Dentro de poco más de veinte días, el Parlamento español empezará la cuenta atrás para el nombramiento del presidente del Gobierno y no parece que el candidato de la derecha tenga los apoyos suficientes como para ser escogido en primera o segunda votación. Tampoco los tiene el actual presidente ni el bloque de sus socios parlamentarios de los últimos cuatro años, de manera que España se ve confrontada, ahora mismo, en uno de sus dilemas que no siempre resuelve bien. O vive en el bloqueo, que podría cronificar la confrontación entre los dos bloques ideológicos que han polarizado las últimas elecciones, o pacta.
Pero el pacto tiene un problema. Tiene dos, de hecho. El primero, que en España es un recurso inusual en la resolución de los retos democráticos; solo hay que recordar la situación que vive el poder judicial por la incapacidad de los dos grandes partidos de llegar a un acuerdo para su renovación. El segundo, que el pacto posible no es un pacto cualquiera sino, precisamente, con Junts per Catalunya, una formación en la cual se lo ha arrinconado, menospreciado y atacado sin descanso por parte de los dos grandes partidos españoles. Se ha querido arrinconar lo que representamos, hasta tal punto que hace solo dos meses y medio los partidos que hoy se esfuerzan por parar la derecha no tuvieron ningún problema en sumar sus votos a los del PP para impedir que nuestro candidato, que ganó las elecciones, fuera nombrado alcalde de Barcelona.
Que nadie concluya que nos inspira el ánimo de revancha personal o partidista. Si fuera por eso, no habríamos pactado ni la mesa del Congreso. Lo digo para explicar la distancia profunda que nos separa, porque la distancia entre nuestros proyectos nacionales respectivos también lo es, y para que se tome conciencia de la enorme dificultad en intentar encauzar, partiendo de esta distancia y en solo unas semanas, una negociación que se ha descuidado o se ha considerado innecesaria durante seis años. Porque no estamos hablando, o al menos nosotros no hablamos, de un parche para sacar adelante la legislatura y cerrar el paso a la derecha. Estamos hablando de que si hay acuerdo, este tiene que ser un acuerdo histórico, un compromiso histórico como el que ningún régimen ni Gobierno no ha sido capaz de hacer realidad desde la caída de Barcelona el 11 de septiembre de 1714 y el Decreto de Nueva Planta que abolió las instituciones y las constituciones catalanas, e inició la persecución de la lengua catalana. "Se ha querido arrinconar lo que representamos hasta tal punto que justo hace dos meses y medio los partidos que hoy se afanan por parar la derecha no tuvieron ningún problema a sumar sus votos a los del PP para impedir que nuestro candidato".
Por eso no sorprenderá a nadie que diga que hoy no existen las condiciones para llegar a este gran acuerdo. Si hay interés en llegar, si hay voluntad real de encarar un acuerdo de esta naturaleza, estas condiciones se tendrían que crear, aunque de entrada sean forzadas por la necesidad y no por la convicción.
La primera de las condiciones es identificar adecuadamente los elementos del conflicto. Hacer ver que no existen o ignorarlos no permite, en ningún caso, resolver el conflicto. Por eso quiero recordar algunos:
- La sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 contra el Estatuto aprobado por el Parlamento de Catalunya, las Cortes españolas y en referéndum, es incompatible con el pacto constitucional del 78. Sin aquella sentencia no se puede entender nada de lo que ha pasado a Catalunya. La criminalización del hecho histórico del referéndum del 1 de octubre como respuesta legítima del pueblo de Catalunya a todas las negativas de resolver las demandas anteriores que sus representantes democráticos y legítimos han ido elevando a los poderes del estado: el estatuto, la transferencia de competencias para organizar un referéndum consultivo, la consulta popular del 9N de 2014, el pacto fiscal y el referéndum acordado.
