Artur Mas ya piensa en clave de recuperación económica y no lo disimula. En su comparecencia de arranque de curso del pasado miércoles, dijo que Cataluña está en un cambio de rasante positivo que se reflejará este año en una mejoría general de los indicadores económicos y la creación neta de empleo. El presidente de la Generalitat presumió también de que los próximos Presupuestos que aprobará gracias al apoyo de ERC no incorporarán recortes adicionales. De su contenido ya ha informado al núcleo duro del Gobierno uno de sus interlocutores más fiables, el consejero catalán de Economía, Andreu Mas-Colell. Tanto él como el portavoz parlamentario de CiU en Madrid, Josep Antoni Durán i Lleida, han recibido de varios ministros muy próximos a Mariano Rajoy el mismo consejo: si convencen a Artur Mas de que agote la legislatura, conseguirán también una solución razonable al conflicto territorial que enfrenta a Cataluña con el resto del Estado, basada en los frutos de la recuperación económica.
El Gobierno confía en que la recuperación económica suavice el problema con Cataluña
Estos consejos forman parte de la estrategia del Gobierno para encarar el desafío soberanista, consistente en ganar tiempo para dar margen a que la economía remonte y se genere en Cataluña un nuevo clima mucho menos apasionado del que se respira ahora. Si Artur Mas vence la tentación de ir a unas elecciones plebiscitarias cuando constate que todas las vías legales para celebrar el referéndum de noviembre han sido taponadas, resumen fuentes gubernamentales, no solo evitará que ERC se convierta en primera fuerza política en esta comunidad autónoma, sino que también ayudará al Gobierno a aplicar medidas para aliviar la asfixia financiera que lastra la tesorería de la Generalitat desde que Mas recibió la herencia del tripartito presidido por José Montilla. La deuda de Cataluña supera los 50.000 millones de euros.
El principal interrogante es qué hará Mas cuando vea cegadas todas las vías legales para celebrar el referéndum
Pese a la escasez de recursos, una de estas salidas procedería del nuevo modelo de financiación autonómica que el Gobierno empezará a negociar con las comunidades a partir del segundo semestre del año, una vez queden definidos los perfiles de la reforma fiscal que el grupo de expertos propondrá en marzo. En la negociación no se provocarán agravios comparativos, pero sí podrán abordarse en conjunto algunas de las reivindicaciones que han puesto sobre la mesa los gobiernos autonómicos más castigados por el actual sistema de financiación. En todo caso, el equipo económico ya ha comunicado a los ‘barones’ regionales que la renovación del modelo no entrará en vigor hasta enero del año que viene, cuatro meses antes de las elecciones municipales y autonómicas.
El Gobierno ya ha comunicado a las comunidades que no habrá nuevo modelo de financiación hasta dentro de un año
El afán por ganar tiempo y la aparente quietud del Gobierno a la hora afrontar el problema catalán tiene su relato dentro del Consejo de Ministros y también en el PP, pero está despertando una inquietud creciente en los sectores del empresariado catalán más proclives al diálogo entre La Moncloa y la Generalitat y a encontrar algún remedio eficaz al conflicto que apacigüe las expectativas tan ambiciosas que ha generado en la sociedad catalana el plan independentista abanderado por Artur Mas. No pocos empresarios catalanes, con el grueso de su volumen de negocio en el resto del Estado y en Europa, opinan que el Gobierno todavía no ha sabido apreciar la gravedad de la situación que se vive en Cataluña ni el peliagudo escenario al que puede abocar la ausencia prolongada de una interlocución eficaz entre ambas partes.
