Ciudadanos quiere que la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, acuda al Congreso a dar cuenta de su investigación al cártel de doce constructoras, entre las que se encuentran Acciona, ACS, OHL, Sacyr, Ferrovial y FCC, a las que ha impuesto una multa de 61,3 millones de euros.
Concretamente, según la solicitud de comparecencia, recogida por Europa Press, esta formación pide a Fernández que acuda a la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital "para que explique las evidencias que han llevado al supervisor a imponer una sanción de 61,3 millones y el bloqueo de acceso a nuevas concesiones públicas a empresas concesionarias de infraestructuras".
Todo ello tras conocerse la semana pasada esta multa impuesta por considerar probada la alteración de las licitaciones de servicios de conservación y explotación de carreteras convocadas por el Ministerio de Fomento desde 2014 a 2018, una infracción muy grave prohibida por el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y el 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Las empresas sancionadas por formar parte de este cártel son Acciona Mantenimiento y solidariamente su matriz Acciona; Aceinsa; Alvac; API y solidariamente su matriz ACS; Audeca y solidariamente su matriz Elecnor; Copasa; Elsamex; Elsan y solidariamente su matriz OHL; Ferroser y solidariamente su matriz Ferrovial; Innovia y solidariamente su matriz Copcisa; Matinsa y solidariamente su matriz FCC, y Sacyr Conservación y solidariamente su matriz Sacyr.
Competencia subraya que la "especial complejidad y nocividad del cártel" para el interés general han sido consideradas a título de agravante a la hora de establecer el importe de las multas.
Las filiales de ACS, FCC, Ferrovial y Sacyr, las más sancionadas
La sanción más abultada corresponde a API (ACS), con 11,78 millones de euros. La filial de FCC, Matinsa, ha sido multada con 8,5 millones, mientras que Ferroser (Ferrovial) ha sido sancionada con 5,7 millones. La multa a la filial de Sacyr alcanza los 5,17 millones, mientras que Elsan (OHL) ha sido sancionada con 3 millones; Acciona Mantenimiento con 2,33 millones, y Audeca (Elecnor), con 2,6 millones. Por su parte, la multa a Alvac asciende a 5,8 millones, la de Copasa alcanza los 5,6 millones, la de Elsamex supera los 4 millones y la de Innovia suma algo más de 3,3 millones. En el caso de Aceinsa, inicialmente sancionada con 3,2 millones, la empresa se ha acogido al Programa de Clemencia de la CNMC, por lo que no se le aplica la circunstancia agravante y se verá beneficiada de un descuento del 50% de la sanción impuesta (en total tendrá que abonar 1,6 millones), quedando exenta además de la aplicación de la prohibición de contratar con la Administración.
Respecto a la prohibición de contratar con las administraciones públicas, la CNMC ha decidido remitir a la Junta de Contratación del Estado la notificación de esta resolución a fin de que se inicie el procedimiento para determinar la duración y el alcance de dicha prohibición a las empresas multadas.
Más de 530 millones en adjudicaciones repartidas
Según Competencia, las empresas sancionadas participaban sistemáticamente en todas las licitaciones acordadas, restringiendo el número de ofertas con bajas superiores a un umbral predeterminado por el cártel que podían presentar.
Además, ha podido acreditar que el cártel operó entre febrero de 2014 y diciembre de 2018, aunque ha detectado conversaciones desde 2009. Las empresas participantes se adjudicaron 71 licitaciones de un total de 101 que sacó el Ministerio de Fomento relacionadas con la prestación de servicios de conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado. El importe total de las adjudicaciones a empresas del cártel superó los 530 millones, lo que supone el 63% del importe total adjudicado para los servicios de conservación de la Red de Carreteras del Estado.
El funcionamiento del cártel se desarrollaba a través de reuniones "para tomar café" donde las empresas que formaban parte del mismo establecían periódicamente los criterios de coordinación de las ofertas económicas a presentar en las licitaciones del ministerio para los servicios de conservación de carreteras del Estado.
Las constructoras dicen que la multa es "una barbaridad"
Por su parte, las grandes constructoras sancionadas ya han avanzado que recurrirán la resolución por vía judicial. Fuentes cercanas a las empresas han trasladado a Europa Press la intención de todas ellas de hacer uso de su potestad para recurrir por la vía de lo contencioso administrativo esta resolución, que consideran una "barbaridad" que solo se basa en "especulaciones" y que se salta el principio de presunción de inocencia. Las compañías rechazan haber formado parte de este cártel y ya están analizando el expediente en profundidad, con la previsión de recurrir, para lo que tienen ahora un plazo de dos meses, así como de acudir a la vía judicial para que un juez valore la realidad de los hechos.
Una de las últimas resoluciones de este tipo emitidas por Competencia fue anulada posteriormente por la Audiencia Nacional, en el caso de la sanción impuesta a Sacyr. El juez estimó que no había base para suponer la participación de la compañía en los hechos que se le imputaban. En ese caso, la multa fue incluso superior a la actual, de 15,2 millones para Sacyr y de un total de 98 millones para todas las compañías implicadas, en una operación de 2015 que la CNMC consideró uno de los "mayores y más complejos cárteles" detectados y una de las mayores multas impuestas hasta entonces.
Alegaciones
En el informe publicado por la CNMC en esta nueva ocasión, el organismo presidido por Cani Fernández incluye todas las alegaciones remitidas por las compañías involucradas, que alegan que su comportamiento no se ajustó al patrón de conducta denunciado. En aquellos casos en los que sí se cumple dicho patrón, las empresas alegan que ello puede justificarse a partir de explicaciones "razonables alternativas" a la existencia de una coordinación anticompetitiva.
No obstante, el organismo regulador concluye que las empresas no logran rebatir, mediante sus alegaciones, la existencia de un patrón de conducta, ni tampoco rebaten "el hecho de que sus conductas se ajusten en términos generales y durante el periodo de sus concretas imputaciones al mencionado patrón, sin perjuicio de que en ocasiones incurrieran en incumplimientos puntuales". "El estudio global y en profundidad de las conductas previamente analizadas, los documentos y correos encontrados en las inspecciones, las ofertas presentadas por las empresas incoadas y su comparación con las no incoadas, permite observar un patrón estable y continuado de contactos entre las empresas incoadas que confirma, con datos objetivos, la coordinación que se desprende de las pruebas antes descritas", añade.
Aceinsa reconoce su participación
Acciona, en concreto, alega que no existe prueba directa en el expediente que le incrimine y que los únicos elementos probatorios contra ella son su inclusión por parte del solicitante de clemencia en el listado de empresas que supuestamente formaron parte del acuerdo y los análisis de los contratos en los que ha participado.
Así, Aceinsa, que ha visto minorada en un 50% la multa por acogerse al programa de clemencia, sí ha reconocido su participación en el cártel entre los años 2014 a 2018. "La citada empresa ha reconocido su participación en las reuniones, en el diseño de las fórmulas para la coordinación de ofertas y la ejecución de ese plan común diseñado por las empresas", explica el informe.