- El incumplimiento de los pactos, significativamente de las inversiones; el ahogo sistemático de la economía catalana, del cual es ejemplo doloroso la estrategia del cambio de sedes empresariales incentivado por un real-decreto de medidas urgentes aprobado por el Gobierno y que todavía está vigente; y la aplicación salvaje del artículo 155 de la Constitución para disolver el Parlamento, destituir al Gobierno e intervenir el autogobierno, con graves afectaciones a la actividad económica que acaban pagando todos los ciudadanos de Catalunya.
- Catalunya es una nación, una vieja nación europea, que ha visto atacada su condición nacional por los regímenes políticos españoles desde 1714, hecho por el cual ve en su independencia política la única manera de seguir existiendo como nación.
¿Existe un camino alternativo a la independencia que pueda garantizar el respeto y la supervivencia de Cataluña como nación? Todas las evidencias acumuladas a lo largo de décadas demuestran que no. En cualquier caso, correspondería a los responsables políticos españoles desmentir esta conclusión, pero no por la vía de las promesas y de las palabras, sino por la vía de los hechos. Y por ahora nada hace pensar que la necesidad de apoyo parlamentario sea suficiente como para empujarlos a un cambio histórico en el que las viejas naciones sean reconocidas y dispongan de todos los derechos inherentes a su condición. No lo han hecho en situaciones mucho más evidentes, con millones de personas manifestándose cada año en la calle y con más de 2,3 millones de personas votando en el referéndum de independencia del 1 de octubre. No parece que tengan que hacerlo ahora sencillamente porque necesitan el voto de 7 diputados. ¿O sí? ¿O realmente pueden hacer de la necesidad, virtud? Hoy, España tiene, como decía, un dilema de resolución compleja.
Y por ahora nada hace pensar que la necesidad de apoyo parlamentario sea suficiente como para empujarlos a un cambio histórico en el que las viejas naciones sean reconocidas y dispongan de todos los derechos inherentes a su condición
O repite elecciones, con el riesgo de que los equilibrios políticos sean tan frágiles como ahora; o pacta con un partido que mantiene la legitimidad del 1 de octubre y que no ha renunciado ni renunciará a la unilateralidad como recurso legítimo para hacer valer sus derechos. Ninguno de los dos grandes partidos españoles tiene suficiente fuerza como para imponerse encima del otro, ninguno de ellos cuenta ahora mismo con una alianza que les proporcione una mayoría sólida y coherente, y no están todavía en condiciones de pactar entre ellos. O elecciones, o pactan con nosotros. O una tercera opción, en la que algunos diputados del bloque progresista cedan sus votos para la investidura del candidato de la derecha. Así que estamos preparados por si hay elecciones. Pero también estamos listos para una negociación que pueda culminar con un pacto histórico.
Ninguno de los dos grandes partidos españoles tiene suficiente fuerza como para imponerse encima del otro, ninguno de ellos cuenta ahora mismo con una alianza que les proporcione una mayoría sólida y coherente
La pregunta que debemos formularnos no es, pues, si nosotros estamos preparados para una negociación, sino si lo están los dos grandes partidos españoles; si los dos grandes partidos españoles están preparados para negociar con nosotros, con todo lo que representamos, o sencillamente quieren salir del paso y obtener como sea el apoyo parlamentario para poder consolidar un liderazgo y desmontar el del rival. Ahora mismo ignoro la respuesta a ésta pregunta. En cualquier caso, estarán preparados para empezar a negociar un acuerdo histórico si se crean las condiciones previas que habiliten un eventual proceso de negociación serio, honesto y ambicioso. Si no lo hacen, no tendría sentido embarcarnos en una negociación posterior. Porque tratándose de la política española, todas las precauciones son pocas. Además de reconocer los elementos que conforman el conflicto que he señalado antes, existen otras condiciones necesarias para poder emprender el camino de la negociación:
1. El reconocimiento y respeto a la legitimidad democrática del independentismo. No se puede negociar con quien, en la directiva donde se fijan los objetivos de inteligencia para los cuerpos policiales, nos considera la segunda mayor amenaza tras el terrorismo yihadista, y que pide a Europol que nos trate de terroristas. Amparado en esta decisión tan antidemocrática, en la que se ordena que se hagan «todas las actuaciones necesarias para neutralizar las actividades», España espía, infiltra y fabrica montajes para proceder a detenciones sin fundamento, con el objetivo de paralizar y criminalizar la movilización ciudadana en favor de la independencia de Catalunya.
