La fiscal Pilar Santos Echevarría ha manifestado en el juicio contra la expresidenta regional Cristina Cifuentes que la exdirigente popular era "la única, la primera y la última beneficiaria" del acta falsificada de su Trabajo de Fin de Máster (TFM) del curso que realizó en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) con la finalidad de "salvar su reputación y su carrera política", mientras que la defensa de la exlíder madrileña ha apuntado directamente a la universidad para salvar su prestigio.
El juicio ha quedado visto para sentencia sin que las tres acusadas hayan hecho uso de su derecho a la última palabra. En la última sesión, las partes han expuesto sus conclusiones finales.
Con voz contundente, la fiscal ha afirmado que la expresidenta "no se manchó las manos por su cargo" y ha detallado cada una de las irregularidades que enervan su presunción de inocencia para sustentar su solicitud de tres años de cárcel y tres meses de cárcel.
En su declaración, Cifuentes relató ante el tribunal que cursó el máster sin ir a clase, sin realizar exámenes y entregando el 2 de julio de 2012 el TFM sin exponerlo ante el tribunal, algo que también hicieron varios testigos que han comparecido en la vista oral.
El abogado José Antonio Choclán ha reclamado la absolución para su clienta esgrimiendo que ya ha sufrido "una pena natural" esperando que el tribunal repare este sufrimiento y "calvario" al menos de una manera parcial.
Además, ha tachado de "puramente selectiva" y "arbitraria" la acusación de la fiscal al no ser "objetiva por ir en contra de los propios actos de la Fiscalía en la instrucción y de los tribunales de Justicia".
"Cifuentes no es garante de la legalidad administrativa", ha subrayado el letrado en relación a las anomalías que hubo en este máster del curso 201172012, recalcando que de la instrucción se desprendió que hubo "irregularidades en todos los alumnos investigados", un hecho que ha quedado patente en la vista oral y que en la instrucción se archivó.
Por ello, ha incidido en que es "justo reconocer que la fiscal debió comportarse del mismo modo ante la evidencia de similares irregularidades administrativas en los expedientes analizados".
Además, ha insistido en que no hay prueba de que hubiera "una inducción en cadena" del acta falsificada y ha recordado que "el vicerrector" de Planificación de la URJC "sugirió que sería bueno que apareciera un acta", lo que sí tiene la naturaleza de "inducción" según ha recalcado Choclán.
"La presión es más atribuible a las incidencias internas y exigencias del rector y vicerrector y no a la posibilidad de una influencia exterior. Todo se cocinó en el interior de la universidad que hoy ejerce como una acusación particular. No beneficia a Cifuentes sino viene a lavar la cara a la universidad porque es quien tiene la voluntad y quien pone en circulación documentos para salvar la cara a la propia universidad", ha aseverado.
"Salvar su reputación"
En su exposición, la fiscal ha relatado que Enrique Álvarez Conde "le dio a Cifuentes todas las facilidades necesarias" para conseguir el título pese a no ir a clase y entregándole a él mismo trabajos en papel sin perjuicio del titular de la asignatura".
"Nunca hubo comunicación con los profesores ni nunca la señora Cifuentes se interesó por las notas. Nada de lo manifestado por ella ha sido acreditado pero lo cierto es que sus calificaciones, menos la del catedrático Pablo chico y la del TFM, fueron introducidas en el sistema", ha señalado.
Tras ello, ha indicado que hay "ciertas irregularidades demasiado notorias". En primer lugar, ha citado que el dato manifestado por Cifuentes en relación a la entrega el 2 de julio de 2012 de su trabajo a dos mujeres y un hombre en un despacho sería "algo incompatible" dado que la asignatura de Pablo Chico no estaba aprobada y no se puede realizan una defensa del TFM sin todas las asignaturas aprobadas.
Otra de las irregularidades se refiere a la modificación de dos de las asignaturas, la de Pablo Chico y la del TFM, por parte de la funcionaria Amalia Calonge y compañera de la hermana de Cifuentes en la universidad, quien no estaba autorizada para estos cambios.
"Siempre aparecen los mismos protagonistas", ha incidido la fiscal, quien ha subrayado que ha quedado "clarísimo" que Calonge no tenía competencia para ejecutar estas modificaciones conforme a la testifical del responsable del servicio. Además, ha hecho alusión a la declaración del profesor y catedrático Pablo Chico, quien afirmó que nunca le comentó a Calonge que modificara la nota del TFM.
La tercera de las anomalías detectadas sería el pago del TFM cuatro meses después de defenderlo cuando en ese caso hay que hacer "una petición expresa" por parte del alumno y no consta.
"El 21 de marzo de 2018, Cifuentes tuvo un día duro y difícil porque ella mismo lo dijo en el vídeo colgado en sus redes sociales. Y le encomendó a su gabinete recabar toda la documentación posible", ha señalado.
Así, ha mencionado la testifical del rector de la URJC, Javier Ramos, quien relató las llamadas "reiteradas" que recibió ese 21 de marzo del entonces consejero de Educación Rafael Van Grieken para solicitarle el acta de defensa del TFM dado que estaba "en entredicho" la reputación de las universidades públicas madrileñas.
"Pero que yo sepa no hubo ningún comunicado respaldando a la universidad", ha subrayado Santos Echevarría indicando que la insistencia se produce a partir de la rueda de prensa ofrecida por el rector y Álvarez Conde, junto a varios de los profesores del máster.
Consecuencias "nefastas"
"Cifuentes sabía que las consecuencias podían ser nefastas. Ella no llamó. Había que cuidar las formas pero estaba al tanto de todos los acontecimientos. Era la única, la primera y la última que se benefició del acta, era ella y su carrera política. El interés y la presión se hacían en su nombre para que la universidad diera la cara y asegurara fehacientemente que había completado el máster", ha aseverado.
Por ello, ha recalcado que está acreditado que fue la inductora del acta "a la vista de que se quería salvar su reputación", por lo que el acta debía "responder a las exigencias" del entorno de la expresidenta regional.
En cuanto a la acusada Cecilia Rosado ha apuntado que reconoció el delito como autora material para hacer "frente a la crisis mediática" tras saltar el caso, recibiendo "numerosas llamadas" de Álvarez Conde y la exasesora de Educación y funcionaria de la URJC María Teresa Feito.
"Actuó bajo presiones a sabiendas de que no se había defendido", ha señalado la fiscal y ha apuntado que del juicio se desprenden que Álvarez Conde "daba todas las facilidades para que se cursara el máster y hacer crecer el numero de alumnos", ha dicho.
A Feito la sitúa "en el epicentro" de lo ocurrido al quedar constatadas las retiradas llamadas a Cecilia Rosado y al rector Javier Ramos por su relación con el entorno de Cifuentes y su evidente conexión con la universidad al ser funcionaria.
"Feito estuvo en el epicentro de todo lo que ocurrió. Tenía un pie en uno y en otro sitio. Reconoció llamadas con la jefa del Gabinete de Cifuentes y con la secretaria de Cifuentes. Todos daban por hecho que estaba allí para resolver lo que pasaba", ha recordado.
Sin vínculos con Cifuentes
La defensa de Feito ha recalcado que su patrocinada no ordenó ni presionó para confeccionar el acta y ha aseverado que no era persona de confianza de Cifuentes. Por su parte, el abogado de Cecilia Rosado ha recordado que Feito presionó a su clienta para que realizará el acta, el trabajo de Cifuentes y que le diera bibliografía sobre el tema a abordar.
