La portavoz de Junts en el Congreso, Laura Borràs, trasladó este domingo a la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, las peticiones de su formación ante la quinta prórroga del estado de alarma que el Ejecutivo va a solicitar a la Cámara este miércoles y ya adelantan que, para variar el voto en contra de las anteriores prórrogas, en primer lugar es imprescindible el reconocimiento del presidente catalán, Quim Torra, como autoridad competente para tomar decisiones sobre la desescalada en su territorio.
La nueva ampliación del estado de alarma que el Gobierno está negociando con los grupos parlamentarios varía de las cuatro anteriores en su extensión ya que, si hasta ahora Pedro Sánchez había optado por renovar esa autorización cada 15 días, ahora busca que dure aproximadamente un mes.
El propio Sánchez admitió este sábado que la duración de esta nueva prórroga se concretaría en función de las conversaciones que el Gobierno iba a mantener con los grupos parlamentarios, pero ya avanzó que el estado de alarma podría ir levantándose en aquellas zonas en las que se considerara conveniente en función de la evolución de la pandemia, aunque se mantuviera en otras.
En este contexto, Calvo sondeó a Borràs sobre la posibilidad de que Junts apoyase una prórroga de aproximadamente 30 días. Teniendo en cuenta que la vigente vence a las cero horas del domingo 24 de mayo, la nueva podría prolongarse hasta el 24 de junio, pero el Gobierno no descarta la posibilidad de llegar hasta julio.
Recuperar competencias
Los independentistas catalanes, que se han opuesto a las últimas renovaciones del estado de alarma, insisten en que la situación provocada por la pandemia ha puesto de relieve la necesidad de poder disponer de las competencias y los recursos para poder hacer una gestión más rápida y más efectiva por la crisis generada por la covid-19.
Eso, según han informado a Europa Press fuentes de esta formación, pasa modificar el régimen de autoridades competentes, de manera que se habilite a Torra como "autoridad competente". En el nuevo estado de alarma, según avanzó Sánchez, la única autoridad delegada será el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y ya no ejercerán como tales los ministros de Defensa, Interior ni Transportes, que sí lo hacían desde el 14 de marzo.
Pero Junts ha puesto otras propuestas sobre la mesa en materia social y económica. Así, por ejemplo, Borràs reclamó a Calvo la aprobación de una prestación dirigida a aquellos que no pueden volver a trabajar por tener personas dependientes a su cargo.
Garantizar las ayudas
Junts también pide que se sellen acuerdos con los ayuntamientos y se modifique la regla de gasto para que puedan invertir sus remanentes en combatir la pandemia y sus efectos y que se creen mecanismos para asegurar la correcta aplicación de las medidas ya aprobadas por el Ejecutivo.
Así, exigen garantías para que los préstamos con avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) lleguen sin dilaciones ni interferencias y con un interés "razonable"; que se proceda al pago inmediato de las prestaciones de los ERTE; y que se abra una nueva moratoria para la liquidación de impuestos, condicionada a la recuperación de la actividad.
