Guiado por la máxima de: fuera miserias y el que venga detrás que arree, el Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado un techo de gasto para el próximo ejercicio de 198.221 millones de euros. A partir de ahí, gravar, recaudar, racionar… pidiendo a las familias que se aprieten el cinturón. Habrá que ver si en los próximos Presupuestos el Ejecutivo se aplica la austeridad. Reducir el gasto público es cosa de gobernantes, economistas, fiscalistas… Al ciudadano común, mosqueado por tanto viaje en Falcon y tantos asesores, le queda el recurso de calcular con la cuenta de la vieja: las cuatro reglas, comparar y sacar conclusiones.

El capítulo del gasto que todo el mundo entiende y que desde la llegada de Sánchez a la Moncloa da mucho que hablar, es su ejército de asesores. Comparar, por ejemplo, el sueldo de uno de ellos con el de un investigador del CSIC o el de un grupo de asesores con el coste de plazas en residencias geriátricas, es solo un ejercicio de paciencia. Como también lo es comparar el coste/utilidad de una hora de vuelo del Falcon presidencial con el coste/utilidad de una hora de un avión contra incendios.

Con el dato de que los Presupuestos del Estado contemplan que el presidente tenga a su servicio casi 200 eventuales más que funcionarios (se acerca a los 400 cargos de confianza) se explica, por ejemplo, la supremacía retributiva de los asesores de Sánchez Pérez-Castejón sobre titulados superiores, muchas veces cargados de máster y postgrados, como son los investigadores del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) contratados por tiempo indefinido. 

Los retos inversores en I+D+i, las exigencias en ese terreno de los fondos Nex Generation, los discursos de liderazgo en energías renovables, etc., conviven con una realidad: cualquiera de los 383 asesores al servicio de Sánchez gana el doble que un investigador contratado indefinido del CSIC o un 66% más que los contratados de mayor categoría. O, lo que es lo mismo, con lo que se llevan la mitad de los asesores del inquilino de la Moncloa, el CSIC podría contratar casi 300 investigadores más.

De acuerdo con los últimos datos ofrecidos por la Intervención General del Estado sobre 2022, la retribución anual del personal eventual -denominación administrativa de los 803 asesores al servicio del Gobierno- se sitúa en torno a los 54.000 euros/año, aunque en estas líneas se hacen los cálculos con la cifra de 52.000, pues el sueldo varía según categoría y destino. Juntando las nóminas de todos los que asesoran a Sánchez se obtendrían casi 20 millones de euros, suficientes para acceder a 158 pisos de 70 m² de promoción VPO en Andalucía  o 178 en La Rioja o 142 en Cataluña.   

Las cuentas laxas en el complejo formado por la Presidencia de Pedro Sánchez y el Ministerio de la Presidencia y etcétera de Félix Bolaños, tienen otras derivadas. Sobresale por su frecuencia el uso de aeronaves del Ejército del Aire para los desplazamientos de corto, medio y largo recorrido del jefe del Ejecutivo, particularmente el Falcon 900. El coste para las arcas públicas del ir y venir de Sánchez en ese avión y en los helicópteros Super Puma del Escuadrón 202 es considerado secreto por el Gobierno.

Se ha podido determinar que una hora de vuelo del Falcon 900 sale por 5.300 €, sin aplicar el reciente incremento del combustible. Comparada esa cifra con los 4.168 €/hora (salarios de tripulación incluidos) que cuesta una hora de vuelo de avión contra incendios de carga media, se concluye que el gasto que hizo Sánchez con aeronaves militares para visitar incendios en tres días de julio, equivale al coste de 25 horas de un hidroavión apagando incendios en Extremadura.

La galaxia monclovita, con sus más de 700 empleados, ofrece singularidades presupuestarias susceptibles de racionalizar el gasto dadas la dudosa misión y  efectividad de, por ejemplo, las Unidades de Cohesión Territorial, de Comunicación con la Ciudadanía o de Mensaje, así como las Unidades para la Igualdad y las Libertades y para la Cohesión Social, con 32 funcionarios entre todas ellas, 24 de los cuales trabajan en la “comunicación con la ciudadanía”. Pero en el complejo gubernamental instalado a la salida de Madrid por la A-6, hay tres organismos peculiares, también con asesores, para situar el foco de coste y utilidad: la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de País a Largo Plazo, el Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil y el Alto Comisionado para España Nación Emprendedora.

Con las retribuciones de los altos cargos de esas tres criaturas administrativas de Sánchez más las de los asesores adscritos a ellas, resultan las comparaciones de la imagen inferior.

La Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de País a Largo Plazo (España 2050), de nombre rimbombante y nula actividad en 2022, languidece con su director (96.292,86€), 2 asesores y 4 funcionarios. El Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil ha generado veintidós documentos desde 2018, la mayoría considerados “Documento breve”, más algunas guías y Memorias que recogen datos y estudios del INE. Dispone de un Alto Comisionado (110.891,88 €), un director (96.292,86 €) y cinco empleados.