2. El abandono completo y efectivo de la vía judicial contra el independentismo y los independentistas. El 1 de octubre no fue un delito, como tampoco lo fue la declaración de independencia, ni las masivas protestas contra la represión y la sentencia del Tribunal Supremo. El abandono de la represión en el independentismo democrático es una exigencia ética y debe ser un abandono permanente. Porque nuestras energías y nuestros recursos debemos poder dedicarlos a nuestra causa, a trabajar por nuestra gente, al igual que pueden hacer el resto de proyectos políticos tan legítimos como el nuestro. Esto está al alcance del Parlamento español, a través de una ley de amnistía que incluya el amplio espectro de la represión iniciada desde antes de la consulta del 9 de noviembre de 2014. Pero también es responsabilidad del gobierno en funciones, a través de la fiscalía y de la abogacía de el Estado. Y debe hacerse para reparar una injusticia, no para olvidar ni para poner el punto final a nada ni para igualar a las víctimas de estas injusticias a sus victimarios.
Esto está al alcance del Parlamento español, a través de una ley de amnistía que incluya el amplio espectro de la represión iniciada desde antes de la consulta del 9 de noviembre de 2014.
3.La creación de un mecanismo de mediación y de verificación que aporte las garantías del cumplimiento y seguimiento de los acuerdos que los dos grandes partidos políticos españoles no están en condiciones de darnos. La total falta de confianza entre las partes hace que este mecanismo sea imprescindible y que deba operar desde el inicio de las negociaciones. Nuestra experiencia nos impide tener confianza alguna en la palabra que nos den; sería una irresponsabilidad emprender una negociación de futuro que no cuente con ese mecanismo. El cumplimiento de los compromisos por adelantado es una forma de verificar (de ahí la importancia de que la lengua propia de Cataluña sea reconocida el próximo día 19 como lengua oficial de la UE y se pueda desplegar una política lingüística de nueva generación que asegure de ello) supervivencia), pero lógicamente no se puede aplicar a procesos que requieren una larga tramitación o ejecución. Por eso, para poder transitar, es necesario este mecanismo de garantía.
4. Fijar como únicos límites los definidos por los acuerdos y tratados internacionales que hacen referencia a derechos humanos (individuales y colectivos) ya libertades fundamentales. Ninguna de estas condiciones previas es contraria a la Constitución ni por supuesto a ningún tratado europeo. Ni siquiera requieren ningún largo proceso legislativo. Son condiciones previas que deben poder cumplirse antes de que se agote el plazo legal para evitar nuevas elecciones, y que si se dan, nos comprometen y nos obligan a trabajar para un compromiso histórico que resuelva el conflicto en la próxima legislatura. Sólo dependen de la voluntad política.
Fijadas y asumidas estas condiciones previas, la negociación puede desarrollarse con garantías y con la esperanza de que se culmine con éxito. El éxito, por supuesto, lo determinarán los resultados finales de la negociación. En estos momentos, sería improcedente que yo estableciese un listado de los objetivos concretos que deberían formar parte de esta hipotética negociación. No es esto lo que yo hoy quería contar. Hoy quería subrayar la necesidad y la urgencia de crear unas condiciones que ahora no se dan para que esa negociación pueda ser posible. Pero en cualquier caso, cualquier persona que haya observado la evolución de Cataluña en los últimos quince años y se haya preguntado por qué hay millones de personas que no nos sentimos representadas por el Estado español y queremos formar nuestro propio Estado, podría hacer mentalmente la lista y coincidiríamos muchos.
