El Gobierno valenciano que encabeza Carlos Mazón ha exigido a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que informe en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) sobre las entregas a cuenta que recibirá la Generalitat para poder elaborar con rigurosidad los Presupuestos de 2025.
La reclamación se ha hecho reiteradamente por carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y también en las reuniones mantenidas por el segundo y tercer escalón del Ministerio y la Generalitat (de carácter técnico).
La conformación de las cuentas autonómicas de 2024 se tuvo que elaborar a 'ciegas', ya que el CPFF no se celebró en julio por las elecciones generales que convocó Pedro Sánchez y las previsiones estatales no llegaron a tiempo para que el Ejecutivo de Mazón tuviera cifras de ingresos fiables.
Un CPFF decisivo
La convocatoria del CPFF para este mes de julio está "confirmada", según las fuentes del Ministerio de Hacienda consultadas por Vozpópuli, aunque aseguran que "aún no hay una fecha fijada".
La Generalitat Valenciana aspira en esa cumbre con las Comunidades Autónomas a que María Jesús Montero informe de las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómico (SFA) previstas para 2025 (a partir de enero).
Estas entregas se hacen de manera mensual y son clave para la confección de los Presupuestos de la Generalitat durante cada ejercicio, así como para afrontar la prestación de competencias autonómicas como la sanidad y la educación y el pago a los empleados públicos.
Los anticipos se hacen en relación a las previsiones del Gobierno sobre la recaudación de la tarifa autonómica del IRPF, el porcentaje cedido de IVA e Impuestos Especiales de Fabricación, así como la transferencia del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales y el Fondo de Suficiencia Global.
Otro asunto que Montero debería comunicar es cómo se van a efectuar los ingresos (plazos y porcentajes) de la actualización de las entregas a cuenta de este año (que se ha realizado recientemente con retraso por la prórroga de los PGE de 2023). Hablamos de 1.000 millones de euros más en el conjunto del año respecto al ejercicio anterior.
Ingreso en julio del 25
Es habitual también que el Gobierno de España informe en el CPFF de la previsión de liquidación del SFA que, en este caso, llega siempre con dos años de retraso.
La ministra debería llevar a la reunión del CPFF la información sobre la liquidación (desfase entre lo previsto y lo real) correspondiente al año 2023 y que siempre sale a devolver a las Comunidades Autónomas.
Ese ingreso de la cantidad resultante de la liquidación de hace dos ejercicios fiscales debe llegar en julio del próximo año y será una cifra relevante y vital para hacer previsiones en los Presupuestos de la Generalitat Valenciana a la hora de establecer los recursos con los que contará el Gobierno autonómico.
Senda de estabilidad
Las fuentes consultadas en el Ministerio no han confirmado si Montero ofrecerá en el CPFF a los consejeros de Hacienda el detalle sobre estos asuntos. Lo que sí llevará a esa reunión es el establecimiento de la senda de estabilidad que recoge los objetivos de déficit y deuda para los siguientes tres años, respetando siempre lo acordado con Bruselas.
El objetivo de déficit también es importante para conocer cuál es el margen de desviación presupuestaria que tendrá la Administración autonómica valenciana en los próximos ejercicios.
Aquí, la consellera de Hacienda valenciana, Ruth Merino, tendrá poca capacidad de presión -al igual que el resto de Autonomías-, ya que el objetivo lo marcará el Gobierno y, haya o no acuerdo, impondrá su visión al tener la mitad de los votos en el CPFF.
Financiación estancada
El tercer asunto que la Generalitat quiere que María Jesús Montero lleve entre su documentación es una propuesta firme del Gobierno para abordar la reforma del sistema de financiación autonómica.
La difícil coyuntura actual por la exigencia de Cataluña de tener una financiación singular y diferenciada del resto (tomando como ejemplo el cupo vasco y el concierto navarro) hará complicado llegar a un acuerdo.
Montero podría explorar las posibilidades de reformar el sistema esta legislatura sin perjudicar a ninguna Comunidad Autónoma pero parece algo inverosímil para un sistema que lleva caducado más de una década.
Esa reforma necesita el acuerdo de PP y PSOE (para reformar la LOFCA) en una legislatura enormemente crispada y con una gran frialdad institucional entre los Gobiernos autonómicos liderados por el PP y el Gobierno de España.
Condonación y fondo de nivelación
Sí parece que no habrá una oferta formal del Gobierno liderado por Pedro Sánchez para abordar una condonación de la deuda autonómica valenciana (el 78% es consecuencia directa de la infrafinanciación sufrida en las últimas décadas).
Tampoco consideran las citadas fuentes que el Gobierno asuma el pago de un fondo de nivelación que el Gobierno valenciano solicita para el periodo en el que todavía no se haya reformado el SFA.
La cifra demandada por la Generalitat es de 7.128 millones de euros en total para el conjunto de la legislatura, lo que de media supondría la percepción de 1.782 millones de euros al año.
La Generalitat Valenciana espera poder aumentar sus presupuestos y hacerlo sobre una base sólida de previsiones de las que el año anterior no dispuso. En el actual ejercicio, el presupuesto autonómico alcanza los 29.732 millones de euros –lo que supuso un incremento del 4,5% respecto a los de 2023–.
El 31 de octubre es la fecha tope para la elaboración de la Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat (la conocida como Ley de Acompañamiento de los Presupuestos) y el Ejecutivo de Mazón ya se ha puesto en marcha con el decreto que anunciaba el comienzo de su elaboración.
La única ventaja del Gobierno valenciano respecto a 2023 es que este año no habrá cambio de color político por lo que las cuentas autonómicas –en lo que se refiere a leyes y su correspondiente dotación presupuestaria– se puede ajustar mejor que en el ejercicio pasado, al menos, en los objetivos de las mismas.
