El escándalo de los viajes a Marbella del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, salpica ahora al Ministerio del Interior. J.E.Ll., el policía de confianza del cuestionado juez, recibió en 2010 la cruz al mérito policial con distintivo rojo, una medalla que lleva aparejado una pensión vitalicia del 10% de su salario. Aquel fue, precisamente, el año en el que se registraron un mayor número de polémicos desplazamientos de fin de semana de Dívar a la provincia de Málaga. Un total de cuatro, de los cuales sólo uno estuvo suficientemente motivado por actos institucionales.
La concesión de la condecoración al escolta del presidente del CGPJ aparece recogida en un listado elaborado por la División de Personal de la Dirección General de la Policía al que ha tenido acceso Vozpópuli y en el que se detallan los nombre de las 3.532 personas que recibieron medallas policiales aquel año. De todos ellos, sólo a 133 se les impuso la cruz con distintivo rojo, reservada según la ley a actos de heroísmo. De hecho, la concesión de estos reconocimientos que llevan aparejados una pensión es excepcional, ya que la norma que rige su concesión, un decreto franquista de 1964, exige que el agente que la reciba haya resultado "herido en acto de servicio", haya participado "en tres o más servicios" en los que hubiera riesgo de agresión con armas, haya realizado un hecho "abnegado en circunstancias de peligro para su persona" o haya participado en "hechos distinguidos y extraordinarios en los que haya quedado patente un riesgo o peligro personal".
Otros policías denuncian que el agente que acompaña a Dívar no reunía los requisitos para ser condecorado con la cruz roja
Fuentes policiales denunciaron ayer a este diario que no consta que el escolta de Dívar reuniese entonces ninguna de dichas condiciones para recibirla y critican que, por ejemplo, las 74 agentes que fueron condecorados ayer por el director general de la Policía por participar en las difíciles labores de rescate del terremoto de Lorca hayan recibido la cruz con distintivo blanco, una medalla que sólo tiene un reconocimiento profesional en su expediente, pero no recompensa económica. "Es un ejemplo más de las irregularidades y arbitrariedades que han existido siempre en la concesión de condecoraciones. Se premia el amiguismo y los favores, no la profesionalidad", insisten estas fuentes que apuntan como algo "demasiado habitual" que sean las propias personalidades a quienes protegen las que sugieran a Interior la concesión de éstas para sus escoltas.
La polémica sobre la concesión de medallas no es, sin embargo, algo nuevo en la Policía. Los sindicatos policiales vienen exigiendo en los últimos años, sin éxito, que Interior modifique la ley franquista para que las condecoraciones se apliquen con criterios objetivos. Incluso, estas organizaciones han llegado a acudir en el pasado al Defensor del Pueblo y a los juzgados para recurrir la concesión de medallas policiales a personas que no pertenecen a las Fuerzas de Seguridad del Estado o que no reúnen los requisitos exigidos, como señalan ahora que ocurre en el caso del escolta de Dívar. "Sólo se sabe que le acompaña en todos sus viajes, ya sea en España o al extranjero", denuncian estas fuentes.
Su escolta desde la Audiencia Nacional
Los últimos años de los más de 30 de carrera en el Cuerpo Nacional de Policía de J.E. han estado, de hecho, muy ligados Carlos Dívar, con quien coincidió por primera vez cuando éste fue nombrado presidente de la Audiencia Nacional, en 2001. Desde entonces, lo ha acompañado en todos sus destinos como magistrado para coordinar su seguridad. Oficialmente, este agente, que pertenece a la escala básica, está adscrito a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía y es presentado como el "jefe de escolta" del presidente del CGPJ. Así lo citan, por ejemplo, las autoridades judiciales de Chile en sus reseñas de la visita oficial que hizo Dívar a este país en noviembre de 2010. Más lejos llegaron el pasado octubre las autoridades de Panamá. Al recoger en su página web el viaje que el presidente del CGPJ y su séquito hicieron entonces al país centroamericano, se refirieron al policía como el "ayudante personal del gabinete de presidencia" de Dívar. Vozpópuli intento ayer conocer la versión del policía a las acusaciones de arbitrariedades en la concesión de su medalla, pero declinó atender a este medio.
Se da la circunstancia de que el año en el que se le concedió la cruz con distintivo rojo fue especialmente polémico por el elevado número de condecoraciones que concedió el entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y que rompió todos los records de medallas. De hecho, las 3.523 concedidas suponían nada menos que un 40% más que las que se habían concedido sólo diez años antes, en el año 2000. Las 133 cruces rojas, entre ellas las del escolta de Dívar, suponen desde entonces para las arcas del Estado un desembolso anual de cerca de 600.000 euros. J.E., por ejemplo, recibe desde entonces en su nómina un extra de 200 euros mensuales.
