La "reforma democrática e institucional" -basada en 30 grandes actuaciones- que presentó el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, el pasado noviembre en Cádiz, cuna del constitucionalismo, apenas ha tenido espacio en el pacto de investidura alcanzado por populares y centristas. En el acuerdo de El abrazo que rubricaron el pasado febrero naranjas y socialistas aparecen algunas de esas medidas. Sin embargo, su inclusión en el texto ratificado el pasado domingo por Rivera y Mariano Rajoy ha sido mínima.
Si algo caracterizó la irrupción de Ciudadanos en la esfera política nacional fue la articulación de un discurso regeneracionista, que prometía ejercer suficiente presión sobre los partidos tradicionales para emprender una actualización de la Constitución. Cuestión esencial que viene siendo postergada desde hace años. Sin embargo, esa fuerza propositiva, que exhibió en noviembre apelando al espíritu de 1812, ha ido perdiendo potencia, primero en la negociación con el PSOE, y ahora con los populares.
La "reforma democrática e institucional" que Rivera presentó en Cádiz apenas ha tenido espacio en su pacto de investidura con el PP
En esta última alianza el compromiso de ambos firmantes no va más allá de "estudiar la actualización del texto constitucional para la mejora de la Norma Fundamental que ha deparado que la sociedad española haya disfrutado del más prolongado periodo de prosperidad de su historia". El texto añade que "a tal fin, se utilizará como referencia el informe del Consejo de Estado sobre las modificaciones constitucionales de febrero de 2006". No se indica ninguno plazo límite para empezar los trabajos, algo que sí aparece en el texto consensuado por socialistas y centristas (como la creación, en el plazo de un mes, de una Subcomisión para la reforma de la Constitución en el seno de la Comisión Constitucional del Congreso).
¿Cuáles son esas propuestas que hacía Ciudadanos el pasado noviembre y que ahora han quedado en el limbo? He aquí algunas de las más relevantes:
-Cerrar el modelo territorial que deja abierto la Constitución. C's defendió "clarificar el modelo de distribución de competencias" que aparece en la Constitución, precisando cuáles corresponden al Estado y cuáles a las CCAA; revisar el Título VIII para suprimir los preceptos ya obsoletos; e incorporar las denominaciones de las comunidades y las ciudades autónomas a la Carta Magna. Estas actuaciones formaron parte del acuerdo entre C's y PSOE, pero no ha sido son recogidas expresamente en el documento sellados entre naranjas y populares.
-Despolitización del Tribunal Constitucional. El partido de Rivera abogaba por una modificación del artículo 159 de la Carta Magna que fijara "veinticinco años de ejercicio profesional para poder ser designado magistrado, estableciendo asimismo un estricto sistema de incompatibilidades que garanticen su independencia, entre ellas una prohibición de haber desempeñado cargos orgánicos en un partido o cargos representativos o ejecutivos en parlamentos o gobiernos, durante los cinco años anteriores a su nombramiento". El texto naranja también establecía un periodo de mandato de 12 años (ahora son designados por un período de nueve años), pero "fijándose la jubilación a los 75 años" (edad que se ha superado en múltiples casos).
-Supresión (o reducción) del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ciudadanos apostó antes del 20-D por que las funciones que el artículo 122 de la Constitución atribuye al CGPJ fuesen asignadas al Presidente del Tribunal Supremo y del Poder Judicial, que estaría asistido por dos adjuntos. Al presidente lo elegirían dos terceras partes del Congreso de los diputados entre magistrados del TS, con, al menos, veinte años de ejercicio en la carrera judicial y que no hubieran tenido vinculación con ningún partido político ni ostentado cargo representativo de carácter público. Su nombramiento duraría 6 años (ahora son cinco como los vocales), sin posibilidad de reelección (la ley orgánica actual contempla que pueda repetir una vez). A su vez, C's quería que los dos adjuntos fuesen elegidos por los jueces y magistrados en elecciones convocadas al efecto, con una duración de 3 años y también sin posibilidad de reelección (los vocales tampoco pueden serlo ahora).
