Juan tendrá su juicio 30 años después de que una bicicleta bomba colocada por ETA le matase en plena calle. Y la histórica terrorista Carmen Guisasola volverá muchos años después a sentarse en el banquillo de los acusados para responder por aquel asesinato cometido el 30 de enero de 1990 en Galdácano. Es el resultado de un trabajo judicial y policial por esclarecer las decenas de atentados sin autor conocido de la banda. En este caso ha costado años buceando en sumarios y archivos polvorientos de la época en la que había muertos prácticamente todas las semanas.
Esta es la historia de investigadores empeñados y decisiones in extremis para salvar primero del olvido y luego de la prescripción el caso de Juan Ignacio Pérez Álvarez. Aquel día de enero, este policía nacional salió de tomar el aperitivo en el bar Los Claveles camino de su casa para comer. Justo antes de subir al coche, los terroristas hicieron estallar la carga explosiva colocada en las alforjas de una bicicleta. Era la primera vez que ETA usaba este método para matar.
El agente, de 39 años, murió en el acto. Tenía mujer y tres hijos de cuatro, diez y doce años. Nacido en el pueblo leonés de Villagatón, llevaba ocho años viviendo con su familia en el País Vasco como miembro del Servicio de Automoción de la Comisaría de Basauri. A su funeral acudieron cerca de 4.000 personas. Con su asesinato, ETA despejaba de golpe las especulaciones de un proceso de negociación tras una larga temporada sin actuar. Nada se supo de los responsables de este atentado reivindicado por la banda en las páginas del diario Egin.
El juicio en septiembre
Tres décadas después, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha fijado el juicio de estos hechos para los días 8, 9 y 10 de septiembre. Junto a Carmen Guisasola están procesados los presuntos autores materiales, Óscar Abad Palacios y José Ramón Martínez García. La Fiscalía pide para cada uno de ellos 30 años de cárcel. Serán juzgados en virtud del Código Penal de 1973, que era el que estaba vigente cuando se cometieron los hechos.
No ha sido fácil llegar hasta la celebración de este juicio. Este atentado se archivó por primera vez en 1993 después de citar a testigos e instruir un sumario que se cerró sin procesamientos. Ahí comenzó a correr el reloj de la prescripción a la que se enfrentan la mayoría de los casi 300 crímenes de ETA sin resolver. Se reabrió momentáneamente en 2004 para autorizar la destrucción del coche de la víctima, pero se cerró de nuevo meses después.
El siguiente hito es un salto de 20 años. Enero de 2013, quedan solo dos meses para que la puerta se cierre para siempre y la Fiscalía encarga a la Policía Nacional un último informe en busca de un milagro judicial. Los agentes peinan sumarios y atestados de atentados de la época, acciones y arrestos en lugares cercanos. Y es entonces cuando descubren que la pista de la que tirar siempre había estado ahí, concretamente en el sumario que se abrió a raíz de la detención de los terroristas Palacios y Martínez García dos años después del atentado.
El sumario 18/1992 contenía las declaraciones de los dos etarras en sede policial y judicial reconociendo su participación en diversos atentados a las órdenes de Carmen Guisasola, entre ellos el de la bicicleta de Galdácano. También documentos firmados por la etarra. Las fuentes consultadas achacan los años transcurridos sin reparar en ese dato a la cantidad ingente de investigaciones y la escasez de medios para hacer frente a un terrorismo que mataba decenas de personas al año. El informe no llegó con tiempo para reabrir el caso dentro del plazo estimado. Pero aún quedaba un hilo de esperanza.
La Fiscalía descubrió que en julio de 1993 el Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional ordenó por medio de una providencia abrir sumarios para cada uno de los atentados asumidos por los detenidos. Se hizo en todos los casos menos en el de Juan Ignacio Pérez sin que nadie reparase en ello. Pese a ello, desde el Ministerio Público se defendió la tesis de que esa mera providencia ya era suficiente para alargar unas semanas más la cuenta atrás de la prescripción. La Sala de lo Penal terminó dándole la razón al fiscal y ordenó al Juzgado seguir investigando.
En esa investigación hallaron un sumario en el Juzgado de Instrucción número 4 contra un detenido llamado Andoni Murelaga, detenido en abril 1990 en Bilbao. Fue una operación de la Ertzaintza destinada a desarticular el aparato logístico del comando Vizcaya que entonces dirigía Guisasola, a la que no lograron atrapar aquella vez.
La policía autonómica vasca registró varios pisos donde encontraron armas y documentación, 50 kilos de explosivo y 12 granadas jotake, según las crónicas periodísticas de la época. También hallaron hasta 15 huellas dactilares de Guisasola que cotejó después la Guardia Civil. El fiscal de la Audiencia Nacional escrutó al milímetro las cientos de hojas viejas de ese sumario en busca de alguna conexión. La encontró en el componente del explosivo hallado en uno de los pisos de la calle Blas de Otero. Era de idénticas características al que llevaba adosado la bicicleta bomba que mató al policía nacional como acreditó un informe policial encargado al respecto.
El mismo explosivo
Las propias declaraciones prestadas por el colaborador del comando a la Ertzaintza aparecía otro dato definitivo: reconocía haber acompañado a comprar la bicicleta al también etarra del Vizcaya Juan Achurra. Incomprensiblemente la policía autonómica vasca no inició ninguna investigación sobre el atentado cometido tres meses antes en Galdácano. Solo cuando cesaron los atentados, la Audiencia Nacional y las fuerzas de seguridad pudieron detenerse en casos sin resolver como el de Juan Ignacio Pérez y crear departamentos específicos como el que dirige Marcelo Azcárraga en la Fiscalía.
La investigación de este asesinato ha puesto a prueba la presunta conversión personal de Carmen Guisasola (ella siempre ha evitado la palabra arrepentimiento), acogida en su día a la Vía Nanclares. Era un plan de reinserción acelerado que puso en marcha el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Todos los expertos policiales y judiciales consultados por este periódico han dudado que ese cambio sea real. Creen que fue algo fingido para mejorar su situación personal.
Cuando fue citada a declarar por estos hechos negó su participación. Eso a pesar de que por su abultada condena, una pena por la muerte de Juan Ignacio Pérez apenas le sumaría años de cumplimiento en prisión. Ni siquiera aceptó someterse a una prueba caligráfica para acreditar que ella era la autora de los documentos atribuidos a ella que se le incautaron a sus dos compañeros de banquillo.
Por este atentado hay un cuarto implicado según el ministerio público. Se trata de Juan Achurra, alias Pototo, uno de los condenados por el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, que acaba de ser acercado por el Ministerio del Interior a una cárcel próxima al País Vasco. Cuando la Audiencia Nacional reactivó la investigación de este caso, Pototo estaba preso en Francia.
La Justicia solicitó su extradición por estos hechos, pero las autoridades galas lo denegaron. Consideraron que el atentado estaba prescrito atendiendo a su propia interpretación de la legislación española, según lamentan fuentes jurídicas. Por ello no se le podrá juzgar y acudirá solo a declarar en calidad de testigo.
