La Policía Nacional ha desarticulado una banda que se dedicaba a simular delitos de violencia de género como treta para regularizar mujeres de origen extranjero. Los agentes han practicado detenciones en varios municipios costeros de Granada y Almería, en concreto cuatro mujeres y tres hombres de nacionalidad marroquí a los que se les imputa la autoría de los delitos de acusación y denuncia falsa, simulación de delito, favorecimiento de la inmigración ilegal y pertenencia a organización criminal tras haber simulado episodios de violencia de género para así conseguir permisos de residencia para las mujeres supuestas víctimas de estos hechos.
La organización se encargaba de buscar tanto a posibles beneficiarias como a potenciales agresores entre la comunidad marroquí en situación irregular, según detalla en una nota la propia Policía.
La investigación, bautizada como 'Operación Casamenteros', se inició tras recibirse una denuncia en los Juzgados de Motril, de un hombre marroquí al que habían prometido, y no pagado, la cantidad de 3.000 euros por protagonizar una falsa agresión física en público hacía una mujer también marroquí, situación que había dado origen a un procedimiento penal por violencia de género, en el que él había resultado condenado con su conformidad y, tras haber simulado ambos en un juicio rápido la existencia de una relación afectiva inexistente.
De forma paralela la UFAM de la Comisaría de Motril comenzó la investigación de una serie de casos de violencia de género entre ciudadanos marroquíes que compartían una serie de patrones comunes.
La exhaustiva investigación realizada confirmó la existencia de una organización criminal integrada por extranjeros de origen marroquí, asentada en los términos municipales de Gualchos (Granada) y El Ejido (Almería), que compatibilizaban su actividad como jornaleros agrícolas con la captación de mujeres marroquíes, que estuvieran dispuestas a obtener ilegalmente residencia en España como falsas víctimas de violencia de género, para lo cual debían afrontar el pago de entre 4.000 y 6.000 euros a la organización.
Dicha organización también se encargaba de captar a hombres del mismo origen dispuestos a asumir, previo cobro de entre 500 y 1.000 euros, una condena judicial como autores de violencia de género contra su supuesta pareja, debiendo protagonizar una agresión física en un local público.
Durante la investigación se llevaron a cabo dos registros domiciliarios, en los que se intervinieron dinero en efectivo producto de la actividad ilícita de los miembros de la organización criminal y documentación, así como numerosos resguardos de envíos de dinero a Marruecos, que demostrarían pagos a la organización y distracción de los beneficios económicos obtenidos.
Como consecuencia de este trabajo ha aflorado la regularización ilegal de al menos diez mujeres marroquíes, que habían denunciado ser víctimas de violencia de género, además de otras tantas condenas a hombres de la misma nacionalidad, como falsas parejas, por violencia de género, cuyas sentencias dictadas en conformidad han otorgado ilegalmente derecho de residencia a favor de ellas. No obstante, dichas residencias serán extinguidas.