El Alto Comisionado para España Nación Emprendedora, presentado por Sánchez en febrero de 2021, ha desarrollado hasta la fecha estas actividades: Semana de la Educación Emprendedora (enero 2022), constitución de un Consejo Asesor de 35 miembros (marzo 2022), participación de Francisco Polo, Alto Comisionado, en el evento eMerge Americas, en Miami (abril 2022), participación de Polo en el South Summit, en Madrid (junio 2022), participación de Polo en el Digital Enterprise Show, de Málaga (junio 2022). Su Memoria Económica presenta un presupuesto superior a los 4.220 m € para 2021-2023 y en su plantilla cuenta con un Alto Comisionado (110.891,88€), un director (96.755,48€) y seis empleados, dos de ellos asesores.

De la información que obra en poder del Ministerio de Hacienda sobre la pléyade de asesores (personal eventual) y lo que perciben, se comprueba que el gasto en sus retribuciones está a corta distancia del correspondiente a los altos cargos de la Administración. Los primeros habían percibido hasta mayo de este año 26,03 millones de euros, frente a los 34,36 millones de los altos cargos. Aunque el boletín estadístico sobre personal de los ministerios utilice la denominación de eventuales, los listados de puestos de trabajo del Portal de Transparencia sí identifican a los asesores y vocales/asesores como tales.

La cifra citada de los 383 asesores del presidente del Gobierno no tiene parangón en términos proporcionales con las de los jefes de los ejecutivos regionales: desde los 4 de Díaz Ayuso a los 59 de Juanma Moreno, los 48 de Aragonés, los 17 de Ximo Puig, los 15 de Mañueco, etc. Tampoco es comparable a las cantidades de cargos de confianza contratados a dedo por sus ministros, aunque con estos últimos también caben unas equivalencias de coste/utilidad.

Destaca el dato de que la ministra María JesúsMontero (Hacienda) necesite 86 cargos de confianza teniendo 12.039 empleados públicos en su departamento o que su compañera Nadia Calviño (Economía y Transformación Digital) haya metido en su ministerio 74 asesores o que José Luis Escrivá (Inclusión, Seguridad Social, Migraciones), con 31.310 empleados públicos, haya contratado 28 asesores o que los 25 de Miquel Iceta (Cultura y Deporte) sean casi tantos como los componentes de la Orquesta y Coros Nacionales de España, dependiente de su departamento.

Los 22 ministros que rodean a Sánchez no solo comparten con él la discrecionalidad en el nombramiento de asesores, también privilegios como el uso de los famosos Falcon del Ejército del Aire. Así por ejemplo, con los 92.500 € que costó a todos los españoles el vuelo de Irene Montero y sus groupies a Estados Unidos, se pagan los salarios de 111 cuidadoras a domicilio (4h/jornada) durante un mes.

Un repaso pormenorizado a los beneficios sociales que se podrían derivar de una reducción del gasto en asesores del equipo gubernamental, arroja los resultados que figuran en el cuadro junto a estas líneas.

Caso especial es el de Isabel Rodríguez, titular de Política Territorial y portavoz del Ejecutivo. Esta ministra de sonrisa permanente dispone de 19 asesores en la sede ministerial y otros 107 repartidos por las Delegaciones del Gobierno en las CC.AA. Con los 2.860.000 € que suman los sueldos de los del Ministerio propiamente dicho más los de los instalados en las delegaciones con menos de 9 asesores, se pueden crear 84 plazas de profesores de Primaria en Aragón.

Aplicando sobre los delegados del Gobierno con mayor número de asesores la misma vara de medir coste/utilidad que a los ministros, pueden salir estas equivalencias:

Nombrar cargos de confianza al margen de los funcionarios también está al alcance de los secretarios de Estado, como es el caso de Lilith Verstrynge, nueva secretaria de Estado para Agenda 2030 en el Ministerio de su correligionaria Ione Belarra. Verstrynge dispone de tres asesores, además de 29 funcionarios adscritos a la denominada “Dirección General de Políticas Palanca para el cumplimiento de la Agenda 2030”. Juntando los 127.297 € del sueldo de la secretaria de Estado con las retribuciones de sus tres asesores, arroja un total de 283.297 euros, suficientes para pagar los salarios de 15 limpiadoras o 15 auxiliares ortopédicos o 15 celadores de quirófano en hospitales públicos de Galicia.

Las cifras aquí recogidas puede que se modifiquen en los Presupuestos Generales para 2023 que ahora se cocinan, pero hasta la fecha no hay indicios de que en los planes de Pedro Sánchez figure una reducción del gasto por la vía de los asesores propios o de sus ministros. Un ejército de 803 eventuales, 383 de ellos asesorando al presidente, están a la espera. Algunas necesidades básicas del estado de bienestar, también esperan.

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