Es evidente que hay un gran paquete de cuestiones materiales pendientes de resolver, sí. Algunas de hace muchas décadas. Cataluña es un país rico pero de ciudadanos con muchas necesidades y con unas instituciones sin recursos para atenderlas, con un déficit fiscal de más de 20.000 millones de euros por año. Algo tan básico por la vida de la gente como son los trenes, no funciona. Tenemos la mayor tasa de inmigración de toda la Península, el 16,2%, más de dos puntos por encima de la de Madrid, y no tenemos competencias ni recursos para gestionarla. No formamos médicos suficientes y no podemos pagarlos como se merecen. Nuestro salario mínimo es injusto teniendo en cuenta el coste de la vida. Los jóvenes no pueden acceder a viviendas ya no de compra sino de alquiler a precios asequibles para poder estudiar, emprender un proyecto de vida o profesional. El gobierno español nunca ejecuta los presupuestos aprobados por Cataluña, y la falta crónica de inversiones genera absurdidades como que para ir en tren de Barcelona a Valencia se tarda el doble que en ir de Bruselas a París o casi una hora más que de Bruselas a Londres. La lista es muy larga, y no es ahora el momento de reiterarla. Sólo lo menciono para constatar que todas estas carencias materiales no las ha resuelto el autonomismo ni el constitucionalismo. Es una evidencia, no una opinión.
Sólo lo menciono para constatar que todas estas carencias materiales no las ha resuelto el autonomismo ni el constitucionalismo. Es una evidencia, no una opinión.
Por tanto, que nadie se engañe: con eso -tampoco con la amnistía- no se resolverá el problema de fondo. No existe una receta autonómica para resolver los problemas de Catalunya. Lo determinante es el reconocimiento nacional de Cataluña, y por tanto de su derecho a la autodeterminación. El pueblo catalán tiene el derecho a hacer realidad de forma democrática la decisión que tomó en el referéndum del 1 de octubre de 2017 de convertirse en un estado independiente en forma de república. Y sólo un referéndum acordado con España podría sustituir el mandato político del 1 de octubre, tal como hemos recalcado desde hace años. No existen impedimentos constitucionales para organizar y celebrar ese referéndum; basta con recordar el artículo 92 de la Constitución. Lo que hay es carencia de voluntad política para asumirlo, porque si se quiere, se puede. Y en democracia no hay otro mecanismo mejor que el de poner en manos de los ciudadanos las decisiones de gran trascendencia como es ésta.
Es la combinación de estas dos grandes carpetas y el progreso simultáneo en ambas que determinará la viabilidad y el éxito de una negociación. Una negociación que hoy mismo no está, pero se le espera. A quien se haya tomado la molestia de seguirnos estos años, y de ir más allá del relato tramposo que se ha difundido sobre lo que representamos, no le sorprenderá nada de lo que he dicho.
Llevamos años defendiendo esta posición, por lo que hemos tenido que tomar decisiones muy difíciles ya veces poco comprendidas. Por ejemplo, quedarnos en el exilio. O no participar de la mesa de diálogo. O salir del Gobierno de la Generalitat. O no votar los presupuestos y las reformas del código penal, porque entendíamos que no servían para resolver el conflicto, como por otra parte ha quedado demostrado.
Y es desde esa posición que emprenderemos cualquier eventual negociación.
Los resultados finales de todo este proceso deben servir para que el pueblo de Cataluña que se ha movilizado de una manera ejemplar durante una década pueda reconocerse, pueda ver cristalizadas sus esperanzas construidas con paciencia y resistencia, hoy desorientadas por la división interna y la desmovilización pero tercamente intactas. No hemos aguantado la posición todos estos años para acabar salvando una legislatura sino para defender el encargo recibido de los ciudadanos, parte de los cuales hoy nos mira con recelo y desconfianza, ya los que habrá que tener siempre presentes cuando tengamos que sentarnos, si es que esto acaba ocurriendo, con quienes nos vengan a pedir nuestro apoyo.
