Aunque el horizonte electoral aún está por definir y el Gobierno sostiene que agotará la legislatura pese a las discrepancias internas, los partidos políticos están sometidos a una constante campaña para tratar de sumar nuevos votos ante un Congreso cada vez más fragmentado. Así, no pasa desapercibido el valor de las 150.000 papeletas de policías nacionales y guardias civiles, testigos de la creciente tensión política y, en las últimas semanas, convertidos en arma arrojadiza en las bancadas de los diputados. Pablo Casado, en un acto celebrado en Toledo, y Fernando Grande-Marlaska, desde la Cámara Baja, han escrito las últimas líneas en esa guerra basada en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Pero no han sido los únicos.
Equiparación salarial, disturbios en Cataluña e inseguridad en el Campo de Gibraltar son los principales escenarios que han marcado las tiranteces entre sindicatos y asociaciones de ambos cuerpos con Moncloa -tanto en esta legislatura como en la anterior-. Pero el episodio que ha detonado el conflicto ha sido la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Todos a una, policías y guardias civiles han protestado por una modificación que, a su juicio, pone en riesgo el orden público y su propia integridad. Miles de agentes se manifestaron contra el Gobierno por haber abordado los cambios sin haber tenido en cuenta sus opiniones y anuncian más movilizaciones si no se escuchan sus demandas.
Desde entonces se han visto envueltos en una tormenta política perfecta. Una posición que incomoda en las más altas esferas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, señalan fuentes de seguridad a Vozpópuli, que recuerdan la condición apolítica de ambas instituciones y su debida labor como garantes de la Constitución, independientemente del color del Gobierno. Los sindicatos y asociaciones, además, aseveran que sus protestas no son contra un partido político o contra un espectro del arco parlamentario, sino contra el modo en que se está ejecutando la reforma legislativa. Y que sus manifestaciones, a las que asistieron representantes de Partido Popular, Vox y Ciudadanos, estaban abiertas a todo aquel que estuviese en contra de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana.
Pero las embestidas políticas han terminado por alcanzar a los uniformados, trascendiendo incluso a sindicatos y asociaciones para alcanzar de pleno a las instituciones de las que forman parte. Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista y secretario de Estado de Agenda 2030, puso en duda las intenciones de los agentes al manifestarse: “Estamos sorprendidos de que los sindicatos policiales estén pidiendo limitar los derechos fundamentales de los ciudadanos”. También Pablo Iglesias, exdirigente de Unidas Podemos, tildó de “fachas” a los dirigentes de la plataforma Jusapol, una de las convocantes de las protestas.
Pero las críticas también llegaron desde la bancada socialista. El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, acusó al PP de actuar como un “pirómano” por manifestarse “junto a Vox” con los policías y guardias civiles, e insistió en que las cifras de agentes han aumentado en la actual legislatura, a diferencia de lo que ocurrió en tiempos de Mariano Rajoy. A juicio de la diputada socialista Zaida Cantera, los agentes que protestaron y sus proclamas suponen “una amenaza a la democracia”. En respuesta, cuentas de Jusapol de Twitter le recordaron que ella asistió a una movilización convocada por la plataforma policial en 2018, cuando el Gobierno era de color azul.
A esas consideraciones hay que sumar la de Odón Elorza. El diputado del PSOE por Guipúzcoa apunta que "las fuerzas de involución" extienden su influencia en diferentes esferas de la administración, llamadas a ser garantes de la Constitución. Entre ellas, cita a las Fuerzas Armadas, a la Justicia y a la Policía.
Cruce de mensajes Marlaska-Casado
Voces policiales y de la Guardia Civil consultadas por Vozpópuli manifiestan su "incomodidad" por la "guerra política" en la que están inmersos, y piden que se les mantenga al margen de pugnas partidistas que "empañen" la imagen de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sin embargo, el debate sobre cómo deben articularse las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se ha convertido en uno de los ejes sobre los que se articula el confrontamiento entre los principales partidos políticos.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se aleja de las consideraciones que hacen algunos de los diputados socialistas y presume del aumento en las cifras de policías y guardias civiles, así como en su mejora salarial. Desde el Congreso de los Diputados criticó este miércoles la gestión que hizo el Gobierno del Partido Popular en materia de seguridad y aseguró que el actual Ejecutivo "sí que va a derogar la Ley Mordaza", tal y como "recogían los programas electorales" del PSOE y de Unidas Podemos.
Casi al mismo tiempo, pero desde Toledo, el presidente del PP, Pablo Casado, participaba en el XII Congreso Nacional del Sindicato Unificado de Policía (SUP), prometiendo una batería de medidas relacionadas con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en caso de que su partido llegue a la Moncloa: "La equiparación salarial se hará ley, garantizaremos los compromisos retributivos para los agentes que prestan servicios en Baleares, el Campo de Gibraltar y Cataluña y endureceremos las penas en los delitos contras los agentes".
Mensajes cruzados en los que no se pierde de vista el volátil escenario electoral. Por el momento no se contempla la posibilidad de una llamada a las urnas, pero las promesas en un caladero electoral de envergadura puede suponer la diferencia entre un escaño arriba o abajo. Y entre azules y verdes, los uniformados suman un total de 150.000 agentes.
