En 1983, las hermanas sanjuanistas de la Orden de Malta, propietarias del Monasterio de Sijena, vendieron a la Generalitat más de 80 obras por diez millones de pesetas. La transacción del cenobio, localizado en Huesca pero próximo a la frontera con Lérida, se ha convertido en el escenario de un 'expolio' que ha arrastrado a los exconsellers independentistas Lluís Puig y Santi Vila hasta el banquillo del tribunal.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha determinado que los dos exconsellers de cultura -uno de ellos, Puig, permanece huido de la justicia por su vinculación al 1-O- tendrán que ir a juicio por desoír la orden judicial para devolver al Monasterio de Sijena las obras de arte que fueron a parar al Museo de Lleida.
Concretamente, Lluís Puig y Santi Vila van a ser juzgados por un delito de desobediencia -y, en el caso del segundo, también de usurpación de funciones judiciales-, y se les ha impuesto 17.250 euros de fianza a cada uno para cubrir las indemnizaciones a la Diputación de Aragón por el traslado de los bienes, que se produjo en diciembre de 2017. En su resolución, el alto tribunal catalán se declara competente para juzgar a Puig, por su condición de aforado como diputado de Junts en el Parlament, mientras que a Santi Vila, que fue conseller en el Govern de Carles Puigdemont aunque dimitió un día antes de la DUI, lo juzgará un juzgado de lo penal de Barcelona.
Puig, huido de la justicia por el referéndum unilateral del 1-O
La venta de las obras de un monasterio en 1983 llega hasta nuestros días azotando el tema clave de la actualidad nacional: el independentismo. Lluís Puig, que ahora se enfrenta al banquillo por, indirectamente, participar en el que en Huesca se ha llegado a llamar 'expolio' de las obras, huyó de la justicia tras el referéndum del 1-O y está acusado de malversación por el desvío de fondos para el procés.
La Fiscalía pide sendas condenas de 11 meses de multa a razón de 18 euros diarios (5.940 euros), así como dos años de inhabilitación, para ambos exconsellers, a quienes acusa de un delito de desobediencia, mientras que el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, acusación particular en la causa, suma otro de usurpación de funciones judiciales a Vila, por el que solicita 11 meses de cárcel.
Para el alto tribunal catalán, existe "una base indiciaria seria y consistente" para enviar a juicio a Vila, que fue conseller de Cultura desde enero de 2016, y a Puig, que le sustituyó a partir del 4 de julio de 2017, por ignorar la resolución judicial que obligaba a entregar los bienes en liza por ser propiedad de la Orden Sanjuanista del Real Monasterio de Sijena.
El Monasterio de Sijena, en pie de guerra por el 'expolio' de sus obras por la Generalitat
En total hay más de 80 piezas que se han visto envuelta en la disputa entre comunidades. Entre ellas hay esculturas, tallas, pinturas e incluso murales, que el Monasterio de Sijena reclamó como suyas al Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), que las había depositado en el Museo de Lleida.
Un juzgado de Huesca estimó en 2015 la demanda presentada por la comunidad de Aragón y el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, y con ello declaró nulas de pleno derecho las compraventas de las piezas que llevó a cabo la Generalitat entre 1983 y 1992, así como el propio MNAC en 1994: se estableció que la propietaria de los bienes de Sijena era la Orden Sanjuanista del Real Monasterio de Sijena.
Devenida firme la sentencia en junio de ese 2015, al juzgado de Huesca no le faltó tiempo para ordenar la ejecución de su decisión: la Generalitat tenía que devolver las obras de arte el 25 de julio de 2016.
Es en este momento cuando entra en juego el primer exconseller, Santi Vila. El consejero de cultura fue notificado directamente, y este se comunicó con el gobierno de Aragón para asegurar que había ordenado el traslado inmediato de 41 de las piezas reclamadas, pero no de las 44 restantes. La fecha del 25 de julio pasó sin que dichas obras fueran devueltas y ya en octubre la justicia volvió a advertir a Vila de su obligación de devolverlas.
Esta vez, el conseller no cooperó: en abril de 2017 Vila dictó una orden que no permitía la salida de las 44 piezas reclamadas del Museo de Lleida al Monasterio de Sijena. La pelota volvía a estar en el tejado de la justicia aragonesa, que motivó un nuevo requerimiento el 7 de julio de 2017, cuando era Lluís Puig quien se encontraba en el cargo en sustitución de Vila. Puig ocupaba el cargo como responsable de Cultura fruto de la remodelación del Govern de Puigdemont.
Según la acusaciones, ninguno de los exconsellers ordenó entregar las obras de arte a Sijena, lo que motivó que el juzgado de instrucción número 1 de Huesca oficiara a las fuerzas y cuerpos de seguridad para que se encargaran del traslado, que se llevó a cabo finalmente el 11 de diciembre de 2017, con un coste de 12.932 que asumió la Diputación General de Aragón.
Fruto de su negativa a devolver las obras de Sijena, la justicia aragonesa cargó contra Puig y Vila
La causa contra los dos exconsellers de Cultura del Govern presidido por Carles Puigdemont la inició en diciembre de 2017 el juzgado de instrucción número 3 de Huesca, a raíz de una denuncia del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena por desobediencia grave y prevaricación.
El juzgado acordó en 2019 enviar el caso a juicio, por desobediencia y prevaricación en el caso de Vila -a quien le impuso una fianza de 216.000 euros- y en el Puig por desobediencia -con una fianza de 88.000 euros.
El juzgado de lo penal número 1 de Huesca asumió la competencia para celebrar el juicio, si bien antes de la vista el Parlament notificó que Lluís Puig ostentaba la condición de diputado desde el 22 de febrero de 2021, pese a que desde 2017 se encontraba huido de la justicia española.
Por este motivo, el juzgado de Huesca elevó el caso al Tribunal Supremo, que en diciembre de 2022 se declaró incompetente y lo remitió al TSJC, ya que al ser Puig diputado en el Parlament es aforado ante el alto tribunal catalán.
El TSJC asumió el caso en febrero de 2023 y anuló la fianza que el juzgado de Huesca había impuesto a Lluis Puig, al tiempo que remitió el procedimiento relativo a Vila -que no es aforado- a un juzgado ordinario.
