Semana crítica para los políticos y agitadores secesionistas que aún se encuentran a la espera de beneficiarse de la ley de amnistía, cuyos obstáculos judiciales se multiplican. En primer lugar, el jueves el Partido Popular registró su recurso de inconstitucionalidad contra la medida de gracia, acción que catalogó como “obligación moral” para evitar la “inmunidad a una casta política”. Se estima que el Constitucional tarde entre seis y doce meses en emitir un dictamen sobre la cuestión -si bien, hay quien recuerda que, en el caso del Estatut, se demoró cuatro años-.
A ello se le suma que, dos días antes, la Audiencia de Barcelona aceptó en parte el recurso presentado por la Fiscalía y devolvió la causa del referéndum ilegal del 1 de octubre -que afecta a una treintena de ex altos cargos de la Generalitat- al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. Éste deberá culminar la instrucción sobre los gastos exteriores del envite secesionista y, posteriormente, devolverle a la Audiencia la causa al completo para que pueda pronunciarse sobre la aplicación de la amnistía con todos los elementos a su disposición -proceso que puede dilatarse meses-.
Así, entre los procesados que deberán esperar aún más para recibir el olvido penal por este atasco judicial se encuentran antiguos altos cargos de la Administración catalana como Aleix Villatoro, Amadeu Altafaj, Jaume Clotet, Albert Royo o Joaquim Nin.
Pero no son los únicos implicados que tendrán que aguardar para verse exonerados de sus delitos. Y es que, por distintas razones judiciales, solo 102 personas de las 486 personas previstas por la Fiscalía han logrado beneficiarse la controvertida medida, que entró en vigor el 10 de junio. Entre los que sí lo han hecho, los más conocidos son el jefe de la Oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay; el exconsejero de Interior del Govern, Miquel Buch; y la exalcaldesa de Figueres, Marta Felip. También, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que solo estaba procesada por desobediencia.
La mayoría de los agraciados son activistas y agestes de la policía
En la primera categoría figura una cuarentena de ciudadanos que participaron en las movilizaciones a favor del procés en 2018 y 2019 y fueron imputados por delitos como atentado a la autoridad, desórdenes públicos y lesiones. Uno de ellos fue amnistiado por el TSJC tras haber sido condenado por tenencia de explosivos: en una manifestación, se le requisó una mochila con una botella de plástico con un líquido “muy corrosivo” envuelto en cinta de embalar y con la inscripción “Puta España”.
Por su parte, 46 policías investigados por las cargas del 1-O han sido amnistiados al considerar el juez que sus acciones no “superaron el umbral de gravedad necesario para excluir la aplicación de la Ley de Amnistía” y se enmarcaron en el “cumplimiento de sus funciones”. Asimismo, también se borraron las responsabilidades de cuatro agentes de los Mossos d’Esquadra. En esta ocasión, entidades nacionalistas como la ANC y Ómnium anunciaron un recurso al considerar que la “violencia fue degradante e inhumana”.
No obstante, en los casos restantes que conciernen a políticos, la amnistía tardará en materializarse al haber elevado consulta los jueces al Tribunal Constitucional o al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esta situación afecta al expresidente de la Generalitat Quim Torra, los exdiputados del Parlament Pau Juvillà (CUP) y Bernat Solé (ERC), la exconsejera de Cultura Natalia Garriga (ERC), el exsecretario de Vicepresidencia de la Generalitat Josep Maria Jové y al exsecretario de Hacienda Lluís Salvadó.
El Tribunal Supremo, además, concluyó a principios de julio que el delito de malversación no es amnistiable, lo que afecta al caso más estelar, el del expresident Carles Puigdemont. El líder de Junts está imputado por este delito en el contexto de las consecuencias del procés, por lo que el juez Llarena resolvió mantener la orden de detención contra él -que, como es sabido, éste logro eludir en el centro de Barcelona-. Al mismo tiempo, sus presuntos vínculos con Rusia para lograr apoyos motivaron que el magistrado Aguirre elevara el caso al Supremo para que siga investigándolo.
Finalmente, en lo referente a otros líderes del procés como el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, el secretario general de Junts, Jordi Turull; y los exconsellers Dolors Bassa y Raül Romeva -ya indultados pero aún que permanecen inhabilitados hasta 2031-, Justicia acaba de solicitar un informe al Supremo sobre si deben ser merecedores de un segundo indulto. El alto tribunal esperará a tener el informe de la Fiscalía, de modo que está cuestión seguirá también en stand by.