La única reforma constitucional de calado en el acuerdo PP-C's es "reducir el número de senadores", pero no da cifra alguna
Frente a esta propuesta, el texto pactado entre PP y C's se ha limitado a impulsar que la mayoría de los vocales del CGPJ, esto es, los doce (de un total de 20) de procedencia judicial sean elegidos directamente por los jueces y magistrados y no por las Cortes. Pese a este cambio, el Congreso y el Senado seguirían eligiendo a los otros ocho vocales entre juristas de reconocida competencia, con lo que la politización del órgano continuaría. Además, se da la circunstancia de que el PP ya llevó esta propuesta en su programa electoral para las elecciones de 2011 (tras incumplirla, luego la ignoró para el 20D y el 26J). El pacto de El abrazo, en cambio, sí instaba a reducir "a la mitad" la composición del CGPJ (es decir, diez miembros) y "corregir sus funciones".
-Un Fiscal General del Estado independiente. El pacto entre PP y Ciudadanos no plantea ninguna modificación sustancial sobre el proceso de nombramiento, más allá de exigir "20 años de ejercicio profesional y capacidad e independencia acreditadas" (ahora son 15 años). En cambio, la reforma que C's lanzó en noviembre promovía que "una Comisión del Congreso valorará la idoneidad" de todos candidatos (siempre que cumplieran dichos requisitos) y seleccionará una terna de entre ellos por mayoría reforzada. Luego, el Gobierno elegiría el Fiscal General entre esa terna. En la actualidad, el Ejecutivo no es obligado a elegir entre ningún perfil y propone directamente a su candidato, que sólo acude a la Comisión de Justicia de la Cámara baja a exponer su candidatura y proyecto, un mero formalismo donde no se llega a votar su idoneidad. De ahí, que el acuerdo entre PSOE y C's quisiera revisar este trámite y plantear que la Comisión de Justicia "podrá rechazar de forma razonada la propuesta (de candidato) por una mayoría de 3/5".
-Refuerzo de la independencia del Consejo Fiscal y la Fiscalía Anticorrupción. Los pactos de investidura que Ciudadanos ha alcanzado este año con PSOE y PP no pasan de recoger el compromiso genérico de "reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal" para reforzar la "autonomía" y "eficacia" de la institución. No especifican ni el Consejo Fiscal ni la Fiscalía Anticorrupción.
-Supresión (o reducción) del Senado. La única reforma constitucional de calado que recoge el acuerdo de PP y C's es "apoyar la reducción sustancial del número de senadores", pero no da cifra alguna, ni siquiera aproximada. En cambio, el pacto entre Rivera y Sánchez fijaba una "composición máxima de 100 miembros" (ahora lo componen 266 senadores). En la propuesta que presentó en Cádiz, la formación naranja llegaba a sustituir el Senado por un "Consejo de Presidentes de las comunidades autónomas". Estos miembros dispondrían de un voto ponderado en función de la población de la respectiva comunidad. El Consejo sería competente para la aprobación, en segunda lectura, con el voto mayoritario de sus integrantes, de las leyes más directamente relacionadas con la organización territorial del Estado. El partido centrista se basaba en que, según el artículo 152 de la Constitución, a estos presidentes “corresponde la dirección del Consejo de Gobierno, la suprema representación de la respectiva comunidad y la ordinaria del Estado en aquélla”.
La formación naranja planteó antes del 20D sustituir el Senado por un "Consejo de Presidentes de las comunidades autónomas"
-Eliminación de las diputaciones provinciales. Fue una de las reivindicaciones 'estrella' del acto de C's en Cádiz. El acuerdo entre socialistas y centristas también llevaba tal supresión y además ofrecía una solución. Proponía la creación de "Consejos Provinciales de alcaldes" para la prestación de servicios en municipios de menos de 20.000 habitantes. El pacto con los populares sólo contempla una "racionalización" de los recursos destinados a estos entes, dentro de un plan de ahorro en toda la Administración.
-Una verdadera iniciativa legislativa popular. C's ha abogado siempre (también en su alianza con el PSOE) por reducir a 250.000 el número de firmas acreditadas para impulsa la iniciativa popular de presentación de proposiciones de Ley (iniciativa legislativa popular) en las Cortes. Para ello sería necesaria la reforma del artículo 87 de la Constitución que fija el número necesario en 500.000 firmas. Otra laguna en el texto entre populares y naranjas.
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