE, entre ellas Canarias, un régimen jurídico específico que considera sus desventajas estructurales derivadas de factores como la lejanía, la insularidad y la dependencia económica de pocos sectores. Este artículo es el que le puede permitir operar casi como un Estado en la UE.

La ponencia marco de CC para el congreso de 2025 llamada 'Identidad nacional canaria y el encaje de Canarias en el Estado español y en Europa' de José M. Ruano, Jesús Machín y José Gilberto Moreno dan las claves de la agenda canaria que viene: negociar con Bruselas a la vista de la crispación de Madrid con "las dos Españas".

El artículo 349 no es un agujero negro legislativo pero los expertos saben que los isleños no van de farol porque "considera que la persistencia y combinación de este cúmulo de factores perjudica gravemente el desarrollo de estos territorios. Por un lado, la persistencia y, por otro lado, la combinación o acumulación de dichos factores, pues no se dan aisladamente, sino todos o gran parte de ellos, a la vez", señala Pilar Málaga Tello, vocal asesora de la Subdirección General de Relaciones Exteriores y Asuntos Comerciales de la Secretaría de Estado para la Unión Europea del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Y es que la 'sentencia Mayotte' del Tribunal de Justicia de la UE de 2015 destacó la importancia del artículo 349 para desarrollar soluciones específicas que aborden los desafíos únicos de las RUP. En el caso de Canarias, este enfoque es esencial para equilibrar el impacto del turismo masivo en las islas mayores con la promoción de economías sostenibles en las islas verdes, asegurando así un desarrollo más inclusivo y equilibrado en el archipiélago. Con esta estrategia, la Unión Europea reafirma su compromiso de apoyar a Canarias y a las demás RUP en su búsqueda de soluciones sostenibles a largo plazo, promoviendo la cohesión territorial y social mientras se enfrentan a los desafíos del siglo XXI.

En la ponencia de CC para establecer las bases ideológicas de cara al futuro se señala que Canarias "enfrenta el desafío demográfico" mientras Europa refuerza el apoyo a las Regiones Ultraperiféricas dado que la "sostenibilidad social, económica y ambiental va a requerir la adopción de medidas excepcionales, autorizadas por parte de la UE, para garantizar el equilibrio entre la actividad económica y la calidad de vida de sus residentes".

La ponencia marco de CC advierte que "vuelve a repetirse la historia política de las dos Españas" con "una profunda división ideológica y cultural que caracterizó a España desde el siglo XIX, que se agudizó en los años 20 y 30 del siglo XX y que se llevó al extremo en la Guerra Civil (1936-1939)" y recuerda que "la dictadura, la pobreza y la emigración fueron especialmente duros con Canarias". "Esa política bifronte se nutre además con partidos como Sumar, Podemos y Vox, populistas en cada uno de sus respectivos extremos. También el  secesionismo catalán y la extrema izquierda secesionista vasca, constituyen un problema presente para el desarrollo del Estado autonómico", advierte CC.

Por ello, en la escalada competencial que quiere desarrollar se incluye la "autorización de trabajo de extranjeros" y, "aunque el escenario bifronte de la política española no apunta en la dirección de pactos de Estado para la reforma constitucional, desde Canarias debemos demandar la reforma del contenido de la Disposición Adicional Tercera de la Constitución, a fin de precisar en la misma diversas cuestiones que la integración europea y el Estatuto de 2018 han venido actualizar: su régimen singular como Archipiélago atlántico, la incorporación de las políticas diferenciadas como región ultraperiférica de la Unión Europea y la garantía de un régimen económico y fiscal que pueda actualizarse en la nueva era digital, respetando la posición del Parlamento de Canarias en su reforma".

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