Todo un país tiene los ojos puestos sobre los siete jueces del Tribunal Supremo de los que depende la redacción de una sentencia histórica. Son seis varones y una mujer. Desde hace semanas apuran sus deliberaciones sobre la respuesta jurídica al desafío soberanista en Cataluña. El hermetismo caracteriza las reuniones y contactos que encaran ya su recta final mientras en el exterior se acumulan las especulaciones y muy pocas certezas.
Alrededor del Tribunal Supremo reina una tensa calma entre los abogados, fiscales y periodistas que de una forma u otra participaron en el juicio. Abundan estos días los mensajes y llamadas en busca de alguna pista sobre el rumbo de las deliberaciones. En esta película no se evitan los spoilers, más bien al contrario. El interés se ha trasladado a la calle. “¿Qué pasa con la sentencia?”. La pregunta se repite estos días desde los despachos del poder hasta las conversaciones de cafetería.
El interés por el fallo del Tribunal Supremo iguala o supera al del resultado electoral del 10 de noviembre. En parte porque lo que salga de las deliberaciones de los jueces influirá indudablemente en la campaña electoral. También desde el punto de vista de la seguridad. Ante la previsión de protestas en Cataluña, el Ministerio del Interior y los Mossos d’Esquadra han dispuesto un plan específico para mantener el orden público las próximas semanas.
Últimas deliberaciones
Según informan a Vozpópuli fuentes conocedoras de las deliberaciones, habrá condenas para los líderes independentistas actualmente en prisión. Los magistrados discuten en las últimas horas sobre la franja de penas a imponer en función de los márgenes que el código Penal establece para cada delito. Los acusados llevan casi dos años en prisión preventiva y si el tribunal que preside el juez Manuel Marchena tuviese previsión de absolverles, ya les habría dejado en libertad, incluso sin tener terminada la sentencia.
También habrían salido de la cárcel si los jueces tuviesen la previsión de imponerles penas inferiores o similares en duración al tiempo que ya llevan internos. Es por ello que se prevén condenas como para mantenerles en prisión preventiva y evitar así el riesgo de fuga. La Fiscalía sostiene que hubo rebelión, castigada con hasta 30 años de cárcel (artículo 472 del Código Penal). La Abogacía, en cambio, considera que hubo sedición, penado con hasta 15 años de cárcel (artículo 544).
El principal acusado es el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, para quien el Ministerio Público pide un total de 25 años. La Abogacía en cambio lo rebaja a 12 años de prisión. A lo largo de los cuatro meses de juicio en el Tribunal Supremo, el debate giró en torno a la consideración delictiva de los hechos. Desde una mera cuestión de desórdenes o desobediencia hasta organización criminal pasando por la rebelión o la sedición, las dos opciones más viables.
Conspiración para la rebelión
Sin embargo, expertos jurídicos incluyen una alternativa que nadie defendió en el juicio pero que está en la mano de los jueces. Se trata del delito de la conspiración para la rebelión. Se trata de una rebelión en grado de tentativa que salvaría parcialmente el relato defendido por la Fiscalía, aunque contemplaría penas más bajas.
El tribunal está presidido por Manuel Marchena, quien además ejercerá de ponente. Él también fue el encargado de redactar la sentencia que en marzo de 2015 condenó a los implicados en el asalto del Parlament catalán cuatro años antes en el marco de las protestas surgidas del 15-M.
"Paralizar el trabajo ordinario del órgano legislativo supone afectar no ya el derecho fundamental de participación política de los representantes políticos y, en general, de los ciudadanos catalanes, sino atacar los valores superiores del orden democrático", decía aquella sentencia. Enmendó además el criterio de la Audiencia Nacional, que había absuelto a los acusados.
La maniobra de Conde-Pumpido
El asalto al Parlament, pendiente de resolverse definitivamente en el Tribunal Constitucional, ha amagado recientemente con regresar como un boomerang sobre el juez Marchena. Según informó ABC, Cándido Conde-Pumpido, juez del Tribunal Constitucional y exfiscal general del Estado durante el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, maniobró para establecer una nueva doctrina sobre el uso de la violencia que abriese la puerta a absolver a los líderes independentistas en un futuro.
Conde-Pumpido será el ponente de la sentencia sobre el asalto al Parlament y -siempre según ABC- su intención era la de absolver a los condenados y sentar así doctrina en forma de precedente. Fuentes del Tribunal Constitucional informaron a Vozpópuli que Conde-Pumpido ha decidido en los últimos días frenar su ponencia para no perjudicar a Marchena.
El resto de jueces que acompañan a Marchena en las deliberaciones son Ana Ferrer, Antonio del Moral, Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Luciano Valera y Andrés Palomo. La media de edad de sus miembros es de 63 años, dos no están asociados a ninguna asociación, otros dos a la Asociación Profesional de la Magistratura (calificada de conservadora), dos más a Jueces y Juezas para la Democracia (considerada progresista) y el restante a la Asociación Judicial Francisco de Vitoria.
La fecha de la sentencia
“-¿Puedo ir a tomar un café sin riesgo? -Puedes hoy, mañana y hasta pasado, después no sé”. Este es un ejemplo de conversación de esta semana en el Tribunal Supremo donde todos tienen miedo de que la publicación del fallo les sorprenda fuera de sitio. La fecha exacta es a día de hoy también una incógnita, si bien las expectativas de que se conozca esta semana se desvanecen en favor de la semana que viene.
Los jueces siguen deliberando y uno de sus objetivos es mantener la unanimidad de todos sus miembros. Se desconoce si 'intramuros' de la discusión de los jueces llegan los ecos de la coyuntura exterior. Un ejemplo de los cálculos que se hacen fuera es la complicación de publicar la sentencia horas antes del desfile militar de las Fuerzas Armadas del sábado con motivo de la festividad del 12 de octubre. Ese evento exige cada año un importante esfuerzo de efectivos de seguridad. Muchos de ellos ya están concentrados en Cataluña ante la previsión de unas protestas que se antojan más multitudinarias durante el fin de semana.
Por otro lado, el destino ha hecho coincidir la semana que viene las jornadas de puertas abiertas en el Tribunal Supremo, concretamente el 17, 18 y 19 de octubre. Los jueces del procés se marcaron el día 16 como fecha límite. Pero no se trata de un plazo legal, sino más bien una referencia interna teniendo en cuenta que ese día habría que prorrogar la prisión provisional de los acusados Jordi Sànchez y Jordi Cuixart al cumplirse dos años desde su encarcelamiento.
Otra fecha clave en el calendario es el lunes, cuando está fijada en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la vista sobre la cuestión prejudicial elevada por el propio Marchena acerca de si Junqueras gozaría de inmunidad parlamentaria como eurodiputado y desde cuándo. En caso de que las instituciones europeas considerasen que el líder de ERC puede acudir a la Eurocámara, se abriría la posibilidad de que, al menos en su caso, hubiese que suspender la condena.
