La Abogacía del Estado aprecia argumentos favorables para interponer el recurso de inconstitucionalidad contra la declaración de soberanía aprobada por el Parlamento de Cataluña el pasado 23 de enero, según ha explicado este viernes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que ha presidido la reunión del Consejo de Ministros ya que el presidente Rajoy se encuentra en Bruselas atendiendo al Consejo Europeo.
El Gobierno, a la vista del citado informe, ha acordado pedir al Consejo de Estado el "informe preceptivo" antes de adoptar la decisión de recurrir la citada declaración.
Según explicó Sáenz de Santamaría, para recurrir una decisión de esa naturaleza es necesario que sea una resolución de "contenido inconstitucional y que sea impugnable". La Abogacía del Estado concluye en su informe que "reconocer la soberanía del pueblo catalán, y su derecho a decidir por ser sujeto político, vulnera distintos artículos de la Constitución".
La vicepresidenta ha añadido que, "si la Soberanía reside en el pueblo español, la Soberanía es indivisible".
Al ser preguntada sobre la permanencia o no de la ministra Ana Matoal frente de la cartera de Sanidad, Santamaría ha pedido precaución y estar pendientes "a lo que señalan los tribunales" para no cometer juicios erróneos. Los jueces ya rechazaron abrir un procedimiento a Mato por los regalos. Asimismo, ha asegurado que "cada uno es responsable de la opinión que tiene", en referencia a las palabras de Esperanza Aguirre. "No me toca a mí valorarlo".
"Rajoy se comprometió a publicar su declaración de la renta esta semana y así lo hará, pero está ocupado con el Consejo Europeo"
Sobre la publicación de la declaración de la renta del presidente del Gobierno, ha asegurado que "se comprometió a hacerlo público esta semana y así lo hará", aunque ha recordado que "está muy ocupado en el Consejo Europeo".
Ley de la cadena alimentaria
El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley de la cadena alimentaria, con el que se pretende mejorar su funcionamiento y fijar con claridad los contratos entre compradores y suministradores.
El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete ha adelantado que esta norma, que contempla multas de entre 3.000 euros y un millón de euros a cualquier eslabón de la cadena alimentaria que cometa prácticas abusivas, recoge algunas mejoras respecto al anteproyecto, entre las que figuran la creación de la Agencia de información y control alimentarios o la introducción como infracción grave del incumplimiento de los plazos de pago de alimentos.
El proyecto también prevé la introdución de mecanismos de coordinación entre las Administraciones Públicas para garantizar la unidad de mercado.
Otro proyecto de ley complementario a este es el de la Integración del cooperativismo en España. "El sector actual está muy atomizado y no tiene apenas capacidad de decisión". Según el ministro, cada CCAA apoya a sus propias cooperativas y su funcionamiento no permitía fusionar cooperativas vecinas.
Impulso al Medio Ambiente
El Consejo de Ministros también ha aprobado el llamado plan PIMA Aire para reducir la emisión de gases mediante la renovación del parque de grandes vehículos comerciales que, como ya adelantó Rajoy a finales de enero, se ha dotado con 38 millones de euros.
Esta ley prohibirá prácticas comerciales como la modificación unilateral de los contratos y la exigencia de pagos comerciales no previstos, limitará el suministro de información comercial a la distribución y sancionará a los incumplidores. Según Cañete, en el caso de que se vulneren las regulaciones establecidas para las prácticas comerciales se prevé "un régimen de sanciones".
Sobre Aguirre: "Cada uno es responsable de sus opiniones, no me toca a mí entrar a valorarlas"
Regulará además el suministro de información comercial sensible que la industria tiene que dar a conocer a la distribución y prohibirá "el aprovechamiento de la iniciativa empresarial ajena mediante la utilización de envases y presentaciones de marcas o nombres comerciales de otro operador".
Libre circulación de antecedentes penales
En la reunión se dio el visto bueno asimismo a la trasposición de varias normas comunitarias en materia de justicia: una que permitirá intercambiar el registro de antecedentes penales entre distintos Estados; otra de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales penales y otra que ratifica el Tratado de Lisboa.
"Estas medidas permitirán reconocer y ejecutar de manera casi automática las órdenes de jueces de la UE", concluían.
