El Congreso de los Diputados ha aprobado, con la oposición de los grupos parlamentarios del PP y Vox, una Proposición No de Ley (PNL) presentada por Unidas Podemos en la que se insta al Gobierno a recuperar el sistema de jurisdicción universal y a ampliar la competencia de los tribunales españoles para perseguir delitos cometidos en otros países.
La propuesta, defendida este martes en la Comisión de Justicia del Congreso por Martina Velarde, ha obtenido 22 votos a favor y 14 en contra. Busca "reforzar la Justicia Universal" al retrotraer la norma al momento inmediatamente anterior a la reforma realizada por el PP en 2014, cuando derogó de facto el sistema que hasta ese momento había permitido la persecución y enjuiciamiento por parte de los tribunales españoles de delitos de genocidio, los delitos de lesa humanidad y los cometidos contra las personas y bienes en caso de conflicto armado, según ha recordado la diputada.
También ha recordado que la reforma de 2014 impuso que las causas en tramite quedaran sobreseídas hasta que no se acreditase el cumplimiento de los requisitos establecidos en ella, lo que supuso que casos graves de crímenes contra la humanidad, como los casos del cámara de Telecinco José Causo, los vuelos de la CIAD o Guantánamo, entre otros, quedaran archivados.
Acuerdo de Gobierno
En el acuerdo de gobierno que Unidas Podemos firmó con el PSOE se incluyó como medida regeneración democrática recuperar esa justicia universal, razón por la que los portavoces de algunos grupos, como Mikel Legarda (PNV) y María Jesús Moro (PP), han calificado la propuesta de sorprendente, ya que debería ser exigida por el partido morado a sus socios de gobierno.
La portavoz de Bildu, Bel Pozueta, ha manifestado su apoyo a la iniciativa con el fin de "garantizar iniciativas para impulsar la tutela judicial efectiva", mientras que durante su turno de palabra, Legarda ha recordado que la quiebra del principio universal no se produjo con la reforma del 2014, sino la reforma del PSOE de 2009 que introdujo los puntos de conexión con España necesarios para acreditar la legitimidad de la justicia española en esos casos. "¿Por qué se para en la reforma de 2014, porque no lo amplia a la reforma del 2019?", ha inquirido el parlamentario vasco a la diputada morada, si bien ha manifestado su apoyo a la propuesta.
Por su parte, Sara Giménez, de Ciudadanos, ha señalado que el principio de universalidad que preside la propuesta "choca con e principio de la realidad", dada la falta de recursos y medios de la justicia española, lo que puede generar frustración en estos casos; y ha defendido que lo que debe hacerse es "dotar a la justicia con medios materiales y humanos antes de exprimirla hasta el límite".
Josep Pagés, del Grupo Plural, ha señalado que "la justicia española tiene un problema con impunidad del franquismo y la monarquía", si bien pese a ello apoyarían la propuesta de Unidas Podemos, mientras que Carolina Telechea, de ERC, ha recordado que su partido se opuso a las dos reformas de esta jurisdicción y que, por el contrario reivindica "una república catalana que tenga jurisdicción universal".
"Sólo busca darle más trabajo"
Una de las posiciones en contra de estas reformas han sido argumentadas por el diputado José María Sánchez García, de Vox, que ha reprochado las manifestaciones de los grupos independentistas por no tener nada que ver con la reforma propuesta, que ha afirmado parece que "sólo busca darle más trabajo" al que fuera juez de la Audiencia Nacional inhabilitado por el Tribunal Supremo Baltasar Garzón.
"La jurisdicción universal en sentido absoluto es un problema, porque choca con jurisdicción de otros estados soberanos", ha defendido Sánchez García, que cree que "lo razonable es que España sea competente para perseguir esos delitos cuando lo dispongan así los tratados internacionales".
Igualmente se ha posicionado en contra de la vuelta de la jurisdicción universal María Jesús Moro, del PP, que ha pedido a los proponentes de la reforma que "antes de la justicia universal deberían respetar a la justicia española", en alusión a las reciente reformas que han sido cuestionadas por las autoridades europeas. Ha añadido que su grupo no es proclive "a una justicia 'urbi et orbi' y sin límites, al ser esta jurisdicción universal una excepción del principio de territorialidad".
Finalmente la diputada María Dolores Narváez, del PSOE, ha recordado que esta reforma está en el acuerdo de gobierno para contrarrestar la situación actual, "aprobada por el rodillo del PP".
