Una cincuentena de personas permanecen acampadas en la plaza del Ayuntamiento de Valencia para protestar por el elevado precio del alquiler de viviendas en la ciudad.
La manifestación del pasado sábado en la capital del Turia donde 15.000 personas recorrieron sus calles bajo el lema "Valencia se ahoga"–que finalizó frente a las Torres de Serranos– dio paso después a la acampada de dos deceanas de personas frente al Consistorio y cuyo número se ha incrementado hasta los aproximadamente 50 en las dos noches posteriores.
Ciudad tensionada
La petición de los manifestantes es que se declare Valencia como ciudad tensionada y en virtud de la Ley de Vivienda se pueda intervenir en el precio máximo de los alquileres como ya ha hecho Barcelona.
Ese no es el rumbo que la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha fijado en esta materia, ya que descarta adoptar medidas reguladoras del mercado y ha incidido en que sus esfuerzos se dirigirán a la construcción de viviendas públicas y a frenar la ocupación ilegal, así como al freno para los denominados apartamentos turísticos que proliferaron bajo el Gobierno municipal de Joan Ribó.
La hoja de ruta de Catalá es la misma que ha adoptado el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, quien ha mostrado su "comprensión" estos días con los manifestantes y su "empatía" por la difícil situación del mercado inmobiliario para la ciudadanía y cuyo encarecimiento apunta a los "8 años de Gobierno de Ximo Puig".
Continuarán en la plaza
Las personas que permanecen acampadas en la plaza del Ayuntamiento de Valencia deciden su permanencia al final de cada jornada y, por el momento, tienen intención de continuar con su protesta al no ser atendidas sus peticiones.
La Ley de Vivienda permite actuar en el precio del alquiler cuando "la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler más los gastos y suministros básicos supere el 30% de los ingresos" o también en aquellas zonas "donde el precio de compra o alquiler de la vivienda haya experimentado en cinco años un porcentaje de crecimiento acumulado al menos tres puntos porcentuales superior al IPC".
Hay varios distritos en Valencia que cumplen con esas características pero el actual Gobierno municipal no se plantea intervenir en el mercado por lo que esta situación se puede alargar en el tiempo.
La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, considera que la responsabilidad sobre la ocupación de la vía pública es del Ayuntamiento de Valencia por lo que no se ha planteado un desalojo de los manifestantes hasta que el Consistorio no tome alguna determinación.
Catalá ha confirmado que no va a pedir el desalojo de las personas acampadas en la plaza del Ayuntamiento y que tanto la Policía Local como la Policía Nacional velarán por que en la ciudad haya "orden y convivencia".
