"Este documento expresa una preocupación fundada en el caso específico de la acción del Gobierno español. La prolongación de instrumentos constitucionales de excepción más allá de lo razonable, el ejercicio del llamado mando único a través de reglas administrativas de rango mínimo (pero que, sin embargo, también implican una intrusión grave en la esfera de los derechos económicos y civiles de los ciudadanos), así como el deterioro de la capacidad del Parlamento como instancia de control democrático son algunos de los aspectos que se evalúan a continuación".
Ese duro párrafo forma parte del informe que remitió el uno de junio a la Comisión Europea la portavoz del PP en el Europarlamento, Dolors Montserrat, tras lo cual Pablo Casado ha tenido que escuchar de Pedro Sánchez y otros miembros del Ejecutivo PSOE/Podemos gruesos calificativos -"ignominioso", "infame"-. También, fuertes críticas internas por el fondo del documento, ya que viene a cuestionar el funcionamiento de la democracia española, y por el destinatario, nada menos que el comisario de Justicia, el belga Didier Reynders.
Reynders es de la familia liberal de Ciudadanos y ya los eurodiputados naranja dudaron en 2019 si respaldarle como comisario de Justicia, precisamente por la postura reticente de su país -y la suya personal- a entregar al ex president de la Generalitat al Tribunal Supremo. Ahora, todos los partidos, también el PP, temen que la denuncia popular sirva a los contrarios a la extradición para convencer a los eurodiputados de otros países de que no es conveniente retirar la inmunidad a Puigdemont porque es un preso político y España poco menos que la Hungría de Víctor Orban.
El suplicatorio pendiente
"No podemos actuar en Bruselas como Carles Puigdemont ni hacerle el caldo gordo", se escucha en estos días en despachos populares de Bruselas, Madrid, en alusión a la estrategia de desprestigio de la democracia española que sigue el huido ex presidente de la Generalitat, residente en Bélgica (Waterloo) desde hace más de dos años y pendiente de la decisión que adopte el Parlamento Europeo sobre su futuro.
"Cuando el uno de junio vimos el informe del PP -señala un eurodiputado de otra formación española- no dábamos crédito porque es un golpe en la línea de flotación de la estrategia de todos los partidos españoles aquí contra el ataque a nuestras instituciones... A partir de ahora, cuando la Comisión de Justicia del Parlamento Europeo debata el suplicatorio, ya se encargará el independentismo catalán y sus aliados aquí de que todos los eurodiputados tengan sobre la mesa ese informe para que voten no".
"Si quien tiene que estudiar el informe es un belga (Reynders), cuyo país se niega a entregar a Puigdemont a la Justicia con argumentos similares a los que decimos ahí, malo", reconoce un diputado del PP
El "desastre" de gestión de la Covid-19 por parte de Sánchez y el "escandaloso" desfase de muertos es cierto y denunciable, explican fuentes populares, pero no lo es menos que llevar la pelea política fuera de las fronteras según y cómo acaba perjudicando a la imagen del país, no solo la del Ejecutivo.
"Si quien tiene que estudiar el informe es belga (Reynders), cuyo país mantiene un contencioso con España por negarse a entregar a la Justicia a Puigdemont con argumentos similares a los que decimos ahí, malo", reconoce un parlamentario nacional. Esta fuente ve en el acercamiento del partido al Gobierno de estos días un intento de enmendar "una deriva que no nos hacía ningún bien".
En algún despacho del PP se cuestiona la "falta de reflejos" de Dolors Montserrat, por no darse cuenta de que cuando denuncia en la capital comunitaria un intento de "controlar el poder judicial" por parte de Sánchez y Pablo Iglesias, está metiendo al partido y a Casado en una dinámica que "ningún partido español se puede permitir con el suplicatorio en trámitación; ni Vox".
Resulta significativo y señal de que el asunto ha acabado haciendo daño en la sede de la calle Génova el hecho de que este miércoles, en el sesión de control al Gobierno, el presidente de los populares se abstuviera de entrar al trapo cuando Pedro Sánchez sacó a colación el citado informe, que ya no está en la web del partido.
Si en el PP quieren llegar a acuerdos, empiecen por lo básico: apoyen al Gobierno en la negociación del Fondo de Recuperación en Bruselas. Si quiere arrimar el hombro Sr. Casado, defienda los intereses de nuestro país en Europa y fuera de España como está haciendo este Ejecutivo. pic.twitter.com/A4PN7PlfzK
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) June 24, 2020
La polémica ha coincidido en el tiempo con el inicio del deshielo entre los dos grandes partidos. El PP ha apoyado con su voto esta semana el decreto de Nueva Normalidad tras semanas de negociación del ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la ex ministra Ana Pastor, y ahora distintos ministerios están negociando con ella y con la ex ministra Elvira Rodríguez el apoyo de los populares a las conclusiones de la Comisión de reconstrucción.
Y en Bruselas el PP también ha iniciado un acercamiento al resto de los partidos, que ha comenzado este mismo viernes con la firma conjunta, este viernes en el diario El País por parte del vicepresidente del Grupo Popular Europeo, Esteban González Pons, el portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Estrasburgo, Luis Garicano, y el eurodiputado socialista Javier Moreno, de un artículo titulado Unidos hacia la reconstrucción europea.
Los 500.000 millones en inversión directa que propone la Comisión Europea en su Fondo de Reconstrucción -otros 250.000 serán en créditos- son para estos diputados "el mínimo necesario para dar una respuesta europea creíble a una crisis tan grave como la de la covid-19".
